La ley y el (des)orden

Escrito por: CONSTANZA MOREIRA (*)

El libro “La República”, de Platón, uno de los textos más antiguos de política que se conocen, comienza con una discusión sobre el significado de la idea de justicia. Sócrates propone a los sofistas indagar sobre el sentido de la justicia y la ley. Uno de ellos da la primera respuesta, contundente. La justicia, dice, no es sino “la ley del más fuerte”. Con ello, consagra una suerte de sentido común universal, que cree que la política no es más que un conjunto de mecanismos para que el poder de los más fuertes se reproduzca y perpetúe.

Otro de los convidados a esta discusión, sin embargo, ofrece una interpretación distinta. Argumenta que las leyes existen para proteger a los más débiles. Los más fuertes, afirma, no precisan ley alguna. Tienen la fuerza para imponer su voluntad. Todo el resto del tratado de Platón se basa en un análisis sobre el orden político y las leyes, que tiene como fundamento este principio básico: las leyes protegen a los que no tienen poder.

Cuando el gobierno del Frente Amplio consagra un ámbito negociador para que empresarios y trabajadores diriman sus conflictos o aprueba la ley de fueros sindicales, lo hace siguiendo el principio básico de que la ley protege a los más débiles. Son los sindicatos los que precisan el ámbito de la negociación, no los empresarios. De hecho, y después de desmantelados los Consejos de Salarios que se reinstalaron a la salida de la dictadura, los sindicatos quedaron a merced de un vacío legal y, sobre todo, carentes de un ámbito negociador donde hacer sentir sus demandas. La situación, claro está, no favoreció a los trabajadores en general, pero sí a los empresarios.

Esta situación se dio en toda América Latina. Durante la década de 1990 el informe “La democracia en América Latina” del Pnud (2004) muestra que en toda la región retrocedieron los derechos de los trabajadores y, en cambio, mejoraron los derechos de los empresarios. Las reformas tendientes a impulsar la “flexibilización laboral” fueron parte de un discurso que justificó la misma como un instrumento para abatir la desocupación. Pero más allá de la lesión que provocó esta estrategia sobre los derechos de los trabajadores, la situación laboral empeoró en casi toda la región.

La situación laboral de los trabajadores está directamente vinculada a los derechos de los mismos para organizarse colectivamente. Cuando los trabajadores no tienen capacidad para organizarse colectivamente en defensa de sus intereses, y tampoco un ámbito de negociación donde demandar, su situación empeora. Esta es una de las razones por las cuales las dictaduras, en general, tienen resultados regresivos en materia de distribución del ingreso. Al ilegalizar a las organizaciones sindicales e impedirles actuar colectivamente, privan a los trabajadores del principal medio con el que pueden mejorar su situación.

Los empresarios han sido en general, con diferencias entre ellos, reacios a integrarse en organismos negociadores. Durante la experiencia de la Concertación (Conapro) a la salida de la dictadura, fueron los primeros que abandonaron la mesa de negociación. También lo hicieron cuando la instalación de los Consejos de Salarios en la primera administración Sanguinetti. Cuando se reinstalaron los Consejos de Salarios con el actual gobierno, se avinieron a participar, pero el peso de la negociación estuvo a cargo de los trabajadores y del Estado. Recientemente se volvieron a retirar del ámbito del Compromiso Nacional, inhabilitando la discusión de una ley de negociación colectiva, a raíz de la llamada “ley de tercerizaciones” que responsabiliza a las empresas que subcontraten mano de obra, y a la iniciativa para aumentar el plazo para que prescriban los créditos laborales. Finalmente, y ante una propuesta del gobierno, se volvió a entablar el diálogo, evidenciando que pueden adaptarse a las nuevas concepciones de organización del trabajo.

Más acá o más allá de las virtudes y defectos de las leyes laborales en cuestión, se debe resaltar que un cambio político importante se está gestando en Uruguay. En primer lugar, ha aumentado el poder relativo de los trabajadores vis a vis los empresarios. Si consideramos que los trabajadores son la parte más débil de la ecuación, no es poca cosa. Ello está inscripto en el corazón de las tradiciones de la izquierda, que ha tenido en el actor sindical al principal aliado en sus luchas por la justicia y la equidad social.

En segundo lugar, ha mostrado que el Estado puede cumplir un rol en las relaciones capital-trabajo que vaya más allá del mero “arbitraje”. Puede desempeñar el rol del legislador, que, como decía Platón, crea a través de la ley límites a la imposición y la fuerza. En tal sentido, es significativa la posición con la que el gobierno ha defendido, ante las últimas controversias en el ámbito del Compromiso Nacional, su firme intención de seguir legislando.

En tercer lugar, el impacto del cambio en los mecanismos de negociación salarial, unido al aumento de los salarios mínimos, parecen haber contribuido a la reducción de la pobreza.

En cuarto lugar, estos procesos han determinado una ecuación “virtuosa” en la cual al mismo tiempo que aumenta la tasa de sindicalización, aumenta la formalización del empleo y aumenta el empleo (esto último, claro está, inducido por un importante crecimiento de la actividad económica). En tal sentido, el caso uruguayo evidencia una situación contraria a la que predicaban las posturas en pro de la flexibilización laboral: se pueden mejorar los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo incrementar el empleo.

Pero más allá del complejo derrotero que sigan estas negociaciones, han puesto en evidencia que el conflicto puede ser positivo. Maquiavelo decía que las buenas leyes nacen del conflicto. Del conflicto entre los fuertes y los débiles, entre los pobres y los ricos, entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Mientras haya desigualdad, toda armonía social será sospechosa. El “empoderamiento” de los trabajadores, de los débiles, es la única estrategia para mejorar los niveles de igualdad social. Y esto no se logrará sin conflicto. *

* Directora del Instituto de Ciencias Políticas de la Udelar