¿Sirven las medidas cautelares?

Si se denuncia un caso de violencia doméstica, tanto en la seccional policial como en los cuatro juzgados de Familia especializados de Montevideo, creados a raíz de la Ley 17.514 de violencia doméstica (aprobada en 2002), el juez tiene amplias facultades para tomar medidas cautelares de protección de diverso tipo, con la finalidad de apartar a la víctima de la situación de riesgo en que se encuentra y prever la cobertura de sus necesidades básicas (ver recuadro).

El magistrado puede disponer el retiro inmediato del agresor del hogar, y la prohibición de que se acerque a éste, a la víctima o a otras personas de su entorno. También posee postestades para disponer, entre otras varias medidas, el retorno de la víctima al hogar -en caso de que ésta hubiera debido abandonarlo-, y resolver, de manera provisoria, la tenencia de los hijos menores de edad.

Estas medidas de protección, en la mayoría de los casos, no se respetan. Los homicidios ocurridos en los últimos tiempos, en los que el agresores tenían impuestas medidas cautelares, así lo demuestran.

 

Scarpita: «Las medidas cautelares sirven, pero casi nunca se cumplen»

La doctora Marta Scarpita, representante en Uruguay del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), señaló como positiva la existencia del capítulo IV de la ley de violencia doméstica, que prevé las medidas de protección, pero aseguró que el principal problema es la falta de control y seguimiento de estas últimas.

Scarpita dijo que, en la mayoría de los casos, las medidas cautelares no se cumplen, y señaló como otra gran dificultad que las audiencias evaluatorias que supervisan el cumplimiento de las medidas casi nunca se realizan en un plazo no mayor de diez días de adoptadas las medidas, como lo establece el artículo 11 de la ley 17.514. «Esas audiencias se dilatan en el tiempo, en parte porque los jueces de los Juzgados de Violencia Doméstica están saturados de casos, y el magistrado no puede evaluar a tiempo su cumplimiento. Sin dudas, éste es un gran problema», admitió.

La abogada forma parte de la Comuna Mujer del Paso de la Arena, perteneciente al Centro Comunal Zonal 18, donde se realiza la atención jurídica para las mujeres víctimas de violencia doméstica. Comentó que las medidas cautelares casi siempre se aplican en estos casos, pero posteriormente no se controla su cumplimiento. «Si por ejemplo el magistrado dispone el retiro del agresor de la casa, por lo general éste regresa. Si las audiencias evaluatorias se realizaran en fecha, la mujer tendría una instancia para denunciarlo, aunque también tiene la posibilidad de hacerlo en la comisaría de la zona, o mediante un escrito que entregue en el Juzgado de Violencia Doméstica», puntualizó.

 

«Jamas he visto un arresto por incumplir las medias cautelares»

Según Scarpita, las medidas cautelares se aplican sólo en los cuatro juzgados especializados en Violencia Doméstica, ubicados en la calle Rondeau 1726. Señaló que en la sede judicial hay únicamente cuatro jueces especializados en la materia (a los que definió como «desbordados por los casos»), y ningún fiscal especializado.

La ley prevé que si el incumplimiento de las medidas se denuncia en el Juzgado, el juez puede derivar al agresor al Juzgado Penal. También, según la ley, si las medidas dispuestas no se cumplen el juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de 48 horas. «Por lo general, el agresor no concurre a las audiencias evaluatorias, y jamás he visto un arresto por el incumplimiento de las medias cautelares», apuntó Scarpita. Sin embargo, admitió que ante su denuncia por incumplimiento de las medidas, el Juzgado especializado remitió al agresor al Juzgado Penal.

La especialista entiende que la ley tiene los mecanismos necesarios para el control del agresor, pero en la práctica varios de sus artículos no se cumplen, responsabilidad máxima del juez y del fiscal. Explicó que en otros países la situación en cuanto al control de las medidas cautelares es similar, ya que miles de mujeres siguen muriendo por violencia doméstica alrededor del mundo.

 

Posibles soluciones

En cuanto a posibles mecanismos que permitan el control y el seguimiento de las medidas de protección, Scarpita manifestó que «no tiene por qué haber un policía por cada persona». «Se ha manejado la idea de entregar un celular a las mujeres que tienen impuestas medidas de protección. Otra idea muy buena, y también viable, sería la que propuso Robert Parrado (director de la Dirección de Prevención del Delito): crear móviles policiales especializados, que a través de un número 0900 atiendan solamente los casos de violencia doméstica», finalizó.

 

D’Alesandro: «Fallan en todos los aspectos»

Por su parte, la fundadora y directora del Instituto Mujer y Sociedad, Gloria D’Alesandro, dijo, al igual que Scarpita, que el principal problema de las medidas cautelares es que su control es inexistente. «Fallan en todos los aspectos, pero el principal problema es que no existe control alguno y no hay un seguimiento contra el denunciado. Tampoco puede haber un policía por cada hombre violento. Muchas veces sucede que las mujeres no denuncian el incumplimiento de las medidas cautelares y entonces nada puede hacer la Justicia contra el infractor», anotó.

La defensora de los derechos de las mujeres señaló que en este contexto las medidas cautelares no tienen efectividad. Además, hizo referencia a las condiciones de las viviendas de las víctimas. «Hay que tener en cuenta su precariedad. Algunas no tienen ni puertas, y son muy rudimentarias. Hace poco, la ex pareja de una mujer, que tenía medidas cautelares y que nosotros atendíamos en nuestro instituto, ingresaba al edificio por el garaje y la esperaba en la puerta de su lujoso apartamento. ¿Qué queda para las que viven en viviendas precarias o en los asentamientos?», se preguntó.

La especialista aseguró que al indicar medidas cautelares, los jueces «creen que solucionan el problema», y subrayó, como Scarpita, que las audiencias evaluatorias jamás se realizan en fecha. «La ley sirve, pero no se cumple nada de lo establecido», insistió.

 

«No hay suficiente capital para financiar posibles soluciones»

En cuanto a posibles soluciones que sirvan para el control y seguimiento de las medidas cautelares, D´Alesandro comentó: «Los celulares podrían ser una buena solución. Es una tecnología con la que cuentan los países del primer mundo. Pero si no hay plata para aumentarles el sueldo a los policías, parece imposible que se implemente ese mecanismo». También se refirió a los refugios para mujeres víctimas. Aseguró que vienen peleando por su instalación «hace más de 15 años», y los consideró «fundamentales». «¿Cuántas muertes se hubieran evitado si se hubiesen creado?», se preguntó la entrevistada.

La directora del Instituto Mujer y Sociedad agregó que hay «muchas medidas posibles, pero poco capital de financiamiento», y aseguró que se necesitaría del apoyo y la ayuda de la sociedad civil para hacerlas viables. Por otra parte, férrea crítica del accionar policial en temas de violencia doméstica, D’Alesandro consideró que, en general, «la Policía no considera como desacato el incumplimiento de las medidas cautelares. Hay un concepto de que un homicidio o un rapiña son prioridad ante un problema de violencia doméstica. En líneas generales, la atención primaria de la Policía en las seccionales ante casos de violencia doméstica es pésima. Se necesita de capacitación para especializar a policías en este tema». D’Alesandro consideró que esta posibilidad es «viable» en nuestro país, y subrayó que muchos policías «tienen vocación por el tema».

Para finalizar, admitió que estas posibles soluciones mejorarían la situación actual, pero los casos y muertes producto de la violencia doméstica no desaparecerían. «En los países del primer mundo, que tienen una in
fraestructura muy importante, hay refugios, celulares para las víctimas y policías especializados. Pero de todas maneras se siguen sucediendo muertes por violencia doméstica. Es fundamental un cambio cultural, además de todos estos avances, que considero que son inviables en nuestro país», concluyó.

 

Simois: «Hoy en día las medidas cautelares no sirven para nada»

La Casa de la Mujer de la Unión es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1987 que brinda asistencia jurídica y psicológica a mujeres de bajos recursos y a víctimas de violencia doméstica.

Es, junto con el Instituto Mujer y Sociedad, pionera en nuestro país. Consultada por LA REPUBLICA, su directora, Mabel Simois, criticó con suma dureza las medidas cautelares.

«Hoy en día no sirven para nada, principalmente por el contexto en el que se están dando», comenzó.

Simois señaló, al igual que el resto de las entrevistadas, que el mayor problema es que no se las controla. «Nadie se encarga de que se respeten, y lo peor es que los agresores son conscientes de esto. La gran cantidad de mujeres que fueron ultimadas y cuyos agresores estaban bajo medidas cautelares me hace pensar que hoy en día no sirven para nada. El espíritu de la ley es bueno, pero no funcionan en este contexto», apuntó.

Aseguró que a pesar de que estas medidas prohíben al agresor el uso y la tenencia de armas, en muchos de los casos éstos han herido o ultimado a sus parejas. «Comprar armas en nuestro país es muy fácil: vas a cualquier feria y las venden como si nada. Los uruguayos no nos damos cuenta de lo fuertemente armados que estamos, ya que hoy en día es muy raro que en una casa no haya un arma. Lo peor es que hay varios casos en que la Policía ha devuelto las arma a los agresores a pesar de existan medidas cautelares», denunció Simois.

Para finalizar, la entrevistada dijo que ve con buenos ojos que a cada víctima se le entregue un celular para mantener un contacto directo con la seccional de su zona, propuesta que se planteó a la ministra del Interior.