Escrito por: CONSTANZA MOREIRA (*)

Desde que el “giro a la izquierda” se ha instalado en América Latina y como reacción a él se ha tendido a hacer una distinción entre la izquierda “socialdemócrata” y la izquierda “populista”. A la primera pertenecerían los gobiernos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. A la segunda pertenecerían los gobiernos de Bolivia, Venezuela y presumiblemente el de Ecuador. De más está decir que el grupo de los primeros se lleva las palmas en la clasificación, mientras que los segundos parecerían estar bajo sospecha.
Esta clasificación es insostenible desde varios puntos de vista, pero además, conlleva una pretensión normativa indisimulable: la de diferenciar las “buenas” de las “malas” izquierdas. De más está decir que esta clasificación sólo tiende a acentuar las diferencias y por consiguiente, a reducir el impacto del “giro a la izquierda” en América Latina.
Pero esta distinción oculta una diferencia que se está volviendo crecientemente importante en el bloque de los gobiernos progresistas: la diferencia en la agenda de la política exterior. En efecto, ésta se está transformando en un parteaguas en el cual el gobierno de Chile sigue un derrotero y el resto de los gobiernos otro. ¿Qué define estos alineamientos?
En primer lugar, una postura con respecto a la integración latinoamericana en ciernes, que con el Mercosur como base intenta redefinirse en un horizonte regional más amplio, con la incorporación de nuevos países. Chile ha definido una postura de apertura unilateral con el mundo, mientras que el resto de los países mencionados, y especialmente los que integran el Mercosur, ha privilegiado la integración en bloque como estrategia de inserción internacional. La incorporación de Venezuela al Mercosur, la pretensión de Bolivia de pertenecer a los dos bloques (Mercosur y Comunidad Andina de Naciones) y el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Brasil refrendan con hechos esta estrategia.
En segundo lugar, las agendas de política exterior se expresan en los vínculos de estos países con Estados Unidos (que es un socio comercial prioritario para casi todos los países de América Latina, como lo es para Uruguay). La relación crítica con Estados Unidos defendida por los gobiernos de izquierda se basó inicialmente en una postura contraria al Alca. Tras el fracaso del Alca, la estrategia seguida por Estados Unidos fue la de la celebración de acuerdos bilaterales país a país, que definen hoy la franja del Pacífico (Chile, Perú y Colombia). Este esquema de relación dibuja una estrategia bien distinta a la seguida por los esquemas integracionistas “desde la izquierda”, y Chile está llamado a cumplir un rol de protagonismo en esa subregión.
En tercer lugar, y a partir del liderazgo de Chávez, se dibujan otros modelos integracionistas que tienden a superar tanto la visión comercialista estrecha que predominó en buena medida en el Tratado de Asunción, como la de los TLC. Estas posturas tienden a privilegiar la cooperación en infraestructura y la política energética. También se trabaja en la creación de fondos latinoamericanos para la cooperación entre países y en la búsqueda de mecanismos de complementación productiva. En este marco, los Estados latinoamericanos aparecen como un actor central de los procesos de integración. El fortalecimiento del Estado como actor estratégico se evidencia asimismo en las posturas de renacionalización de los recursos estratégicos en Bolivia, o de reestatización de empresas en Venezuela, y se está produciendo a contrapelo de todos los pronósticos pesimistas sobre los márgenes de maniobra de las economías periféricas.
¿Cómo se coloca Uruguay hoy en este contexto? Para la mayoría de los líderes blancos y colorados, y para una parte de la izquierda en el gobierno, el modelo chileno tiende a ser una expectativa de futuro posible. Para otra parte de la izquierda en el gobierno, para la mayoría de la izquierda que detenta el control del FA como partido, y para las propias tradiciones de la izquierda latinoamericanistas y antiimperialistas las tesis integracionistas abonadas por la mayoría de los gobiernos progresistas de la región son la única salida. El legado del gobierno de Jorge Batlle, con su postura crítica hacia el Mercosur y su acercamiento “carnal” a Estados Unidos, ha reforzado la primera posición. También la crisis de 2002, que puso de manifiesto la vulnerabilidad de Uruguay ante las crisis de sus vecinos, así como el apoyo directo del Tesoro de Estados Unidos a la salida de la crisis bancaria, colaboraron a lo mismo. En su debe, Estados Unidos cuenta con el hecho de que la escalada violentista del gobierno de Bush, que logró dividir a sus propios aliados en la Comunidad Económica Europea, no le ha rendido buenos dividendos en este lado del mundo. Asimismo, las posturas antipáticas del gobierno Bush con respecto a partidos y líderes que luego resultaron triunfadores en los comicios (Chávez, Ortega o Evo Morales), no le han allanado el camino.
La próxima gira del presidente Bush a nuestros países debe entenderse en este contexto. Debilitado en el Congreso, con una popularidad en caída, y enfrentado a una sucesión presidencial en la que los demócratas tienen altas chances de ganar, la visita de Bush está guiada por una preocupación básica: cómo jerarquizar los intereses políticos de Estados Unidos en América Latina, después de una andanada de elecciones en la que sus preferidos corrieron suerte adversa. Por otra parte, el liderazgo de Chávez y la virulencia de la política venezolana en relación a Estados Unidos, constituyen una fuente de preocupación constante en el gobierno del norte.
Uruguay está enfrentando un disenso muy importante sobre la orientación de su política exterior y comercial. Este disenso no sólo evidencia un parteaguas ya tradicional, que enfrenta a los partidos blanco y colorado con la izquierda, sino que además divide a la propia izquierda. Gran parte de la izquierda se manifiesta alineada al bloque progresista que, con la participación de Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia, tienden a dibujar un mapa de integración regional complejo, no exento de conflictos, pero que avanza. Pero una parte de la izquierda cree que Uruguay debe seguir su propio derrotero, al modo chileno. No faltan, claro está, los que creen que todo esto es posible, aunque esta postura, en una escenario latinoamericano que se polariza, y en un contexto doméstico crispado, encuentra dificultades para hacerse oír. Hasta ahora, y con diferencias de poder importantes entre ambas posiciones, todo esto ha estado representado en el gobierno. Dada la tradición de pluralidad de fuerzas y enfoques dentro del FA, la incorporación de unos y otros a un equilibrio de poder parece la única estrategia política verosímil. Por otro lado, y luego de las elecciones internas, el FA como partido reclama ser más consultado. Esto abona en la dirección de la mantención del pluralismo necesario. En el escenario previsto de recambios ministeriales será muy importante tener en cuenta este delicado equilibrio y no desbalancear la difícil ecuación de la que penden el éxito y la legitimidad de la estrategia del gobierno del FA. *
(*) Directora del Instituto de Ciencias Políticas de la Udelar
* La contratapa de los lunes ha sido escrita desde 1999 por Hugo Cores. La ausencia de su pluma es notoria para muchos lectores. Hemos solicitado a Constanza Moreira que haga suyo este espacio durante el corriente año.
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