FEMI se planta contra el subsidio a ASSE y prevé pérdidas para el sector privado

Para la federación que agrupa a todas las instituciones privadas de salud del Interior del país, en la reforma de la salud no hay un marco regulatorio de competencia entre los diferentes prestadores de la salud, como existe en otros ámbitos en los que compiten empresas públicas y privadas, como el área de las telecomunicaciones. «Para eso tienen unidades reguladoras», dijo a LA REPUBLICA el presidente de FEMI, doctor Yamandú Fernández.

 

Un subsidio polémico

ASSE recibiría, además del presupuesto asignado por el Ejecutivo y las cuotas correspondientes a sus afiliados, un subsidio que pasaría a constituir su tercera fuente de financiamiento.

«En esta ley del Fonasa está planteado que el excedente de las cuotas (alrededor de 7 millones de dólares anuales) que aporten los nuevos trabajadores que ingresen al sistema, unos 27.000 empleados públicos, pasen a formar un subsidio para ASSE. En un ámbito de competencia público – privado vemos una situación de inequidad», explicó Fernández.

FEMI está convencida de que ese excedente debería ser destinado a las instituciones privadas durante el proceso de transición hacia el nuevo sistema de salud, para enfrentar la diferencia que surgirá mientras la Junta Nacional de Salud vuelque a las mutualistas menos dinero por los jóvenes afiliados por Disse y aún no haya aumentado los aportes por la atención de niños y ancianos. Las pérdidas por este concepto están estimadas en un 7% de los ingresos operativos totales de las mutualistas del interior del país, «pérdidas que para las instituciones significarán un déficit y van a acentuar los resultados negativos que en la actualidad se vienen teniendo», dijo Fernández.

El dirigente explicó que, según la nueva ley, en un comienzo las mutualistas del Interior del país recibirán menos dinero por los afiliados de Disse (a quienes se les aplicará el nuevo criterio de valor por sexo y edad), ya que en esa parte del territorio la mayoría de estos usuarios son jóvenes del sexo masculino, cuya cuota en el nuevo sistema será menor que la de un niño o de un anciano, que suelen enfermarse más.

 

Diferencias de precios

El problema, según FEMI, es que las mutualistas seguirán recibiendo los mismos montos por los socios comunes, ya que las cuotas (alrededor de 900 pesos uruguayos) no se modificarán. Además, todavía no se aplicará el nuevo criterio de más valor para los pacientes en edad escolar y mayores de 65 años.

Para las instituciones privadas del Interior, otro inconveniente es que no hay un tiempo establecido para la transición. Por lo tanto, desconocen desde cuándo les pagarán lo que establece la nueva ley por la afiliación de un niño o un adulto mayor, que tendrá un valor aproximado de 1.500 o 2.000 pesos uruguayos.

«Si el cambio de régimen fuera global al 100% del padrón y se empezara a pagar la cuota diferenciada por edad y sexo todo sería diferente; se compensaría el sistema. Como eso no sucede, al pasar raya en las cuentas los números dan en rojo. Además, esta etapa de transición nunca va a durar menos de un año», sostuvo el presidente de FEMI.

Por eso, las instituciones privadas plantean que mientras se produzca la transición hacia el nuevo sistema «habría que buscar mecanismos de apoyo a las instituciones que se van a ver afectadas. Los recursos podrían surgir del mismo excedente que va para ASSE».

Asimismo, FEMI plantea que el subsidio de ASSE contradice el código tributario uruguayo, ya que se trataría de un aporte obrero patronal que contribuiría a la seguridad social, por lo que no podría transformarse en un subsidio. «Sería una suerte de impuesto para subsidiar una empresa pública -definió Fernández-. Es un aspecto técnico, pero tenemos entendido que esa situación no se modificó y que la ley se aprobó de esa forma».

El médico agregó que ASSE también tendrá una ventaja competitiva con relación a las empresas privadas, ya que los laudos de estas últimas son mayores que los salarios públicos.

 

La libre elección no es para todos

FEMI también plantea otras contradicciones en la reforma de la salud. «En el artículo 57 se consagra el derecho de poder ser usuarios del sistema sin aportar absolutamente nada a las personas que perciben ingresos menores a 4.000 pesos. Pero el mismo artículo dice que será la Junta Nacional de Salud que les asigne el prestador, por lo tanto, creemos que se cercena uno de los principios de la reforma, que es el derecho a la libre elección», afirmó el médico.

Según la FEMI, la Junta Nacional de la Salud concentrará demasiadas atribuciones en sus manos, teniendo además un control estatal absoluto. «Además se le otorgará la función administradora de los recursos financieros y del Seguro Nacional de Salud. Pensamos que éste debería ser administrado por el Banco de Previsión Social (BPS)», opinó el dirigente.

También plantean como una falla del proyecto la ausencia de un párrafo que especifique la movilidad de los usuarios dentro del sistema, es decir el tiempo de permanencia obligatorio en cada institución elegida o asignada. Asimismo, señalan que no se establece la posibilidad de pasar de una institución pública a una privada o viceversa.

«Queremos dejar en claro que no pedimos ventajas para los centros privados. Estamos de acuerdo con que se fortalezca el sector público y creemos que la reforma de la salud es necesaria», concluyó Fernández.