Vecinos del arroyo Pando reclaman no pagar más peajes

Tommy Ipes vive a 50 metros del peaje ubicado en la ruta Interbalnearia a la altura del arroyo Pando. El y su señora trabajan en Montevideo, y deben cruzar el peaje más de una vez por día.

Media cuadra los obliga a comprar abonos de 50 pasadas que les duran 20 días. Tienen un 80% de bonificación debido a su cercanía del peaje, pero no les es suficiente. Por ello, reclaman que se establezca una escala de exoneraciones que parta de cero y aumente de acuerdo a la lejanía del peaje.

El sentimiento de la familia Ipes es compartido por los vecinos de la zona. «Tenemos que pagar peaje para salir de nuestra casa», dijo Carlos Bértola, que vive a «cuatro cuadras cortas» del odiado peaje. «Es muy injusto, sobre todo para los que estamos al lado», remató.

Hugo Carretto, otro habitante del lugar, va aún más lejos: «Lo sentimos como una agresión. En mi opinión, los peajes deben estar en una carretera con un nivel de servicio excepcional, como la autopista del Sol, en Italia. Acá, somos rehenes del lugar que nos tocó vivir».

 

Como en San José y Paysandú

Alegan que en dos peajes del país se ha exonerado totalmente del pago a los vecinos inmediatos. La primera exoneración se decretó en 1986 para los residentes permanentes de las inmediaciones de la Ruta 1 sobre la margen derecha del río Santa Lucía, entre los kilómetros 23,450 y 32.

Luego, en 1998, se otorgó la exoneración a los vehículos de los residentes dentro de un radio de cinco kilómetros del kilómetro 69 de la Ruta 11, en Canelones. En 2001, luego de que este puesto de recaudación de peaje se desplazara al kilómetro 81, la decisión en lo que atañe a las exoneraciones se mantuvo.

Por otra parte, el año pasado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció un decreto similar para el peaje ubicado en la Ruta 3, km 392, en el departamento de Paysandú. De acuerdo al decreto 168/006, se exonerará en forma total del pago del peaje a «los vehículos propiedad de personas físicas o jurídicas residentes permanentes en el departamento de Paysandú». Según el decreto, esta exoneración se debe a la constatación de «dificultades y distorsiones en la comunicación socioeconómica de los habitantes del departamento de Paysandú».

 

La igualdad como fundamento

«Nuestro caso es el mismo, explica Ipes. Creen que en un balneario tenemos plata para gastar, pero yo pago 9 pesos por cruzar el peaje, incluso si quiero usar una ruta municipal por la que pago impuestos».

En un escrito enviado al MTOP, Ipes señala que se le ha dicho que su zona es «balnearia y bacana».

«Invito a los que así lo consideren a venir a ver los carritos, los asentamientos (…). También muchos de los residentes son personas que no pueden pagar alquiler en Montevideo y se vinieron al «ranchito» del balneario con la intención de abaratar costos. (…) Aparentemente, igual para el MTOP somos clase A y debemos pagar por lo que otros no pagan en idéntica situación», indica el vecino de Neptunia en su alegato.

Desde el punto de vista legal, la familia Ipes argumenta que las diferencias que se establecen entre ellos y la población sanducera y maragata viola el artículo 8 de la Constitución, que establece la igualdad.

«La Constitución marca que todos somos iguales ante la Ley. Si esta exoneración ha sido posible en San José y Paysandú, también debería decretarse en nuestro caso».

El resto de los vecinos de la zona coinciden. El MTOP, mientras tanto, justifica los distintos tratamientos en diferencias de contrato (ver recuadro). Según Ipes, «el contrato lo pudieron modificar sin problemas cuando pasaron a cobrar retorno, en el año 2003″.

La gran esperanza de los habitantes del arroyo Pando es la caída del contrato vigente con Consorcio del Este. Los Ipes aseguran que, en caso de que sus reclamos no sean escuchados, podrá plantearse la posibilidad de un juicio, en un futuro. El resto de los vecinos admite que, aunque hoy no están movilizados, no descartan otras acciones. *