Etica, política y transparencia

La renuncia del Tribunal de Conducta Política, presidido por el general (r) Víctor Licandro, puso a la ética sobre la mesa del Frente Amplio. Se designó entonces un nuevo Tribunal con connotados dirigentes que desató polémicas en torno al caso Juan Carlos Bengoa. Las declaraciones de algunos de los nuevos miembros, en particular Guillermo Chifflet, recomendando la renuncia del citado funcionario hasta que se aclare su situación, fueron respondidas de inmediato por el ministro Astori, quien reclamó «ecuanimidad» ante lo que calificó de «prejuzgamiento» contra un miembro de su equipo.

Por otro lado, en esta misma semana se realiza en Latinoamérica una «Acción global contra la deuda y las instituciones financieras internacionales». La agenda del gobierno no sólo no contempla el tema sino que se ubica en las antípodas, pues se ha dedicado a «honrar la deuda», sin dar ningún paso significativo para atender los reclamos de la ciudadanía: el libre acceso a toda la información contractual y contable de la deuda externa pública y la realización de una auditoría oficial de la misma.

Ambos temas están unidos porque aluden, en un caso, a la ausencia de criterios y mecanismos para asegurar el cumplimiento obligatorio de las reglas éticas por parte de los gobernantes y funcionarios frenteamplistas, y en el otro, el menoscabo a la ética que significa la falta de transparencia en temas fundamentales para la ciudadanía como la deuda externa. Téngase en cuenta, además, que la deuda pública aumentó en 2.466 millones de dólares desde que asumió el gobierno y que en 2008 se pagarán 958 millones de dólares sólo por intereses.

 

UNO: Las decisiones de los gobiernos no dependen solamente de las posibles reacciones de los electores y sus representantes: la influencia del poder económico es fundamental. El Estado es, a la vez, el principal demandante de bienes y servicios que suministra el sector privado con grandes ganancias. Por ello grandes empresarios privados «invierten» para financiar las campañas electorales, no desinteresadamente, por supuesto. ¿Alguien ha olvidado al señor Svetogorsky y su doble calidad de proveedor del Estado y donante de varios partidos políticos?

Si bien es cierto que la corrupción involucra, en mayor o menor medida, a la comunidad entera, es posible distinguir entre corrupción privada y pública, y dentro de esta última, entre la corrupción política y administrativa.

Dentro de esa tipología se podría afirmar que la corrupción política es la que tiene efectos más nocivos, ya que impacta en la esfera donde se definen los asuntos que conciernen o afectan a toda la comunidad. Lo que legítimamente debería realizarse en forma transparente tomando en consideración a la ciudadanía y sus organizaciones, se resuelve mediante negociaciones y acuerdos de carácter privado, muchas veces secretos, aunque tengan que ver con cuestiones de interés general. El tratamiento que se le ha dado a la deuda externa y la falta de voluntad para realizar una imprescindible auditoría son un ejemplo de esta situación.

La corrupción administrativa se refiere al conjunto de acciones relacionadas con las violaciones de las normas y procedimientos que comete un funcionario público en un cargo oficial en beneficio propio o de terceros (pecuniario o no). En este sentido se consideran todas las transacciones (de cualquier tipo) que se realizan tanto dentro del aparato gubernamental como fuera de él, en las interacciones entre funcionarios públicos y particulares.

En el marco de un gobierno progresista que proclamó que «se podrá meter la pata pero no la mano en la lata», no se entiende cómo, existiendo múltiples denuncias contra un funcionario como Juan Carlos Bengoa, su fuerza política y el líder de ésta cierren filas en su defensa, sin medir los costos que esto genera en un tema clave: la credibilidad de la izquierda. ¿Qué los diferencia de otras organizaciones que ponen sus intereses corporativos por encima de las exigencias éticas de la sociedad? ¿Es acaso esto compatible con la tradicional ética frenteamplista simbolizada hoy por el general Licandro, más presente que nunca aunque se haya ido?

La corrupción no es un problema individual; por el contrario, se sustenta en la existencia de múltiples redes de poder que la originan o, al menos, la facilitan. Esas redes articulan individuos, grupos y organizaciones que actúan en diversos ámbitos. Las redes, en general, son tenues y poderosas tramas que cruzan la sociedad (no se reducen a los grupos de poder económico y sus influencias en el ámbito político). Asumir que la lucha no es contra individuos sino contra redes permite aplicar una lógica de análisis que investigue la estructura, organización y motivaciones de la red que da cabida a dichas prácticas.

El equilibrio «mafioso» que se consigue mediante prácticas deshonestas reiteradas favorece el desarrollo y la permanencia de direcciones autoritarias. Sólo el control social, la participación informada y la democracia plena pueden enfrentarse con éxito a tal flagelo.

 

DOS. Reducir el problema de la corrupción a la existencia de un delito que está en el Código Penal y que debe ser probado por un juez, como sostiene el ministro Astori, excluye a la fuerza política de ejercer en sus propias filas su principal fuerza de cohesión: el ascendiente ético, la credibilidad que la legitima ante la sociedad.

En la misma línea se inscriben los dichos del presidente del FA, Jorge Brovetto, respecto a que dicho Tribunal no estaba para juzgar la conducta de los integrantes del gobierno. (1) ¿Quién los puede juzgar, entonces? ¿Son inimputables acaso?

Por ese camino la gente se aferra al «son todos iguales» y se retira de la escena pública, se encierra en sus casas y los que tienen poder, económico o de otro tipo, siguen manejando las cosas. Así no cambia nada.

Históricamente, y no sólo acá, ha existido, también, una tendencia a considerar como aceptables ciertos niveles de corrupción si son realizados al servicio de «causas justas» o de «resultados convenientes». En esos casos se dificulta el cuestionamiento social por la manipulación de la relación medios/fines, ocultándose o deformándose la información para preservar las fuentes de trabajo y/o el sistema financiero y/o la economía del país. La corrupción no tiene por qué apuntar únicamente a un beneficio individual directo para quien lo realiza: se puede ser corrupto en la defensa del partido, el sindicato, la nación, la religión, la secta, la mafia…

Quienes intentan trabajar en la prevención y el combate a los actos de corrupción se ven enfrentados ­cuando dicha lucha es auténtica y no sólo cosmética­ a redes de poder que amparan la corrupción. Bajo la consigna «»dentro de la Iglesia todo, fuera de la Iglesia nada» más de un hombre honesto se ha transformado en un encubridor de la corrupción en defensa de algún valor «superior», en tanto algunos otros terminan afirmando que se consideran personalmente honestos pero que, sin embargo, forman parte de un sistema que tiene niveles de corrupción.

La amplia publicidad de los hechos y la existencia de las sanciones que correspondan pueden fortalecer el control social y el cuestionamiento a los actos, los procesos y las redes de corrupción. La designación de un nuevo Tribunal de Conducta Política es un avance que se debe valorar en sus justos términos, pero las presiones de los sectores implicados son inaceptables y deberían ser rechazadas.

Tampoco resulta éticamente aceptable que se mantenga la falta de transparencia sobre el manejo de la deuda pública, impidiendo que una auditoría pueda «discernir la deuda contraída por la dictadura, la utilización corrupta de recursos que no fueran destinados a los fines con que se solicitaron y la responsabilidad de los organismos multilaterales en el endeudamiento público.» (2) Como bien dice la Comisión Ciudadana por la Auditoría de la Deuda Pública, están «en deuda con l
os derechos del pueblo». *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (Rediu).

(1) «El País», 17-10-07  (2) Resoluciones del IX Congreso del PIT-CNT.