Casi 200 familias viven directamente de la promoción de mutualistas médicas

Mercedes y Arenal Grande, 8.55 de la mañana. Los funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS) recién están llegando al edificio anexo, frente a la vieja Caja de Jubilaciones. El gran local de ladrillos rojos y grandes ventanales recibe, como cada día hábil, a miles de usuarios que llegan para reclamar sus asignaciones familiares, seguros de paro, jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales.

A esa hora, algunos funcionarios ingresan a su lugar de trabajo por la escalera de Colonia, mientras por la puerta que da sobre Mercedes comienzan a aparecer los fácilmente reconocibles promotores de mutualistas médicas, que ofrecen la afiliación a los distintos centros de salud. Allí se apuestan la cantidad de horas que sean necesarias, y por lo general su jornada laboral se extiende hasta que el BPS cierra sus puertas.

Son los encargados de preguntarle a cada persona que va a ingresar al local, o que simplemente pasa por el lugar, el clásico: «¿Mutualista?». También se los puede encontrar a una cuadra, y a veces hasta dos, antes de ingresar a la puerta que da directamente a la sección informes del BPS. Si reciben una respuesta negativa o la directa ignorancia del caminante, los promotores deciden esperar al próximo peatón para preguntarle exactamente lo mismo. En Montevideo trabajan de la promoción de mutualistas alrededor de 200 personas, aunque sólo se ven poco más de una decena. Algunos de ellos ­los más viejos en la profesión­ subcontratan personal para que realice las tareas de afiliación. Jorge Rodríguez es el coordinador de la asociación de trabajadores y el que más años de trabajo tiene en esta actividad. El se definió ante LA REPUBLICA como «un profesional que trabaja desde hace treinta años» captando socios para distintas mutualistas en la calle», aunque aclaró que, como la mayoría de los promotores, no ofrece dinero a los usuarios que aceptan la oferta.

 

Unos 170 no pagan

Jorge Rodríguez se ubica cada día justo en una de las puertas laterales del BPS, que da a la esquina de Mercedes y Daniel Fernández Crespo. Junto a él casi siempre hay un grupo de jóvenes sentado en uno de los muros del edificio. Ellos también llevan adelante la actividad de afiliar usuarios a las mutualistas.

«Son 200 familias que viven directamente de la promoción de las mutualistas médicas», dijo Rodríguez, quien forma parte de una asociación ad hoc de promotores de mutualistas en procura de la defensa de los puestos de trabajo.

defensa radica en dos puntos esenciales que tienen que ver con el artículo 11 de la Ley del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que expresa que ante la «proliferación de la intermediación lucrativa en la captación de socios o afiliados, resulta necesario adoptar medidas tendientes a contrarrestar dicha práctica».

En ese sentido, la ley exige que se le devuelva a dicha actividad el carácter de delito, tal como fue establecido en el artículo 369 de la Ley Nº 17.296 (Ley de Presupuesto Nacional) y en la Ley Nº 17.549.

Por consiguiente, el artículo 12 de la Ley de Fonasa establece: «Tales conductas podrán ser sancionadas vía administrativa con la aplicación de multas y aun con la retención de los pagos correspondientes a las cuotas de afiliación».

No obstante, Rodríguez dijo a LA REPUBLICA que ellos son «defensores de los puestos laborales y del derecho al trabajo», y agregó no querer que nadie «marche preso por hacer socios de mutualistas pagando a los usuarios».

Ante este panorama de posibles sanciones, se conformó una coordinadora de vendedores que promueve que no se castigue a quienes den dinero a cambio de la afiliación a una mutualista.

Al mismo tiempo, luchan para que esa intermediación termine.

«Nosotros mismos llamamos a quienes pagan a los usuarios para que no lo hagan más», afirmó Rodríguez, quien además informa a sus colegas sobre los perjuicios que tendrán los pagos una vez que se promulgue el artículo 11.

Según la información que brindó el propio Rodríguez a LA REPUBLICA, 170 de los 200 promotores «no les pagan a los usuarios para que se afilien a las mutualistas».

Si bien considera que es una práctica «desleal», entiende también que quienes pagan a los afiliados «lo hacen según su condición y necesidad personal».

Rodríguez no mencionó qué mutualistas promociona, pero confió que son aproximadamente unos diez centros de asistencia de salud privados los que tiene en su cartera. Su trabajo ­dijo­ «es una tarea profesional donde se ofrecen los beneficios de una mutualista».

 

Buena paga

Geza Stari, representante de los jubilados en el Directorio del BPS, explicó que al implementarse la ley que impide el traspaso de una mutualista a otra se evita que a los usuarios, específicamente a los jubilados, se les ofrezca una mutualista no por los servicios que brinda sino «por una paga».

En la misma línea opinó Rodríguez, quien destacó además que entre todos los trabajadores que hay en el rubro de la promoción de mutualistas «muchos se dedican a visitar empresas para conseguir socios».

Entre ellos se encontraba, hasta hace poco tiempo, José Acosta, promotor de larga experiencia que fue expulsado del sistema luego de aprobada la nueva ley.

«En seis años le conseguimos 20.000 nuevos socios a una mutualista y hace una semana me echaron de ahí por culpa de la nueva ley», relató a LA REPUBLICA.

En tanto, los promotores reivindican su «profesionalidad» y el «no pago» de incentivos a los usuarios para que se afilien.

En ese sentido, Acosta reafirmó que las críticas de algunos legisladores son infundadas.

 

Por cada afiliación cobran 600 pesos

El martes 9 de mayo la asociación se reunió en un club céntrico que pertenece al Ministerio de Salud Pública (MSP) para seguir discutiendo el alcance de la nueva ley, en particular del artículo 11. «Nosotros llenamos las barras del Parlamento para protestar por la implementación de una pena para quienes pagan por afiliación», destacó Rodríguez, y criticó que este gobierno «haya derogado una ley implementada en la administración de Jorge Batlle» que ahora «se vuelve a implementar».

Pero los cuestionamientos más duros por parte de los promotores fueron para los legisladores, sobre todo aquellos «que nos trataron de mafiosos». Rodríguez desmintió las versiones que circulan sobre la condición social de los promotores. «Nosotros no somos millonarios, como algunos dicen, si no yo no estaría bajo la lluvia o el frío haciendo esto», aseguró.

Para probarlo, los trabajadores comentaron que por cada afiliación se les paga 600 pesos. «Si nos pagan eso es imposible que entreguemos 500 o 1.500 pesos a quienes se afilian», dijo Rodríguez.

 

Hasta 18 meses de prisión

El artículo 369 de la Ley de Presupuesto Nacional prohíbe claramente la captación de socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica colectiva mediante un pago, lo que suele llamarse técnicamente «intermediación lucrativa». Se entiende por ésta «aquella actividad realizada por una o más personas, en forma individual o concertada, tendiente a lograr afiliaciones para las citadas instituciones, percibiendo a cambio una retribución, precio o beneficio, cualquiera fuera su naturaleza».

También se prohíbe la actividad de promoción para la captación de socios que incluya la entrega o la promesa de entrega de dinero u otra «ventaja equivalente», y el mismo decreto establece las penas para aquellas personas que ejecuten dicha actividad: de dos a dieciocho meses de prisión.

La pena también abarca a los directivos, directores generales, directores y administradores de las instituciones de asistencia médica colectiva que, por cualquier medio, facilitaren, propiciaren, aceptaren o ejecutaren actos tendientes a tales fines, convirtiéndose, de este modo, en coautores.

La tipificación del delito de intermediación lucrativa a quienes ofrecen a cambio la entrega
o la promesa de dinero con la finalidad de captar socios para las mutualistas fue decidida y aprobada durante el pasado gobierno del Dr. Jorge Batlle en la Ley Nº 17.549. Esta fue derogada por la actual administración y, con la aprobación del Fondo Nacional de Salud, volvió a quedar tipificada, en sus artículos 11 y 12. *