Lógica estatal

Hay un chiste sobre la severidad paterna que me viene de perillas para comentar un hecho reciente.

­»Mi papá me enseñó lógica y aprendí rápido: ‘¡Lo digo yo y punto!'».

Parecida actitud ha decidido adoptar con sus trabajadores el Estado, esa entelequia que nos involucra a todos y es una compleja suma de tres poderes cuya independencia y equilibrio son esenciales a una sociedad democrática.

¿Qué ha pasado?

Incluyendo a último momento un artículo en la Rendición de Cuentas, uno de esos poderes, el Legislativo, con la inocultable idea de proteger la alcancía pública, ha incidido con la ley en el ámbito de otro, el Judicial, modificando una corriente histórica que tiene sólida jurisprudencia: desde ahora, las demandas de los trabajadores, siempre que sean contra una administración estatal, caerán en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montevideo o en los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior.

Desaparecerán de las sedes laborales o civiles donde se tramitaban.

Esta decisión, cuya constitucionalidad no puedo discutir, ha erizado a los magistrados, quienes ya plantearon sus discrepancias; empero, y con seguridad, serán los propios trabajadores los más perjudicados. Hasta un distraído sabe las diferencias entre unos juzgados y otros; y sabe que la aludida jurisprudencia ­el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes­ ha beneficiado hasta hoy, estadísticamente, a los demandantes. O sea, el Estado viene perdiendo millones de dólares por juicios laborales o civiles de sus propios empleados u otros. En las nuevas sedes, hasta por una cuestión de procedimientos, será diferente.

Qué curioso. Ni el PIT-CNT ni COFE han dicho algo.

¿No se enteraron? ¿No han digerido aún la sorpresita? O tal vez, y al revés que yo, no creen que el «papá empleador» quiera asemejarse a aquel patrón gallego:

-¡Pues la hemos liado! Estos tíos desalmados son capaces de desvalijarme… *