Serpaj propone clases de derechos humanos para la Policía

La organización de derechos humanos Serpaj (Servicio Paz y Justicia) sostuvo durante años que en nuestro país, durante la dictadura e incluso antes, se aplicó sistemáticamente la tortura, ya fuera para obtener información de los detenidos o simplemente para menoscabar su calidad humana. Hoy la afirmación no causa asombro, pero el tema, de varios modos, sigue pendiente en tiempos de democracia. Serpaj asegura que las torturas no han desaparecido del país, trasladándose básicamente al entorno policial, que heredó la conducta. La organización ha establecido esta lucha como una prioridad.

«Hemos resaltado durante años que no sólo hay que establecer el delito de tortura como sanción para aquel que inflige malos tratos a los detenidos, sino que también se hace necesario erradicar este flagelo mediante debates nacionales de educación», aseguró el abogado especializado en derechos humanos de Serpaj, doctor Guillermo Payssé. Según la organización para la que trabaja, es preciso que todos tomemos conciencia de esa práctica que sufrieron frecuentemente los presos políticos.

En el libro Uruguay: Nunca Más, que publicó Serpaj, una encuesta revela que sólo el 1% de los varones y el 2% de las mujeres que estuvieron presos durante la dictadura manifiestan no haber recibido malos tratos durante su detención.

«La tortura dejó de ser un hábito de militares para transformarse en uno de policías», explicó el abogado de Serpaj. «En democracia era de prever que sería muy difícil que los presos comunes no fueran sometidos a esos procedimientos, que se transformaron en habituales en los interrogatorios y en las cárceles».

Para Payssé, todavía quedan en nuestro país vestigios de la dictadura. Uno de ellos se comprueba diariamente en las denuncias de malos tratos en los juzgados que presentan muchos detenidos, tanto menores de edad como adultos. El abogado admite que no existen estadísticas fidedignas sobre este tema, pero que la cantidad de denuncias presentadas en las seccionales policiales al respecto habla por sí sola.

El objetivo más evidente de esta irregularidad es obtener la confesión de los delitos por parte de los sospechosos, pero Payssé refuta esa idea, aclarando que una confesión no tiene valor por sí misma ante un juez.

«Se necesita otra serie de pruebas para hacer de un sospechoso un culpable, más allá de que confiese», dijo el abogado.

La razón es evidente: cualquier persona, aunque no haya cometido un crimen, es capaz de admitir que es culpable, con tal de que el dolor que le infligen cese. Por eso la Justicia requiere otro tipo de evidencias, como el reconocimiento del sospechoso por parte de testigos directos del crimen, o el hallar en manos del acusado pruebas claras del delito, como una parte del botín o un arma, sólo por citar dos ejemplos.

«Los funcionarios policiales necesitan una formación en derechos humanos mucho mayor de la que hoy tienen», sostuvo el abogado, quien añadió: «Los jerarcas tienen que sentir claramente que las personas detenidas en cualquier clase de establecimiento no pueden ser sometidas de ninguna manera a tratamientos degradantes».

 

Educar y debatir

Serpaj considera que una de las claves de este tema es la educación de los funcionarios que tienen la difícil tarea de custodiar personas, para que lo hagan «siempre con un trato digno, respetuoso de los derechos humanos», insistió Payssé.

El abogado reclama medidas concretas para transformar radicalmente esta situación: «Me parece que en este país no ha existido un debate sobre lo que fue la actuación policial en la época de la dictadura, y eso se vincula directamente con el mal desempeño de algunos policías de hoy en día. Aquí entra en juego la formación del funcionario, quien debe tener conciencia de que los sospechosos son individuos iguales a él y no ‘pichis’, como despectivamente se les llama».

A pesar de este énfasis, Payssé no espera que los desvíos policiales se extingan, pero reclama que deben convertirse en excepcionales.

La investigación policial de un delito debe pasar simplemente por obtener elementos probatorios para el juez del caso. «Hay que tener en cuenta que la confesión, antes la prueba madre por excelencia, ahora no tiene peso único para definir un juicio», recalcó el entrevistado. De esta forma la preparación del funcionario policial para poder investigar adecuadamente pasa a ser fundamental.

«Estos temas se deben reiterar una y otra vez, para generar conciencia en materia de derechos humanos. Así se va a dignificar la función policial, y ya no se generarán las dudas que surgen en la población teniendo en cuenta los antecedentes de maltrato», sostuvo Payssé, quien concluyó con determinación: «Cuando algún funcionario cometa excesos, se va a encontrar con que la nueva legislación (ver recuadro) pena gravemente las torturas». *