Escrito por: ALBERTO COURIEL (*)

Los temas de corto plazo abarcan desde los problemas financieros derivados de la balanza de pagos y de problemas fiscales hasta los problemas bancarios, la problemática de la inflación con mirada financiera y, en consecuencia, las políticas monetarias, cambiarias y fiscales. Los economistas de izquierda salvo honrosas excepciones como los trabajos de Rosa Luxemburgo siempre fueron relativamente esquivos, lejanos a la consideración de estos temas. En lo personal siempre me sentí y actué como un heterodoxo a las políticas que venían de los organismos financieros internacionales, especialmente del FMI.
En 1960, integrando el grupo de viaje de Ciencias Económicas dirigido por Enrique Iglesias, expresábamos, en el propio FMI en Washington, nuestros puntos de vista críticos sobre las orientaciones de dicha institución. Con mayor madurez dirigimos el grupo de trabajo de política económica de la CIDE y el equipo y la revista de coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas desde el año 1969. En 1967, junto a Samuel Lichtenzstejn, publicamos el libro “El FMI y la crisis económica nacional”. En los diversos textos criticamos las posiciones del FMI, tanto desde el punto de vista teórico como las recetas que le imponían a muchos gobiernos de la región. Aprendimos que la inflación tiene sus especificidades en el espacio y en el tiempo y que no puede haber recetas sin atender las distintas causas inflación de costos, por demanda, por indexación, por expectativas, por puja distributiva que influyen en los distintos procesos. Seguimos escribiendo y asesorando a gobiernos de América Latina con la cabeza abierta, sin dogmatismos, con flexibilidad y atendiendo las especificidades de cada caso.
La ortodoxia prioriza lo financiero sobre lo productivo, la estabilización sobre el crecimiento cualquiera sea el nivel de inflación, propugna una fuerte intervención del Estado para alcanzar los equilibrios macroeconómicos, pero sólo los financieros, olvidándose del crecimiento y el empleo, y busca minimizar la acción del Estado en otros ámbitos porque para ello es más que suficiente la acción del mercado y del sector privado. Por supuesto no acordamos con ninguna de estas afirmaciones y por ello decíamos el año pasado en un artículo denominado “Democracia y desarrollo en la América Latina” (1) lo siguiente:
“Las políticas de corto plazo han sido muy influyentes en América Latina, incluso en los países donde gobiernan fuerzas progresistas, probablemente con la excepción en los últimos años de Venezuela y Argentina que, además, pudieron aprovechar los favorables términos de intercambio. Estas políticas de corto plazo están muy influidas por las características del mercado financiero internacional, por la fuerte influencia del FMI y sus recetas, y en especial por el alto endeudamiento externo de países como Argentina, Brasil y Uruguay. Los acuerdos con el FMI priorizan a los acreedores externos y a la dimensión financiera. En las décadas del sesenta y primera mitad de los setenta el FMI exigía un alto saldo favorable de la balanza comercial, con abruptas devaluaciones, para garantizar el pago de los servicios de la deuda externa. En la etapa actual, con la alta liquidez financiera internacional, la exigencia pasa por un elevado superávit primario de las cuentas públicas consolidadas para garantizar el pago de los servicios de la deuda externa, y en especial, de sus intereses. Los países endeudados pueden tener la necesidad de definir un superávit primario razonable que sea compatible con el pago de los servicios de la deuda y los requerimientos sociales. Lo que exige el FMI son superávit primarios que podríamos denominar como fanáticos, propios de su fundamentalismo. Un superávit primario considerado como fanático tiene repercusiones negativas en la implementación de las políticas monetaria y cambiaria.
Veamos algunos ejemplos de actualidad como son los casos de Uruguay y Brasil. En ambos países la política cambiaria está al servicio del superávit primario y del control de la inflación afectando la competitividad y la protección de la producción doméstica. Una apreciación de la moneda nacional, con fuerte caída del tipo de cambio nominal, significa menores gastos en moneda nacional para el pago de intereses de la deuda. A su vez, una apreciación de la moneda nacional incrementa el producto medido en dólares y hace descender significativamente la relación deuda sobre el producto para favorecer, en forma artificial, la imagen del país en el mercado financiero internacional. En el caso de la política monetaria, la ferviente atención de metas inflacionarias, cuando se está en niveles de un dígito de inflación, tanto por las restricciones cuantitativas de los medios de pago como por el mantenimiento de elevadas tasas de interés, afecta a las actividades productivas. Las metas de superávit primario pueden llevar a políticas que prioricen estructuras productivas que maximicen los ingresos tributarios y no aquellas que atiendan el crecimiento y el empleo. En el caso de Uruguay puede haber estímulos a rubros importados como vehículos con alto nivel de tributación.
Una política cambiaria que no le otorga adecuada prioridad a la competitividad afecta cualquier política económica con énfasis en lo productivo, en la conformación de la estructura productiva para la competitividad y el empleo y, en especial, a las posibilidades de rubros con mayor valor agregado o con mayor contenido tecnológico, centrado en ventajas comparativas dinámicas o adquiridas basadas en innovaciones y cambios tecnológicos.
Un superávit primario considerado exagerado o fanático no deja posibilidades para una política fiscal que busque atender el crecimiento, el empleo y los principales temas sociales. Inclusive inversiones públicas financiadas y gastos sociales financiados, no se pueden usar por fuera del superávit primario porque metodologías contables antojadizas del FMI no lo permiten.”
Los altos niveles de los precios internacionales de los productos de exportación han permitido elevados ritmos de crecimiento económico y los aspectos contractivos de las políticas de corto plazo no se han manifestado. A la luz de la actual situación, Brasil tiene un ritmo de crecimiento más moderado y ha permitido un descenso considerable del tipo de cambio real y nominal que, como muestra la historia de la política de la “tablita” y del plan real, siempre termina con fuertes crisis financieras. Esto resulta, asimismo, una forma de hipotecar el futuro de su inserción internacional porque afecta directamente a los rubros de mayor valor agregado y de mayor contenido tecnológico. En cambio Argentina, con el ritmo de crecimiento económico más alto de América Latina, ha mantenido una política cambiaria relativamente heterodoxa, con una fuerte intervención estatal para asegurar un tipo de cambio alto que atienda los requerimientos productivos, para asegurar la competitividad y la protección de los sectores productivos vinculados al comercio internacional.
En próximas notas analizaremos con más detalle las características de la actual política cambiaria del gobierno del Frente Amplio. *
(*) Senador de la República. Economista.
(1) Alberto Couriel. Democracia y desarrollo en América Latina, en libro de varios autores en proceso de edición.
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