El conflicto con Argentina

Después de más de 50 años sin conflictos relevantes con Argentina, inesperadamente la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos dio origen a diferencias y controversias entre los gobiernos de Uruguay y Argentina. Las decisiones sobre la instalación de la planta de Botnia se tomaron en anteriores gobiernos uruguayos. El gobierno de Tabaré Vázquez ratificó lo actuado e inició procesos de diálogo con el gobierno argentino para realizar estudios conjuntos sobre las eventuales consecuencias medioambientales, para efectivizar monitoreos conjuntos y para encontrar acuerdos que dejaran satisfechos a ambos países. Los acuerdos bilaterales, lamentablemente, no se concretaron, y Argentina tomó la decisión de recurrir al Tribunal Internacional de La Haya para dirimir las diferencias, lo que está previsto en el Estatuto del Río Uruguay. Para Argentina el centro del debate es la localización de la planta de Botnia y la violación de dicho estatuto. El reclamo de los ambientalistas de Gualeguaychú cortando los puentes fronterizos ­en especial el del Fray Bentos-Puerto Unzué­ agravó el conflicto y fue una de las demandas centrales del gobierno de nuestro país por las consecuencias negativas sobre el transporte de mercancías y pasajeros y por sus efectos sobre el turismo proveniente de Argentina. Cuando el conflicto se trasladó al Tribunal de La Haya dejó de ser bilateral, aunque el país vecino no lo reconozca. Los esfuerzos explícitos e implícitos de varios países de la región por resolver la controversia se encontraron con una valla insalvable: la negativa del gobierno argentino. Incluso, resoluciones del Tribunal de Controversias del Mercosur condenando el corte de los puentes sobre el río Uruguay nunca fueron acatadas por el gobierno argentino. A la espera de las resoluciones del Tribunal de la Haya, Argentina solicitó la mediación del rey Juan Carlos de España. Insiste en la relocalización de Botnia después de haber obtenido la de Ence anunciada desde la Casa Rosada, y Uruguay solicita la libertad de tránsito en los puentes ubicados sobre el río Uruguay.

No hay ningún estudio serio que determine que la planta de Botnia contaminará el río Uruguay y pueda afectar la salud de argentinos y uruguayos. Los estudios existentes no muestran elementos de contaminación relevantes. Sin embargo, debe quedar absolutamente claro que si a partir de la instalación de la planta de celulosa se demuestra que sus efectos contaminantes son superiores a las normas más exigentes en el campo internacional, el gobierno de Uruguay no puede permitir la continuación de dicho proceso productivo por la salud de uruguayos y argentinos. Si contamina, Botnia deberá cerrar. Argentina, país grande, nunca reconoció los efectos económicos negativos del corte de los puentes en un país chico como Uruguay, muy dependiente del turismo proveniente de ese país. El corte de puentes no tiene prácticamente ningún efecto económico negativo sobre el país vecino. Los ambientalistas de Gualeguaychú expresan sus razones fundadas o no fundadas. Nadie quiere afectar el medio ambiente. Pero, a través de los cortes de rutas, los ambientalistas encontraron eco en los medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que, sin duda, no habrían conseguido si sus esfuerzos se hubieran centrado sobre las papeleras ubicadas en el río Paraná o en el Riachuelo de Buenos Aires. La novedad la constituyó el apoyo político y financiero que recibieron del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Entre Ríos. En consecuencia, la responsabilidad del gobierno argentino sobre los cortes de ruta en los puentes es innegable, no merece ningún tipo de controversias. Los medios de comunicación también ayudan a profundizar las diferencias porque para ellos la noticia son las diferencias, las controversias, las crisis. Yo soy crítico de la objetividad de los medios y en esta oportunidad, especialmente, sentí la desinformación y tergiversación de muchos medios argentinos.

Cuando la planta de Botnia cumplió con todos los requisitos técnicos para ser autorizada a funcionar, el gobierno de Uruguay buscó minimizar el conflicto político con Argentina. No se concretó la autorización de la planta antes de las elecciones nacionales en ese país y se aceptó la sugerencia del canciller de España para que se pospusiera hasta la Cumbre de Santiago de Chile. Los gestos del gobierno uruguayo no influyeron sobre la posición del gobierno argentino durante la cumbre. Hubo dificultades por parte de ese país para concretar una reunión previa de carácter técnico solicitada por España. La reunión entre los cancilleres no generó acuerdos y Argentina no aceptó un encuentro entre los presidentes de ambos países con el rey Juan Carlos. Además, Kirchner volvió a darle su apoyo a los ambientalistas de Gualeguaychú. En este contexto, el presidente Vázquez tomó la decisión de autorizar el funcionamiento de la planta de Botnia porque ya nada se podía esperar de algún tipo de acuerdo con Argentina durante la Cumbre. Lo hizo por un problema de dignidad. No existía ningún problema interno que justificara esta decisión, como lo plantea el jefe del gabinete argentino. En realidad fue el gobierno de ese país el cual, frente al conflicto con Uruguay, priorizó siempre sus problemas internos.

El tema central es cómo resolver esta situación, este conflicto. Si se demuestra que Botnia contamina más allá de las máximas exigencias internacionales, perderá la autorización para funcionar. Si Botnia no contamina hay que esperar las resoluciones del Tribunal de La Haya. Pero, cualesquiera sean sus pronunciamientos, es absolutamente imprescindible un acuerdo entre Uruguay y Argentina por su historia, por sus vinculaciones económicas, por sus relaciones culturales, porque se trata de dos pueblos hermanos y de dos gobiernos con cercanía ideológica. Esto es fundamental para Uruguay ya que vale el dicho popular de que «cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría». Pero sobre todo es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, que pasa por el futuro de la integración latinoamericana. En el siglo XXI existe globalización, hay ciertas hegemonías de Estados Unidos, hay bloques económicos en el mundo desarrollado. El peso político es muy relevante en las relaciones internacionales. El poder de negociación de América Latina pasa por la unidad de acciones políticas, de propuestas comunes, por la existencia de un bloque regional con capacidad de alianzas extrarregionales para temas específicos. Los conflictos fronterizos en la región no ayudan a la conformación de este bloque. Tampoco ayuda esta controversia entre Uruguay y Argentina. La integración energética tiene un enorme potencial para la región y eso requiere de acuerdos políticos. El libre juego del mercado no lo resuelve. La integración regional en materia de infraestructura deriva de acuerdos políticos y no del libre juego del mercado. La integración productiva y la complementariedad productiva son elementos centrales para resolver las asimetrías entre los distintos países de la región. El libre juego del mercado tampoco lo resuelve. Los acuerdos políticos son imprescindibles. La actual controversia entre Argentina y Uruguay no puede comprometer el futuro de la región. Por ello es indispensable recomponer el diálogo entre ambos gobiernos. Seguramente habrá que esperar la asunción de la nueva presidenta de Argentina, pero Uruguay deberá maximizar sus esfuerzos para encontrar un acuerdo bilateral que, manteniendo la dignidad y la soberanía, pueda satisfacer los reclamos y las demandas de ambos pueblos y de ambos gobiernos. *

(*) Senador por el Espacio 609/Frente Amplio