Tiene la palabra

En defensa de Visillac

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Primero cabe preguntarse si el Estado, sus organismos o dependencias no tienen el derecho, o mejor dicho, generan de por sí el derecho, a comunicarse con los ciudadanos en forma gratuita.

¿Por qué el Estado tiene que pagar para que los ciudadanos se informen?

Bastaría una ley que asegurara al Estado una bolsa de espacios para la comunicación en todos los medios para que hoy se polemizara sobre su contenido y no sobre los riegos de perder al inversor. O peor aún, continuar con la polémica perversa, muchas veces guiada por fines políticos mediocres, sobre el peso de la inversión publicitaria en la obsecuencia política o, peor aún, de interferencias de aquella con la libertad de prensa.

¿Qué mejor que una bolsa publicitaria gratuita para el Estado que evite discusiones sobre atentados a la libertad de prensa?

Esta simple decisión nos vacunaría sobre posibles intervenciones y arbitrariedades en las libertades que todos queremos amparar, dejando a todas las partes en igualdad de condiciones. Cuando me refiero a las partes me refiero a las empresas propietarias de los medios, a los organismos del Estado y, especialmente, a los ciudadanos que son los usufructuarios de esos servicios públicos.

Esta bolsa gratuita se justificaría muy bien en aquellos medios que dependen de concesiones que realiza el Estado, como lo son las ondas radiales y televisivas. Si bien la prensa escrita tiene otra situación (no tienen concesión), con un servicio público que obliga a la empresa gráfica a cumplir con la ciudadanía.

La información es un servicio de primera necesidad para el ciudadano, es un servicio esencial y un derecho humano.

Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado pasa de ser una organización que la sociedad se ha dado a transformarse en un cliente?. ¿Qué pasa cuando los administradores del Estado ingresan al mercado de la publicidad?

Aquí asumen dos responsabilidades que pueden llegar a ser, en determinado momento, contradictorias: por un lado, son responsables de administrar fondos públicos, razón por la cual:

a. deben velar por la eficacia de esas inversiones así como, b. deben lograr los mejores precios de mercado, en resumen, el mejor resultado costo-beneficios; está en los manuales de mercadotecnia.

Por otro lado los administradores deben velar por las libertades y el derecho de todo ciudadano a expresarse. Y aquí es cuando los derechos, las libertades, entran en contradicción con el negocio y generan una zona gris donde, por ahora, van imponiéndose los empresarios. Y si no, obsérvese el resultado de esta polémica a partir de las declaraciones del asesor en comunicaciones de Antel: el asunto es exigir la cabeza de aquel que amenace las inversiones en nombre de la eficacia de las mismas. Se reclama a los gritos por la libertad de prensa, transformando así la inversión en un subsidio. Y de esta forma, también, por ese griterío, esos mismos protagonistas, tal vez en forma involuntaria, están transformando, ellos mismos con sus gritos, a la libertad de prensa en una mercancía.

Y es entonces que aparecen los simplismos, a veces con claros visos de oportunismos políticos electoreros, y otras veces sinceros temores de que alguien decida sacar o disminuir el flujo de esa teta que durante tantos años alimentó y alimenta a la prensa nacional. Y es comprensible en un mercado tan pequeño como el uruguayo.

Y a propósito de mercado, de inversiones eficaces y comunicaciones eficientes del Estado hay algunas últimas preguntas que, de alguna manera, tienen relación con las primeras:

¿qué tarifas está pagando el Estado hoy en los medios de comunicación?

Años ha el Estado pagaba tarifas que llegaban al doble de las que cobraban los medios en el mercado privado. Entonces se justificaba por las demoras en los pagos que tenía la Administración Pública y en los procesos inflacionarios groseros de esas épocas.

Pero hoy esas condiciones han cambiado.

1. Se está pagando en fecha. Por las referencias que tengo del mercado, hoy los organismos públicos tienen plazos más breves que muchos contratos con empresas privadas.

2. También tengo referencias, comentarios de algunos amigos vinculados al ambiente publicitario, que el Estado está pagando, en muchos casos, una tarifa que es el doble de la que pagan las empresas privadas. Lo que me han dicho, por ejemplo, es que algunas empresas están pagando U$S 1.000 dólares aproximadamente, el minuto central en televisión, en tanto que empresas privadas, por el mismo volumen en dólares, están pagando 450 o 500 dólares con el agregado de abundantes compensaciones sin cargo con minutos en horarios laterales así como auspicios de programas. No tengo referencias de otros medios (gráficos o radiales).

Si esto fuera así, este gobierno estaría en franca omisión, pues su responsabilidad es administrar los fondos que aportamos todos los ciudadanos tanto en la eficacia de la publicidad como lo planteó Visillac como, y fundamentalmente, en los precios que se pagan.

Creo oportuno, y no irónicamente, por el contrario, como manifestación personal de respeto a todos los involucrados, desafiar a todas las empresas mediáticas a promover entre sus periodistas una investigación sobre estos temas (cómo se distribuye la publicidad, qué criterios técnicos se siguen para ello y, especialmente, cuánto se paga por ello).

También, como modesto ciudadano de este país, reclamarle al gobierno controlar estas inversiones, sobre todo las tarifas que se pagan, así como generar espacios de diálogo amplios, sin prejuicios, convocando a todas las partes para intentar aclarar, o como mínimo ordenar, esos espacios grises entre libertades y negocios.

La convocatoria debería incluir a Visillac, el profesional, no el cadáver que tantos reclaman despiadadamente.

S.M. – C.I. 4.814.974

 

¿Todavía quedan dudas de por qué Artigas no quiso volver a su tierra?

Sr. Director de  LA REPUBLICA:

* Me alegra que este diario insista en una labor contestataria y revisionista de la historia, más allá de ocuparse de las contingencias de cada día. La primera plana que le ha dado hoy LA REPUBLICA al descubrimiento histórico que, en este caso, realizó José Eduardo Picerno es una prueba más de esa voluntad.

La carta del Gral. F. Rivera encontrada en Corrientes (aunque aún faltarían análisis más exhaustivos) parece indicar una fuerte confirmación de lo que todos ya sabemos de Fructuoso Rivera pero que, por obvias razones políticas, se lo defiende como si los seguidores del Partido Colorado de hoy fuesen moralmente responsables de las barbaridades de sus caudillos del pasado. Quienes lo hacen, cada vez menos en número, sólo son responsables por persistir en esa actitud deshonesta de negar la verdad histórica.

Por una arbitraria idea de continuidad simbólica, se pone bajo una misma bandera a José Batlle y Ordóñez y a un monstruo como Rivera, lo que prueba que el color de una bandera es más fuerte que los hechos históricos y las ideas más radicales.

Tan absurdo como si los españoles de hoy pretendiesen defender los crímenes de Hernán Cortés sólo por haber usado o usurpado una identidad nacional. O como meter a McCarthy y a Martin Luther King en la misma lista por haber compartido una determinada nacionalidad.

¿Todavía quedan dudas de por qué Artigas no quiso volver a su tierra? La carta es otra muestra del viejo recurso de cometer crímenes en nombre de la patria y la libertad. Como lo recordé varias veces en otros artículos, también para el pedagogo y demostrado racista de su época, Domingo F. Sarmiento, el general Artigas era un «terrorista» por su lucha sin cuartel y sus formas primitivas de actuar y su moral profundamente humanista. Pero Artigas sale fortalecido del análisis histórico, a pesar o por sus
defectos humanos que no llegaron a la miseria de genocidas que hoy levantan su espada en el bronce de monumentos desparramados por todo el país y son recordados en calles y avenidas muchas más veces que sus víctimas anónimas que no ostentaron títulos militares o de «padres del pueblo». Este descubrimiento también confirma algo en lo que tantas veces insistimos: las historias oficiales se hacen sobre todo con olvidos.

JORGE MAJFUD – THE UNIVERSITY OF GEORGIA