El Estado en el Perú de Velazco Alvarado

A propósito de la reforma del Estado que se intenta aplicar en el gobierno del Frente Amplio, vale la pena recordar algunas de las características de las transformaciones en el Perú de Velazco Alvarado entre 1968 y 1975.

«A partir de 1968 el Estado peruano sufre visibles transformaciones. Asciende al gobierno un grupo perteneciente a las Fuerzas Armadas que lidera un proceso de intensas transformaciones en el campo económico, político e ideológico. Para el logro de «una sociedad más justa, sin privilegios, exenta de marginación y discriminación económica, social, política o cultural, que brinde crecientes posibilidades para conseguir el pleno e integral desarrollo de las capacidades humanas y el afianzamiento de una auténtica cultura nacional» (Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975) se realiza desde el Estado, bajo iniciativa del Estado, desde el Estado hacia la sociedad civil, un proceso continuo de reformas estructurales que se van realizando sucesivamente en un período de siete años. De estas transformaciones destacan las siguientes:

­La reforma agraria, expropiando establecimientos de empresas privadas y asignándolos a empresas asociativas como las cooperativas de producción y las SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social).

­La introducción de la comunidad laboral en la industria manufacturera, minería, pesca y telecomunicaciones con el objeto de darle participación a los trabajadores en la propiedad, distribución de utilidades y gestión de las empresas.

­La creación de una original forma de propiedad de empresas, denominada propiedad social, cuyos propietarios son el conjunto de trabajadores de dichas empresas en forma colectiva y no individualmente.

­La intensa intervención y participación directa del Estado en el proceso de producción, distribución y consumo, como productor directo de bienes y servicios, como importante acumulador y como orientador del proceso. Como productor de bienes y servicios a través de un intenso proceso de nacionalizaciones en la pesca, en la minería, en la industria básica, en la comercialización de bienes exportados e importados, en la actividad financiera, en el transporte y las comunicaciones y en los principales servicios públicos. Como acumulador, por el sustantivo incremento de la inversión pública en la formación bruta de capital, a partir de 1968. Como orientador del proceso económico, a través del uso de las herramientas de la política económica, tentando iniciar procesos de planificación tendientes a asegurar la obtención de las ambiciosas metas propuestas. El punto de partida, en 1968, mostraba al Estado peruano con menor nivel de organización, capacitación y experiencia, y menor participación en el proceso económico que los países latinoamericanos de mayor grado de industrialización.

En esencia se busca seguir un camino propio, alcanzar «una sociedad de participación plena, ni comunista ni socialista», tomando rutas originales en cuanto a formas de propiedad y participación.

En el plano estrictamente económico se toma una serie de medidas de corte nacionalista vinculadas al pensamiento estructuralista cepalino ­aunque de mayor profundidad­ tales como la reforma agraria, el control de los recursos naturales básicos, la necesidad de la protección para asegurar el proceso de industrialización, la mayor intervención del Estado, la intensificación de los mecanismos de control sobre el comercio exterior y la actividad financiera, el mayor control y las nuevas formas de negociación con las empresas trasnacionales.

Junto a las transformaciones económicas se dan sustantivas modificaciones de carácter político que van a afectar nítidamente la estructura de poder prevaleciente antes de este proceso de reformas. Claramente se van a ver afectados por el proceso de reformas los antiguos terratenientes, gamonales y propietarios nacionales y extranjeros de empresas agropecuarias que fueron expropiadas, y aquellos de la pesca, minería, industria básica, comercialización y servicios que fueron nacionalizados.

El Estado muestra un alto grado de autonomía relativa durante este período. El control del aparato del Estado por integrantes de las Fuerzas Armadas es clave para la mejor comprensión de este fenómeno.

La autonomía relativa también deriva de las formas que adoptan las acciones del Estado. Las medidas no solamente afectan a sectores sociales que se ubicaban en el bloque en el poder sino que además algunas de ellas no son solicitadas por ningún grupo social, por ninguno de los actores de la escena política del Perú; son elaboradas, decididas y ejecutadas por una tecnoburocracia que domina el aparato del Estado, liderada por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Se crea la Comunidad Laboral, que no fue solicitada por los trabajadores ni por las respectivas fracciones capitalistas. Se crea el sistema de Propiedad Social, sin el suficiente respaldo del Estado ni de sectores sociales específicos. Se ejecuta la reforma agraria como consecuencia de una elevada demanda por tierras canalizada a través de innumerables luchas políticas en el campo peruano; pero no se puede beneficiar a los mayoritarios grupos minifundistas por falta de tierras en extensión suficiente, otorgando la propiedad a trabajadores de grandes establecimientos costeños, que no necesariamente tenían entre sus reivindicaciones la propiedad de los establecimientos donde trabajaban.

En la primera fase del proceso que cubre el período 1968-75 se busca atender los intereses de la fracción capitalista industrial, pero dentro de las reglas de juego y de los cánones establecidos por el Estado, los cuales muchas veces eran contradictorios con los intereses que se decía defender. Fue un proceso intenso, con vaivenes en la confrontación entre el Estado y la Sociedad Nacional de Industrias, durante el cual se buscaba establecer mecanismos económicos de estímulo a la actividad industrial mientras se decretaban nacionalizaciones, se hacían declaraciones anticapitalistas ­la propia comunidad industrial, por ejemplo­, que lógicamente no brindaban las seguridades y garantías demandadas por los inversionistas privados.

En muchas ocasiones el discurso político tiende a reflejar los intereses de sectores trabajadores y campesinos. Estos sectores se podían movilizar dentro de ciertas reglas de juego, impuestas autoritariamente desde el aparato del Estado.

Si las reivindicaciones económicas, ya fuera por salarios o tierras, no estaban contempladas en los planes de gobierno, las acciones frecuentemente eran reprimidas» (Alberto Couriel, «Estado, estrategia de desarrollo y necesidades básicas en el Perú». Desco, 1980).

Los cambios en la propiedad privada alcanzaron a alrededor del 60% del producto generado por el sector moderno. Esto marca la profundidad de los cambios. A su vez en un discurso Velazco Alvarado utilizó una frase de Tupac Amaru que decía «campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza».

Al fin los indígenas se sintieron representados e intentaron tomar las tierras que habían perdido desde la época colonial. Pero fueron reprimidos porque el gobierno era el que decidía qué tierras se expropiarían, cuándo, cómo y a quiénes se otorgarían.

En cierta medida, el Estado batllista de principios del siglo XX tuvo también características de autonomía relativa con respecto a las relaciones de fuerza que surgían de la sociedad de la época. Algunos de estos elementos deberían ser tenidos en cuenta en la actual reforma del Estado uruguayo. *

(*) Senador nacional, economista