Una evaluación del proceso uruguayo

El 27 y 28 de setiembre se realizó en Santiago de Chile el seminario sobre «Políticas para el desarrollo inclusivo y la cohesión social». Durante el mismo, el senador Carlos Ominami, del Partido Socialista de Chile, expresó que el gobierno de la Concertación –que lleva 17 años desde su asunción– aprobó el examen con los organismos financieros internacionales, aprobó el examen ante los empresarios y que ahora tenía la etapa más difícil de salvar el examen frente a la sociedad chilena. En dicha reunión, se notaba el gran esfuerzo del gobierno de Chile, encabezado por la doctora Michelle Bachelet, por atender los problemas sociales. Se da la extraordinaria paradoja de un sostenido crecimiento económico con altos precios internacionales de los minerales de exportación, con un superávit fiscal de casi 8% del PBI, junto con manifestaciones y protestas de distintos sectores sociales.

Después de dos años y medio de gobierno de la izquierda uruguaya podríamos plantearnos una primera evaluación con respecto a los planteos del senador Ominami, partiendo de las diferencias entre Uruguay y Chile y entre ambas izquierdas. Para el caso de Uruguay, se intentan dar los tres exámenes en forma simultánea y no en etapas sucesivas. La relación con la sociedad la analizaremos en una próxima nota. Con respecto a las relaciones con los organismos financieros internacionales, podríamos afirmar que se ha hecho buena letra con los mismos y que, en consecuencia, las relaciones son muy buenas. Varios factores influyeron para arribar a esta conclusión. De entrada, en abril del año 2005 el gobierno uruguayo suscribió un clásico y tradicional acuerdo stand by con el FMI donde se fijaban metas de superávit primario para asegurar el pago de los intereses de la deuda en moneda extranjera y una política de corto plazo que le diera suficientes garantías para acceder al mercado financiero internacional. No faltaba en dicho acuerdo la necesidad de avanzar hacia la autonomía del Banco Central. En el año 2004 el país creció al 12% anual y, al influjo de los altos precios internacionales de los principales productos de exportación, en 2005 se alcanzó un crecimiento de 6,6% que facilitó un aumento de la recaudación de ingresos del Estado y permitió cumplir con la meta de superávit primario. El extraordinario aumento de los precios internacionales de los productos de exportación en los distintos países de la región permitió un importante aumento de las reservas internacionales lo que facilitó que tanto Argentina como Brasil pudieran prescindir de acuerdos con el FMI adelantando el pago de la deuda con dicho organismo. Tener autonomía con respecto al FMI pasó a ser una especie de vedette de los gobiernos progresistas de la región. A ello se sumó una baja tasa de interés en el mercado financiero internacional, lo que facilitó la colocación de títulos emitidos por países emergentes.

Uruguay aprovechó esta situación para ingresar nuevamente al mercado financiero internacional colocando bonos de deuda externa, con lo cual alargó los plazos de amortización de su elevada deuda. Este nuevo financiamiento externo le permitió cancelar la deuda con el FMI, rescindir el acuerdo stand by con dicho organismo e intentar alcanzar mayores rasgos de autonomía. No hay acuerdo firmado pero hay buenas relaciones. La opinión del FMI sigue siendo importante para un país con alto endeudamiento externo. La política fiscal presentó características similares al priorizar el superávit primario para asegurar el pago de los intereses de la deuda en moneda extranjera. Pero, a su vez, el crecimiento económico y la mayor recaudación facilitaron aumentos de gastos sociales. A ello se agrega una reforma tributaria que instaura el impuesto a la renta de las personas físicas con una buena evaluación del FMI. La política fiscal muestra rasgos de ortodoxia y de heterodoxia. En cambio, la política monetaria y cambiaria mantienen los principales rasgos de la ortodoxia del FMI. Con el objetivo de atender la estabilización de precios se intentó una restricción de la oferta monetaria, que tiene limitaciones en un mercado financiero local muy dolarizado. Se pasó a actuar sobre la tasa de interés call en una plaza con bajos niveles de crédito, por lo que es difícil que estas medidas puedan alcanzar los objetivos deseados, como ya lo demostramos en la nota de la semana pasada. Las restricciones monetarias tienen efectos negativos sobre el tipo de cambio y se vuelve a la apreciación de la moneda nacional como nueva forma de atraso cambiario. Esto afecta a los exportadores -especialmente a quienes no cuentan con precios internacionales altos o tienen un uso intensivo de mano de obra- y a la producción nacional que tiene dificultades de competir con productos importados baratos por el descenso del tipo de cambio. El único modelo que conocemos que avanzó con fuertes apreciaciones de su moneda nacional es el japonés, sustentado en un proceso de avances tecnológicos y de innovaciones, junto a aumentos moderados de salarios que mostró importantes éxitos. No es el caso actual de China ni de Corea del Sur que han utilizado la devaluación de sus monedas para dinamizar su inserción económica internacional, con rubros de media y alta tecnología. No es casual que EEUU y la Unión Europea le soliciten permanentemente a China la apreciación de su moneda para intentar cierto grado de equilibrio en sus balanzas comerciales con dicho país. La apreciación del euro con respecto al dólar tiene otras características. La mayor parte de las exportaciones de los países integrantes de la Unión Europea se realizan en euros porque se destinan a países de la propia Unión Europea. Por otro lado, una parte de lo que exportan fuera del área se basa en calidad y en marcas -como los perfumes franceses o los Mercedes Benz alemanes- que no tienen competencia de precios. La apreciación de la moneda nacional termina afectando a las exportaciones con mayor valor agregado, con mayor empleo y contenido tecnológico, que es la máxima aspiración del mediano plazo. En esencia, en la actualidad la moneda nacional está apreciada con respecto al dólar en más del 20% tomando la capacidad de competencia con dicho país con base en el año 1990. Insistimos: no hay problema de competitividad con Brasil ni con Europa, pero sí con Argentina y con EEUU. La ortodoxia fondomonetarista sigue estando presente en la política monetaria y cambiaria del Banco Central que, en el futuro, podrá tener consecuencias negativas.

La historia de Uruguay muestra que los atrasos cambiarios prolongados terminan en crisis financieras con sus consecuencias productivas y sociales.

La relación con los empresarios muestra diversas facetas. El Presidente de la República y el equipo económico se ganaron la confianza y la credibilidad de los agentes económicos. Hay diversas instancias de diálogo y sería muy positivo avanzar hacia amplios acuerdos sociales. Existen algunas dificultades con determinados sectores empresariales que no aceptan un mayor equilibrio de fuerzas en la relación capital-trabajo, elemento central de la democracia y del programa del Frente Amplio. El retiro de los empresarios de las negociaciones laborales es un ejemplo extremo. En muchas oportunidades se percibe a los gremios empresariales muy ideologizados. En otros casos actúan mucho más como representantes de sectores políticos que de sus propios intereses de clase, con independencia del gobierno de turno. Muchas veces se quejan de la política cambiaria, pero muchos industriales se defienden muy bien de la misma si, además de industriales, son importadores. Se requiere empresarios innovadores. Sin empresarios no habrá crecimiento ni desarrollo. Por el otro lado, sectores sindicalizados de trabajadores -por inexperiencia, por elementos ideológicos o por demasiado énfasis en acciones corporativas- limitan las posibilidades de llegar a acuerdos sociales sustentables y permanentes. *

(*) Senador de la República