Unesco destacó libertad de la prensa uruguaya, aunque señaló limitaciones

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Unesco denuncia que hay en el mundo 125 periodistas y 64 ciberdisidentes encarcelados. Sólo en lo que va de 2007 han muerto 24 periodistas, 15 de ellos en Irak.

Uruguay no está ajeno a esta realidad. En el año 2000 el periodista artiguense Julio César Da Rosa fue asesinado. Da Rosa era el dueño y director de una emisora de radio independiente y había sugerido durante una emisión, el día antes de su trágica muerte, que Carmelo Nery Colombo no era apto para acceder a un cargo público ya que había sido investigado sobre irregularidades financieras. Colombo exigió que la emisora le diera un espacio para poder defenderse, y se le había citado para el mediodía del 24 de febrero. Después de irrumpir en la oficina de Da Rosa, Colombo abrió fuego y luego se suicidó. Da Rosa tenía 36 años.

En 2006 la prensa se enluteció con otro episodio: el periodista Mateo Kutalek, un reconocido profesional, apareció sin vida producto de un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado en el barrio Lausana de la ciudad de Maldonado.

 

Libertad de expresión: ¿la Suiza de América?

Según el informe mundial que Reporteros Sin Fronteras realiza cada año, Uruguay «mantiene su reputación de Suiza de América Latina» con respecto al actual estado de la libertad de expresión.

Sin embargo, en el documento se indica que, aunque los medios de comunicación disfrutan de una relativa libertad, los periodistas todavía chocan con algunos obstáculos cuando investigan las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

Por otra parte, el informe denuncia que en octubre del año 2006 el periodista Alfonso Lessa, especialista en temas de dictadura en Canal 12, «recibió amenazas de muerte por escrito, procedentes de un militar activo». En el mismo orden cita el caso del periodista de investigación Eduardo Preve, de Canal 10, al que le robaron documentos confidenciales relativos al Plan Cóndor, de su casa de Montevideo, a pesar de la presencia de dos policías de guardia en la entrada del inmueble. Tal hecho ocurrió el 26 de marzo del mismo año.

En otro orden, el informe especifica que uno de los mayores problemas que debe enfrentar la prensa uruguaya es el de una legislación que todavía no ha despenalizado los delitos de prensa. Además, señala como»sorprendente» el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 18 de setiembre de 2006, que condenó a Carlos Dogliani, antiguo periodista del semanario «El Regional» (hoy desaparecido), a cinco meses de cárcel -con sentencia en suspenso- por «difamar» a un cargo público.

 

Periodistas en problemas

Horacio Knaeber, secretario de Asuntos Académicos y Formación Profesional de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), dijo a LA REPUBLICA que en materia de libertad de expresión «se ha logrado mucho, principalmente durante este gobierno, aunque queda mucho por trabajar». Knaeber opinó que es imprescindible no olvidar el marco internacional, caracterizado por leyes que presionan a los periodistas y censuras ejercidas por medios de comunicación y sectores de poder, lo que desemboca en el miedo y la posterior autocensura de los trabajadores. Según el dirigente de APU, para ejercer libertad de prensa es necesario «tener libertad de acceso a la información», un punto en el debe en toda la prensa mundial, incluyendo Uruguay. Knaeber señaló que APU trabaja para que se deroguen los delitos de prensa -como la difamación y las injurias- y se obtenga más acceso a la información y mejores condiciones laborales.

«Los delitos relacionados a la información deben desaparecer. Mientras las leyes existan podrán ser aplicadas para censurar a los periodistas en cualquier momento, como ocurrió en el caso Dogliani (ver más arriba). Por eso peleamos por su urgente modificación», dijo Knaeber.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) realiza anualmente una relatoria sobre el estado de la libertad de prensa en el país. Los periodistas, sobre todo en el interior, sufren agresiones, condenas y juicios ante el solo hecho de informar casos de corrupción en los cargos públicos, por ejemplo. En 2006 se constataron dos amenazas de muerte y se registraron agresiones físicas de distinta gravedad contra periodistas por parte de particulares, militares y funcionarios. También desde altas filas del gobierno se realizaron críticas a los medios de comunicación, las cuales, en su momento, fueron públicamente repudiadas por la asociación. Sin embargo, Knaeber consideró que el gobierno «también tiene libertad de decir lo que le parece, igual que los periodistas de nuestro país». Actualmente, APU investiga el uso que el gobierno otorga a la publicidad oficial, estimulando o castigando a los diferentes medios.

Knaeber explicó que, en una primera etapa, las diferentes reparticiones gubernamentales limitaron el acceso a la información de los investigadores, hecho criticado por la asociación. Sin embargo, esa situación se modificó, lo que posibilitó continuar el trabajo. «La publicidad oficial es una herramienta que permite construir o destruir», sostuvo el periodista, quien adelantó que los resultados parciales de la investigación «no son alarmantes».