Un gobierno en disputa

En la confrontación, en la sociedad uruguaya y al interior del propio gobierno, entre los que propugnan la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y aquellos que rechazan dicha alternativa y reafirman la validez del Mercosur, se expresan y sintetizan las contradicciones de la actual etapa.

La expansión del capitalismo a escala planetaria de las últimas décadas se basa en dos pilares fundamentales: los cambios científicos tecnológicos que implican un aumento sustancial de la capacidad productiva, tanto en cantidad como en calidad; los cambios institucionales (reglas de juego) tendientes a la eliminación de las fronteras nacionales que limitan la penetración de mercancías y capitales y la reducción de la capacidad del Estado para incidir en el proceso económico.

La creciente liberalización de los mercados aumenta la influencia de las grandes unidades económicas trasnacionales y pone en jaque los espacios de autonomía de los gobiernos nacionales. Ese fenómeno opera con mayor fuerza en los pequeños países de la periferia capitalista debido, entre otros aspectos, a su retraso relativo en rubros decisivos para una inserción dinámica y competitiva en el mercado mundial, tales como la incorporación del conocimiento científico tecnológico y el desarrollo industrial.

Cuando se discute la inserción internacional del Uruguay, es preciso enfatizar que se está discutiendo cuál será la estructura institucional que ordenará el funcionamiento de la economía y orientará la distribución de costos y beneficios; a nivel internacional entre países, y a nivel nacional, entre clases sociales. También es necesario resaltar el papel del poder en la definición de reglas de juego, y consecuentemente, el papel del Estado en su diseño, implementación y cumplimiento obligatorio. Aspectos generalmente dejados de lado en discursos que pretenden reducir el debate sobre la inserción internacional a un tema puramente comercial y de corto plazo, cuando lo que está en cuestión es, ni más ni menos, el tipo de sociedad en la que queremos vivir.

El acceso del Frente Amplio y sus aliados políticos al gobierno creó mejores condiciones para la disputa por la hegemonía con las clases dominantes. Esa disputa se ha instalado en el interior del propio gobierno y en las fuerzas políticas y sociales que lo respaldan. Paradójicamente – tratándose de un gobierno que se define, en palabras del Presidente de la República, como antioligárquico y antiimperialista – la iniciativa respecto al modelo económico y la inserción internacional ha estado, en forma permanente, en manos de quienes propugnan una profundización del modelo de mercado, atraer inversiones extranjeras y alcanzar el mayor nivel de apertura externa posible.

No puede, ni debe, desconocerse que las políticas desarrolladas por el gobierno en las relaciones laborales – consejos de salarios, fuero sindical, derogación del decreto que impedía las ocupaciones – han fortalecido al movimiento sindical y reducido las asimetrías del trabajo respecto al capital. En los hechos, ese poder sindical fortalecido es uno de los principales obstáculos que tiene ante sí el equipo económico para implementar sus políticas de liberalización. El PIT-CNT, en su último Congreso, resolvió «actuar con todas sus fuerzas para generar las condiciones sociales y políticas para que se implemente un nuevo modelo económico (…); el «país productivo» es incompatible con el tratado de protección de inversiones, firmado con EEUU el año pasado en Mar del Plata y, más aun, con un tratado bilateral de libre comercio con los EEUU (…); es fundamental fortalecer el Mercosur como camino a la unidad sudamericana, objetivo histórico del movimiento sindical». En ese sentido, la marcha contra la presencia de Bush en nuestro país, impulsada por el PIT-CNT, implica en los hechos un cuestionamiento al modelo económico predominante, porque no se puede separar el tipo de inserción internacional de dicho modelo.

Que la iniciativa en un gobierno progresista la tenga un equipo económico que pretende profundizar el modelo que, con variantes, se viene implementado desde mediados de los setenta ­ solo es explicable si se reconoce que: a) la derrota electoral de los partidos políticos, Nacional y Colorado, que gobernaron Uruguay desde 1985 a 2005 – como consecuencia de los resultados desastrosos de sus políticas que implicaron un aumento sustancial de la pobreza y la indigencia – no implicó una capitulación ideológica de la ortodoxia económica y el pensamiento único; b) la fuerza política que triunfó en las elecciones de 2004 desdibujó su programa histórico de cambios en el marco de una estrategia «realista» que incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político y la designación, en Washington, de un ministro de Economía que daba garantías al capital para obtener el respaldo del poder económico nacional y transnacional.

La conducción económica impulsa cambios institucionales que son funcionales a la penetración del capital transnacional y tiene el respaldo de los partidos de centro y de derecha, de los medios de comunicación y de buena parte de las cámaras empresariales. No puede ignorarse, además, que en el período neoliberal se fortaleció el poder del capital y se debilitó el poder del Estado. Para estos sectores el acercamiento a los Estados Unidos, sea o no sea a través de un TLC, implica tratar de garantizar el predominio de las reglas del mercado en el marco de una inserción capitalista subordinada.

Por otra parte, debe reconocerse que la viabilidad de superar los problemas de escala, y también los tecnológicos, a través del actual proceso de integración regional ha mostrado graves limitaciones. La recreación de relaciones de dependencia al interior del bloque y la falta de una institucionalidad que proteja a los países más débiles de la discrecionalidad de los más poderosos, marcan con enorme claridad la dificultad para lograr una inserción internacional que posibilite un proceso de desarrollo productivo incluyente, socialmente justo y políticamente democrático.

Pese a muchos ponderables discursos a favor a la «unidad latinoamericana» se ahondan las diferencias entre los países de mayor magnitud respecto a aquellos más pequeños o de menor poder económico, sin que existan medidas efectivas que contrarresten las asimetrías. Los avances políticos del Mercosur, como el rechazo al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata (2005) y la incorporación de Venezuela como miembro pleno en Córdoba (2006), no han sido acompañados de mejoras sustantivas en las relaciones económicas.

A pesar de las carencias señaladas, el Mercosur, por su carácter políticamente pluralista, favorece que cada país adopte la estructura institucional y la estrategia de desarrollo que crea conveniente, en cambio los acuerdos que proponen los Estados Unidos van atados a cambios institucionales que profundizan el papel del mercado en detrimento del Estado.

El Mercosur habilita, en nuestro país, el mantenimiento de la disputa interna por un cambio de modelo económico y una estrategia de desarrollo que impulse el país productivo con justicia social y, a nivel regional, permite trabajar en dirección a la construcción de una verdadera integración económica al servicio de los intereses de nuestros pueblos, lo que implica avanzar hacia un horizonte socialista. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (Rediu)