Jóvenes de la Colonia Berro acusaron de maltratos y sobornos a trabajadores destituidos

«En una abrieron la celda y Daniel Núñez apenas entró le dio un piñe a (…) que le partió el ojo. Después siguieron conmigo. Además de Núñez entraron los dos Márquez, pero el que me pegó fue Alberto, me llevó contra un rincón y me empezó a dar. Me daba con los puños cerrados en todo el cuerpo, yo me agaché y ahí me empezó a pegar patadas, se ensañó conmigo. Después nos dejaron en bolas toda la noche».

Esta declaración fue formulada, hace poco más de un año, por uno de los adolescentes que estaban internados en la Colonia Berro -más precisamente en el hogar Ser- el 14 de abril de 2003. Aquella jornada -quizá una de muchas- varios jóvenes de la Colonia Berro recibieron, según sus declaraciones posteriores, una brutal golpiza por parte de algunos de sus educadores.

El episodio se inició ante el traslado de un adolescente desde el local Piedras. El chico contó, en investigaciones posteriores, que «por pedir cosas», uno de los funcionarios destituidos posteriormente -Daniel Núñez- «se quemó todo» y entró a su pieza junto a otros instructores. En ese momento se inició el caos que, tiempo después, llevó a que se sumariara a tres educadores de la Colonia Berro: el ya mencionado Núñez, Carlos Márquez y Luis Mareco.

«El Daniel Núñez me pegó terrible piña en la carretilla», cuenta el joven trasladado desde el centro Piedras. «Después cerró la puerta y se fue. A los cinco minutos vinieron el Daniel, Márquez, el Mareco (…) Cuando entraron me sacaron de la pieza y me llevaron para el uno (nivel uno) a palo. Al momento que me llevaron al uno pintó patotazo, me dieron entre todos los que nombré. Después ellos se fueron para el dos (nivel dos) y dejaron en bola a todos los gurises». El chico afirma que recibió «todo» tipo de golpes. «El Núñez era el que me pegaba patadas y me hacía llaves de karate, porque es karateca. Los otros me tiraban guantazos de todos lados».

 

Historia de un sumario

La gravedad de la situación determinó que los tres funcionarios fueran sumariados y separados de sus cargos en noviembre de 2004. Seis meses después aún no se habían reunido pruebas suficientes, por lo que los trabajadores volvieron a desempeñar tareas en el instituto, aunque en cargos en que no tuvieran contacto directo con los menores de edad que atiende la institución.

En julio de 2005, el nuevo directorio resolvió solicitar la destitución de los tres hombres a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONCS). Ésta se expidió poco después, declarando que el expediente tenía vicios de forma -se había incluido la opinión de un grupo de expertos de Unicef y Udelar, entre otras instituciones, recomendando la remoción del cargo de los denunciados-, y que las pruebas presentadas contra los tres funcionarios no eran concluyentes.

La decisión de la ONCS determinó que el directorio realizara una ampliación sumarial. Fue en ese momento que se recabaron nuevamente las declaraciones de los jóvenes golpeados aquella jornada de abril, ante la presencia de los abogados defensores de los funcionarios.

Las nuevas declaraciones fueron contundentes. Algunos de los jóvenes que habían negado haber participado en el hecho explicaron los motivos de sus testimonios primarios. Los resultados de esta nueva instancia llevaron a que cuatro abogados asesores del directorio de INAU coincidieran en que se debía sancionar gravemente a los tres funcionarios acusados de golpear a los jóvenes.

En diciembre pasado el directorio de INAU, basado en los resultados de la investigación, decidió destituir a Núñez, Márquez y Mareco. Poco después, el 4 de enero, el primero de ellos, de 40 años, fue procesado con prisión por lesiones personales en el Juzgado Penal de 20º Turno, una causa ajena por completo a su trabajo en INAU. Desde entonces está recluido en Cárcel Central. Curiosamente, debió ser trasladado de celda por agredir a su compañero, otro ex funcionario de INAU que se encuentra procesado.

 

A cambio de marihuana y alcohol

Varios de los jóvenes que estuvieron presentes en los sucesos de Ser fueron interrogados en diversas oportunidades por los investigadores del caso. En algunas de ellas demostraron contradicciones en sus versiones; algunos de ellos negaron, incluso, haber recibido malos tratos por parte de los funcionarios hoy destituidos. Tiempo después, cuando la investigación se reabrió a causa de las observaciones formuladas por la ONSC, algunos de ellos explicaron por qué cambiaron sus declaraciones.

«…Me sobornaron para que no dijera nada», dijo uno de ellos, declaración que hoy se encuentra en el Departamento de Sumarios de INAU. «El Mareco me entraba whisky y alcohol rectificado, todos los domingos, lo hacía en una botella de agua jane. (…) me entraba marihuana. Ese mismo turno me sacaba en la camioneta y me llevaba a Pando para que yo comprara o tomara alcohol ahí. Esto lo hacía Mareco (…) cuando los Márquez no estaban o iban a reforzar otro hogar. Lo que decían era que me llevaban a la clínica de Pando, pero eso era mentira. ¿Cómo los iba a denunciar si me tenían como un rey? Ellos estaban cagados por si yo le decía a mi familia que me habían pegado, por eso me tenían como un rey, después que nos mataron a palo. Ahora lo digo porque ya estoy afuera y no voy a volver ahí y no quiero que a los pibes que están los verdugueen». Otros chicos cambiaron sus declaraciones cuando fueron interrogados por escrito y no en situación de «urgencia», es decir, en el entorno del servicio investigado.

Las revisiones físicas de los jóvenes se llevaron a cabo entre siete y ocho días después de los sucesos. De hecho, la investigación del caso sólo comenzó por entonces. No se les encontraron golpes que probaran haber recibido una golpiza. La directora de la División Apoyo Técnico del instituto aclaró, en el marco de las averiguaciones sobre el hecho, que los hematomas se recuperan en menos de cinco días «en todos los casos», lo que explicaría que en la pericia médica no se hayan constatado «lesiones traumáticas actuales». El directorio de INAU entendió que las pruebas eran suficientes como para determinar la destitución de los tres funcionarios.

 

Posición del gremio

Joselo López, presidente del sindicato de trabajadores de Inau, asegura que la destitución de los tres funcionarios es «arbitraria», y que el proceso se realizó sin garantías.

«La ONSC declaró que el expediente no era concluyente, y aun así el Directorio los destituyó. Queremos que al menos vuelva a esa oficina, porque de lo contrario no tenemos garantías», dijo López. Además de considerar que las acusaciones contra Núñez, Mareco y Márquez no se pueden comprobar, el presidente del gremio aseguró que la política de Recursos Humanos de INAU «es deficitaria». Advirtió que, de los 12 funcionarios destituidos por el nuevo directorio, el sindicato que preside sólo reclama el reintegro de estos tres, uno de los motivos principales de la instalación de una carpa en Av. 18 de Julio y Vázquez. Hoy, los funcionarios de INAU se concentrarán allí a la hora 15.00.