Padres de bebé retenida irregularmente en 1995 ganaron juicio contra el Estado

Todo comenzó en la mañana del 9 de agosto de 1995. María Teresa Duarte (19) ingresó a la sala de partos del Hospital Escuela del Litoral de Paysandú y dio a luz su tercer hijo. Ese día llegó sola, desde Puntas de Buricayupí, ya que su compañero, Hildebrando Ibáñez (28), estaba realizando tareas zafrales, y sus otros niños eran todavía demasiado pequeños.

Jessica Dahiana nació prematura. El pediatra ­Luis Martínez Arroyo­ constató que tenía serios problemas respiratorios. Su sugerencia fue trasladarla inmediatamente al CTI de la clínica privada de la ciudad de Salto (Ucinsa), que tiene contrato con el Ministerio de Salud Pública. La prescripción médica indicó que debía permanecer allí algunas semanas, para ser controlada. Al no poder contar con los medios económicos necesarios para viajar a Salto, su madre decidió volver a su casa, pensando que una vez que su hija mejorara se le comunicaría, e inmediatamente viajaría a Paysandú. Eso nunca ocurrió.

Insólitamente, en la clínica salteña se la comenzó a llamar con el nombre Camila. Así la conoció el radiólogo Sergio Maldonado, que atendió varias veces a la pequeña. Este profesional había escuchado por relatos la situación que estaba atravesando la paciente, que había soportado una dosis importante de antibióticos y transfusiones de sangre. Se lo comentó a su esposa, Alba Rizzo, una reconocida profesional, abogada y escribana, quien le planteó la posibilidad de hacerse cargo de la menor.

Todo lo que ocurrió después fue muy rápido. El 24 de agosto la doctora Ana Calegari, integrante del equipo médico de la clínica privada, le sugirió tramitar la tenencia de la beba, ya que ningún familiar se había presentado en la clínica. A la semana, el director de Ucinsa, Luis Invernizi, había enviado una notificación al director del Hospital de Salto (Edgardo Moraes) en la cual, considerando el abandono de la niña, le solicitaba que procediera en consecuencia.

«Antes de los treinta días, el doctor Martínez Arroyo nos avisó por la 8ª Seccional de Buricayupí que viniéramos a levantar la gurisa al hospital. Cuando llegamos nos dijo que la habían dado a otra familia en Salto, sin el consentimiento nuestro. Nunca pensamos regalar ningún hijo», afirmaron conmovidos María Teresa e Hildebrando.

El 4 de setiembre, Jessica salió de la incubadora del CTI y pasó a una cuna de cuidados intermedios. El matrimonio Maldonado Rizzo, que concurría a visitarla, ya la había registrado con el nombre de Leticia, y en la historia clínica se identificaban como sus padres.

Los acontecimientos se sucedieron. El 6 de setiembre, el subdirector del hospital salteño, Carlos Altuna, dando por cierta la afirmación de abandono sustentada por Ucinsa, se dirigió al juez Alvaro Franca para informarle la situación y el interés del matrimonio Maldonado Rizzo por la niña. Dos días después el juez otorgó la tenencia provisoria a la familia salteña, desencadenándose así un periplo judicial que llevó nueve años.

Mientras tanto, el pediatra sanducero Martínez Arroyo, que atendió a Jessica al nacer, mantenía un fluido contacto telefónico con personal de Ucinsa, el cual le indicaba que la pequeña estaba en condiciones de ser dada de alta y regresar a Paysandú, pero nada le informaron sobre las conversaciones entre los doctores de la mutualista, el matrimonio Maldonado-Rizzo y el hospital de Salto.

Frente a la mejoría de la niña, el pediatra sanducero envió una ambulancia para regresarla a Paysandú, pero ya no se encontraba internada y vivía en el hogar del matrimonio Maldonado-Rizzo. Rápidamente se contactó con las autoridades del nosocomio para pedir explicaciones. Le manifestaron que nada podían hacer, porque el tema había ingresado a la órbita judicial. Los padres de la pequeña sostienen que el responsable directo de que la niña regresara a Paysandú era el director del hospital de esta ciudad, Dr. Samuel Filipov.

 

La búsqueda

En enero de 1996 el juez Pueblo Gallinal notificó oficialmente a los Ibáñez Duarte la resolución judicial adoptada en Salto. La pareja decidió unirse en matrimonio, legitimar a sus hijos y viajar en febrero al departamento limítrofe a buscar a Jessica.

Para costearse el viaje tuvieron que vender un caballo y una bicicleta. Salieron de su casa en Puntas de Buricayupí con sus dos hijos, Paola y Diego, a las 4 de la mañana, y recorrieron a pie más de 15 kilómetros. Luego de tomar dos ómnibus, llegaron a Salto. Inmediatamente se dirigieron al hospital en busca del radiólogo Maldonado. De allí los mandaron a Ucinsa, que era su lugar de trabajo. Como no se encontraba les dijeron que fueran al juzgado, y de allí los derivaron a defensoría de oficio.

Fueron recibidos en consulta por dos abogadas, que los atendieron de pie y en una sala con dos puertas abiertas por donde entraba y salía gente continuamente. Las profesionales miraron el cedulón con la resolución judicial de la tenencia dada al matrimonio Maldonado Rizzo. Parecían molestas, les dijeron que no había «nada que hacer» y les pidieron que regresaran después de un año. Pareció no alcanzar que los padres hubieran llegado hasta allí para reclamar a su hija y demostrar que no la habían abandonado.

Las defensoras salteñas Sara Ubici y Mónica Gaggero han afirmado que los padres biológicos habían manifestado no tener interés en la niña. El fiscal Enrique Viana tildó esta afirmación de «sospechosa», teniendo en cuenta los sacrificios que hizo la pareja para llegar hasta Salto.

 

La sentencia

El Grupo de Derechos Humanos de Paysandú y su equipo de abogados constataron, tras muchos meses de investigación, errores, negligencia y omisiones en los hospitales de Salto y la capital sanducera, dependientes del Ministerio de Salud Pública.

Los Ibáñez Duarte han demostrado claramente ante la Justicia que nunca abandonaron a su hija. El juez letrado de 3er. Turno de Salto, Hugo Debone, aseguró que no transcurrió «el año de abandono».

«Caminaron por entremedio del campo para llegar a la Ruta 26 en busca de algún transporte. El padre es zafrero, y la familia está escasa de dinero. Además, la zona no cuenta con destacamento policial cercano. Debieron vender lo único que tenían, el caballo y la bicicleta, para obtener el dinero necesario para viajar a Salto y encontrar a su hija. Por todos estos motivos no se ha configurado el abandono requerido para la pérdida de la patria potestad», dijo Debone.

En 2000 el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno falló a favor de Hildebrando Ibáñez y María Teresa Duarte, reconfirmando la patria potestad sobre la pequeña Jessica.

Pocos meses atrás, ganaron un juicio por daños y perjuicios que emprendieron contra el Estado. Sin embargo, la familia ve a la niña ­que nunca dejó de convivir con los Maldonado Rizzo­ sólo una vez al mes. *