A tres años del primer triunfo nacional

Escrito por: ANTONIO ELIAS (*)

Domingo 04 de noviembre de 2007 | 3:59
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El 31 de octubre de 2004 el Frente Amplio alcanzó el gobierno nacional en el marco de una amplia alianza. El FA –uno de los agrupamientos políticos de izquierda más antiguos de los que hoy gobiernan en América Latina– es parte del proceso de unidad, sindical y política, que se desarrolla en nuestro país desde hace cuatro decenios.

El triunfo electoral no es reflejo del crecimiento de las posiciones ideológicas de izquierda, sino que es resultado de un desdibujamiento programático del FA, con un corrimiento hacia el centro del espectro político, que recogió adhesiones electorales en el marco del debilitamiento del “sentido común neoliberal”. No hubo alianzas electorales con partidos de derecha, pero sí se incorporaron dirigentes identificados con esas posiciones.

UNO. La historia del Frente Amplio es la de una izquierda con un modelo organizativo de la diversidad política –eficaz para resistir la represión, avanzar en procesos electorales y gobernar– que perdura hace 36 años en muy distintas circunstancias y coyunturas políticas. Muchos han prestado atención primordial a los mecanismos organizativos –formas de representación interna, métodos para tomar decisiones, procedimientos para definir sus candidatos a cargos públicos– que permiten unidad de acción y al tiempo que preservan la identidad de cada integrante. Esta es sin duda una experiencia acumulada muy valiosa donde adquieren particular importancia los comités de base.

Sin embargo, lo que ha hecho perdurar al FA no es sólo, ni principalmente, una “ingeniería” de organización política, sino su ingeniería a partir de definiciones políticas, voluntad de lucha, y centralidad de la ética en la construcción de una pertenencia común.

El 5 de febrero de 1971, el Frente Amplio nace como una organización política que, mayoritariamente, se plantea trascender los aspectos puramente electorales. Decía en 1972 el General (r) Líber Seregni: “La razón de ser, el porqué y el para qué de nuestro Frente Amplio están en realizar una tarea histórica fundamental: cumplir el proceso revolucionario de nuestro país. En transformar las viejas estructuras económicas, políticas y sociales hoy caducas y crear las nuevas que corresponden a la instancia que nuestro pueblo debe vivir. Y es sí, un verdadero, un auténtico proceso revolucionario, porque el que nuestro Frente se propone es no sólo el cambio profundo de las estructuras, sino la sustitución de las clases en el poder. Desplazar del poder a la oligarquía y llevar el pueblo a gobernar” (1)

La unidad política se concretó en momentos de intensas luchas populares contra una reestructuración capitalista que implicaba el desmantelamiento del Estado de bienestar construido desde la primera década del siglo XX –bajo el impulso del presidente José Batlle y Ordóñez– que completó sus conquistas hacia mediados del siglo pasado.

Desde 1968, con Pacheco en el gobierno, las clases dominantes y sus partidos fueron agudizando las medidas represivas que son el prolegómeno del golpe militar. La unidad política de la izquierda era expresión de un proyecto histórico y una estrategia de acumulación de fuerzas del movimiento popular que se forjó desde la década de los cincuenta, en la que destacan la unidad obrero-estudiantil en torno a la Reforma Universitaria (1958), el Congreso del Pueblo (1965), la concreción de la unidad del movimiento sindical en la Convención Nacional de Trabajadores (1966), proceso iniciado en 1964.

El programa de liberación nacional, antiimperialista y antioligárquico aprobado en el Congreso del Pueblo, que incluía entre sus principales medidas la ruptura con el FMI, la reforma agraria y la nacionalización del comercio exterior y la banca, fue adoptado como propio por la CNT y con pequeñas variantes por el Frente Amplio.

En noviembre de 1971 el FA participó en las elecciones nacionales, obteniendo un 18 por ciento de los votos (mayor que la previa votación, sumada, de todos los partidos de izquierda). Dos años después de su fundación, ocurrió el golpe de Estado. En los siguientes 12 años de su existencia, bajo dictadura, tuvo a sus principales dirigentes en la cárcel (Líber Seregni por casi 10 años), asesinados, en el exilio o la clandestinidad, y sus partidos más grandes ilegalizados.

DOS. Todavía con miles de sus militantes presos, en el exilio o proscritos, el FA participó con el registro de uno de sus partidos no ilegalizados en la elección restringida de “transición”, de noviembre de 1984, en la que obtuvo 21 por ciento de los votos, mayor que el de 1971. Esto pudo ocurrir precisamente porque no era una coalición con fines electorales, sino una organización con definiciones de cambio profundas, con una poderosa fortaleza ética que le permitió resistir, luchar y avanzar.

En las elecciones de noviembre de 1989, el FA mantuvo su peso en el ámbito nacional y conquistó Montevideo, a pesar de que ese mismo año se habían escindido los partidos por el Gobierno del Pueblo y Demócrata Cristiano, que sostenían posiciones ideológicas y programáticas contrarias a las que sostenía el FA.

A inicios de los 90 coinciden: el primer gobierno del FA en la capital; una intensa movilización popular contra las políticas neoliberales del doctor Luis Alberto Lacalle, que logra, con el referéndum de 1992, derogar artículos de la ley de privatizaciones; y en ese mismo año se produce la ruptura del Partido Comunista –el de mayor peso orgánico en el FA– en el contexto de la crisis del “socialismo real”. Estos tres fenómenos tendrán gran incidencia en las definiciones políticas del Frente Amplio y en su vida orgánica, en el contexto de una ofensiva ideológica neoliberal que influyó en la intelectualidad, el mundo académico y en sectores de izquierda.

El FA demuestra –con una experiencia democratizadora y participativa, parcialmente frustrada, y con una gestión relativamente eficiente– que puede y sabe gobernar, lo que potencia sus posibilidades de alcanzar el gobierno nacional para revertir la ofensiva neoliberal. En esa dirección se desarrolló una política de alianzas buscando las “mayorías para los cambios”, que se concreta en 1994 bajo la denominación Encuentro Progresista (EP). En los comicios de ese año obtiene el 30,6 por ciento de la votación, en una relación de paridad en tercios con los partidos Nacional y Colorado, apenas insuficiente para alcanzar el triunfo por mayoría relativa.

En 1996, la derecha promueve una reforma electoral para bloquear un posible triunfo de la izquierda por mayoría relativa, introduciendo el requisito de mayoría absoluta y doble vuelta electoral (balotaje).

En las elecciones de 1999, en la segunda vuelta, el FA-EP pierde con 44,5 por ciento de los votos ante Jorge Batlle, prominente representante de la derecha colorada, que es apoyado por el Partido Nacional. La histórica oposición partidaria entre blancos y colorados fue superada para derrotar a los candidatos del FA-EP.

El Frente Amplio seguirá buscando ampliar las alianzas políticas. En su IV Congreso (2001) plantea “el acuerdo social por el desarrollo humano y el crecimiento económico”, una formulación muy alejada de las que dieron vida a la unidad de izquierda en 1971. En abril de 2004, conforma la Nueva Mayoría, en un acuerdo con el Nuevo Espacio.

El objetivo electoral ocupa una importancia cada vez mayor en las definiciones políticas del FA, y aumenta el predominio de su condición de coalición sobre la de movimiento. La política de alianzas induce a la centralización de las decisiones en la negociación entre partidos, dentro y fuera del FA; y a una menor intervención de las bases en las definiciones programáticas y en la práctica política, que fue morigerándose para acercar a sectores políticos más moderados .

TRES. El gobierno del Frente Amplio, cumplida ya la mitad de su gestión, se caracteriza por la existencia de avances y retrocesos. Entre los primeros, se ubican una mejora sustanci
al en los derechos de los trabajadores, la detención y procesamiento de terroristas de Estado y el desarrollo de políticas sociales que favorecieron la reducción de la indigencia y la pobreza. Entre los segundos, un programa económico sin estrategia de desarrollo autónomo y democratizador, que como tal tiene el ineludible corolario de no habilitar la participación popular y de limitar los avances de las políticas sociales.

Este rumbo del gobierno no es solamente producto de la correlación de fuerzas interna; depende, también de las circunstancias y condiciones de sus socios en el Mercosur; enmarcado todo ello en la ofensiva de los Estados Unidos para que Uruguay juegue un papel contrario a la integración regional y la unidad latinoamericana. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU) 
(1) Discurso del 18-07-1972, en Germán Wettstein, La autoridad del Pueblo, México, Mex-Sur  Editorial, 1982, p. 131

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