Escrito por: LUIS OVIDIO VEGA MILANO - PAYSANDU
Richard Quintana es sanducero, casado y con dos hijos. Parte de su familia vive en Estados Unidos. En diálogo con LA REPUBLICA comentó que, después de las manifestaciones de los latinoamericanos reclamando al Congreso norteamericano una ley de residencia temporaria de tres años, renovables por tres más, la represión policial ha sido “brutal”.
Cientos de inmigrantes ilegales arrestados la semana pasada durante una de las mayores operaciones policiales en la historia del país han sido deportados, aunque algunos están detenidos para enfrentar posibles cargos penales.
Quintana dijo que es consciente de todos los riesgos que corre su familia y los miles de compatriotas ilegales radicados desde hace varios años en Estados Unidos, y se refirió, concretamente, a un artículo del diario “New Herald”, que revela detalles al respecto.
Las autoridades federales anunciaron los resultados de una serie de redadas efectuadas durante una semana en la zona metropolitana de Los Angeles, dirigidas contra inmigrantes ilegales que anteriormente habían sido deportados por delitos o que ignoraron las órdenes de deportación. Un ejemplo es el operativo especial mediante el cual la Policía ingresó a un frigorífico donde trabajan cientos de ilegales latinos y arrestó a la gran mayoría, aunque algunos lograron escapar.
De las 761 personas arrestadas desde el 17 de enero en una región que abarca cinco condados, más de 450 ya han sido expulsadas del país, según informó la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Más de la mitad de los arrestados en las redadas serán puestos a disposición de las autoridades federales, señaló un funcionario de la ICE. Sin embargo, cuando menos una persona enfrenta cargos penales, en lugar de sólo estar sujeta a los procedimientos civiles de deportación.
Aunque la ley federal considera un delito el entrar ilegalmente al país, sólo una fracción de las decenas de miles de inmigrantes ilegales detenidos cada año son enjuiciados bajo el código penal. Simplemente no hay suficientes agentes, fiscales y espacios disponibles en las cárceles.
Por lo tanto, las autoridades van en busca de personas que cometieron delitos graves, cuyos antecedentes penales combinan deportaciones con declaraciones de culpabilidad por delitos como agresión, homicidio y narcotráfico.
“Tenemos que concentrarnos en los peores de los peores”, dijo Jim Hayes, director de la oficina del ICE en Los Angeles. “No podemos enjuiciar a todos y cada uno de los individuos con los que nos topamos”.
Las redadas representan un operativo en gran escala dentro de la “Operación devolver al remitente”, una serie de medidas enérgicas que han dado como resultado 13.192 arrestos en todo el país desde fines de mayo. Las autoridades migratorias también han identificado a 3.000 internos en cárceles estatales y locales que serán deportados. La ICE asegura que aproximadamente 600.000 inmigrantes ilegales que han ignorado las órdenes de deportación siguen prófugos, señaló Virginia Kice, portavoz de la agencia.
La noticia de los arrestos en el establecimiento Smithfield Foods Inc. del miércoles anterior corrió como reguero de pólvora, provocando pánico en los trabajadores ilegales. La mayoría de los limpiadores del turno de la madrugada no se presentaron a sus puestos de trabajo. Eso hizo que los trabajadores que llegaron por la mañana limpiaran la gran planta, paralizando la producción matutina.
Cerca de 5.000 empleados procesan hasta 32.000 cerdos cada día en la planta del pueblo de Tar Hill.
Los trabajadores arrestados, cuyos nombres y edades no se revelaron, fueron detenidos en la planta luego de que agentes de la ICE los interrogaran en una sala de conferencias.
Los trabajadores fueron arrestados por cargos migratorios administrativos, entre ellos vivir ilegalmente en el país o quedarse tras haber expirado su visa.
LA REPUBLICA dialogó con Olga, una sanducera deportada desde Carolina del Sur que vivió 43 días en las cárceles de Charleston y Alabama. Por primera vez en su vida tuvo que convivir con convictos comunes. “Viví una experiencia que no le deseo a nadie”, dijo Olga.
Como otros compatriotas sin trabajo, Olga partió con su esposo para buscar un futuro mejor. En Uruguay él ejercía como profesor, aunque tenía muy pocas horas asignadas en los liceos de Paysandú. En Estados Unidos le tocó trabajar como peón de la construcción. Ella salió de Paysandú embarazada, y dio a luz a John, ciudadano legal norteamericano. En sus primeros tiempos se dedicó a cuidar a su pequeño hijo. Después de varios trabajos consiguió un puesto de encargada de un supermercado. Sin embargo, un cierto día los propietarios les indicaron a ella y a otros latinos que al día siguiente no fueran a trabajar, ya que las autoridades de Inmigración llegarían a controlar “a todos los trabajadores”.
Olga se comunicó telefónicamente con cientos de uruguayos para advertirles que no fueran a trabajar y se marcharan de sus domicilios, en lo posible a otros estados, hasta que todo pasara.
No obstante, Olga no tuvo en cuenta su propio consejo, y fue arrestada en su domicilio, ante la atónita mirada de su hijo de cuatro años y su esposo. Pasó 30 días en la cárcel de Charleston y 13 en Alabama. Dice haber soportado “un trato cruel, inhumano y degradante”, que define como “un paso atrás en el respeto a los derechos humanos”.
“Hemos documentado muchos casos como este en las cárceles de Estados Unidos. A menudo a los presos se les ponen grilletes cuando los trasladan o se desplazan por la prisión, a pesar de que esta práctica está proscrita por las normas de Estados Unidos”, dijo Olga.
El día de las redadas, los agentes preguntaron a los trabajadores si tenían niños. Muchos mintieron y dijeron que no, por temor a que se los separara de sus hijos.
Olga obtuvo la libertad pero fue deportada con otros compatriotas. Sólo le permitieron hablar con su hijo y su esposo telefónicamente. Después de intensos trámites por medio de abogados, su hijo pudo viajar a Paysandú, donde se encuentra hoy junto a ella. Mientras tanto, el esposo de Olga continúa en Carolina del Sur.
El niño, por ser ciudadano legal, puede ir a visitar a su padre, pero Olga tiene pena de ingreso por cinco años.
Es una familia desintegrada, a la espera de una reforma migratoria. *
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