Las responsabilidades del que se va

El pasado lunes LA REPUBLICA publicó un artículo del corresponsal Gabriel Monteagudo sobre el caso de Marcelo Javier Barrios Cabrera, un compatriota expulsado por el gobierno español, que aún no ha abandonado aquel país. Luego de permanecer dos años sin papeles en Vigo, la policía gallega lo detuvo en la calle para pedirle los documentos y constató su situación ilegal. Después de ese episodio llegó la carta formal de expulsión. Cuando Marcelo Barrios se comunicó con el Mrree, la respuesta fue correcta pero inútil: «Al cónsul le mandé mi caso por fax: me trató muy bien, pero nada más». Actualmente, el compatriota se encuentra apelando la decisión a través de un recurso de reposición ante el Gobierno español. En caso de ser necesario, afirma que hará lo mismo frente al juzgado de Pontevedra.

 

Respuesta ministerial

«Es un error pensar que el Estado uruguayo es responsable de quienes se encuentran situaciones como la de Britos», afirmó el embajador Alvaro Portillo, director general de Asuntos Consulares y Vinculación con los Uruguayos en el Exterior (DGCV), más conocido como Departamento 20. «Desde el Ministerio únicamente podemos asegurarnos de que la persona reciba un buen trato y tenga la libertad y el derecho de comunicarse con sus familiares y seres queridos, pero el resto no nos corresponde», dijo Portillo. A eso se refería exactamente Marcelo Britos cuando señalaba que la atención del cónsul fue correcta, pero que no habían intentado resolver su situación. Por otra parte, Portillo indicó que existen asociaciones dentro de España que pueden apoyar a los emigrantes ilegales, asesorándolos en forma gratuita. De hecho hay muchos grupos de uruguayos en el extranjero preocupados en colaborar en la resolución de este tipo de problemas.

 

Convención de Viena

El embajador destacó que hay límites que regulan las relaciones consulares, acordados por la Convención de Viena de 1963. Allí se decidió que los Estados se reservan el derecho de establecer sus propias normas y costumbres en materia migratoria. A raíz de esto resulta difícil para las autoridades ministeriales llevar a cabo la defensa de sus ciudadanos en otros países. A esto se suman ciertos hechos, tales como los atentados terroristas y el exceso de inmigrantes, que han fortalecido las barreras migratorias en los países más poderosos, particularmente los que integran la Unión Europea y Estados Unidos. Las condiciones para traspasar las fronteras son cada vez más exigentes, y las autoridades extranjeras tienen cada vez más argumentos para establecer quién puede permanecer en sus países y quién no.

 

Campaña de comunicación

«Los medios de comunicación deberían advertir a la población que la responsabilidad de que un compatriota sea expulsado de otro país no recae en el Estado, sino que es un riesgo que asume la propia persona al tomar la decisión de emigrar», enfatizó el director del Departamento 20. Aclaró que casos como el de Marcelo ocurren todos los días, sobre todo en Estados Unidos, que junto a España es de los «destinos más ansiados» para los uruguayos que emigran, aunque también se encuentran entre los que tienen controles más rigurosos.

 

Ley nacional

 

En cuanto a la Ley de Migración vigente en nuestro país, la legislación ha realizado un estudio completo que está siendo revisado en la Presidencia de la República para que luego sea discutido en las diferentes cámaras. La modificación pretende ajustar la antigua ley a la realidad que actualmente vive nuestro país, aunque todavía no hay novedades por parte del gobierno. *