La urgencia en los casos de violencia doméstica
Lo bueno del verano es que las personas pueden permanecer esperando al aire libre sin pasar frío ni exponerse a una gripe. Esa es la sensación que despierta cuando alguien pasa antes de las 9:00 de la mañana frente a la puerta del Juzgado de Violencia Doméstica, ubicado en Av. Rondeau 1726 entre La Paz y Valparaíso. La espera fuera de la dependencia del Poder Judicial terminó cuando una señora, con un tono bastante impertinente, abrió la puerta principal y gritó: «Pueden pasar haciendo una fila por estricto orden de llegada». La gente, desobediente, se agrupó independientemente del orden fijado, y la señora comenzó a indicar a cada uno dónde debía dirigirse, de acuerdo al problema que cada interesado planteara.
Una chica rubia, ojerosa y muy delgada fue dirigida a Defensoría; una señora que estaba acompañada por su hijita, cuya cara apenas se distinguía entre los rizos negros, y una mujer de tez oscura que esperaba desde hacía pocos minutos también fueron a parar al mismo lugar. Cuando comenzó el movimiento de jueces, fiscales, defensores y técnicos, la sala de espera en el sector de Defensoría se convirtió en algo así como un mercado repleto de gente, donde chocaban unos con otros. Las personas interactuaban entre sí, e incluso era posible participar y opinar de las desgracias de los demás.
En conjunto
La dependencia del Poder Judicial cuya extensa denominación es «Familia especializada en violencia doméstica y código del niño y adolescente en caso de riesgo» trabaja con menos de nueve defensores, y atiende más casos de los que da abasto, no sólo por la cantidad de funcionarios, sino también considerando el espacio físico disponible.
Si bien el edificio ha sido reestructurado hace poco tiempo y el aspecto del lugar está bastante cuidado, la falta de espacios para atender y asesorar a todos los implicados es notoria. Eso quedó en evidencia cuando llegó el marido de la chica rubia ojerosa, y ambos fueron citados para conversar con dos funcionarias una defensora y una fiscal en un escritorio ubicado en la propia sala de espera, a pocos metros de la gente.
Allí, frente a todos, ella descubrió su hombro para mostrar un moretón violeta en su espalda. Durante la discusión él acusaba a la chica de querer matarlo con una cuchilla, y la muchacha alegaba que se había defendido, mientras era golpeada. Los dos hablaban con tanta seguridad que, a simple vista, era imposible para el «público» presente determinar quién tenía razón.
Claro está que saber quién decía la verdad era un problema que le correspondía únicamente a las funcionarias judiciales, no a cada uno de los espectadores. Tampoco era necesario que vieran los golpes que había recibido la muchacha, ni que escucharan el llanto de su hijo, a quien la pareja prefirió tener en brazos en lugar de dejarlo en la guardería del Juzgado mientras durara el trámite.
La discusión familiar fue interrumpida por muchas personas; una de ellas era el padre del joven, quien alentaba a su hijo como desde una tribuna. Pero él no fue el único. La mujer de tez oscura se acercó al grupo para acercar unos papeles a la defensora; un señor aprovechó la interrupción para plantear a la funcionaria el problema que tenía; sobre el fondo de la escena, la niña de rizos negros lloraba a los gritos, hasta que la defensora habló con su mamá para que la llevara a la guardería y así poder trabajar más tranquilos.
Entre tanto, otra asistente conversaba en una silla a pocos metros, con una adolescente que denunciaba a su madre por maltratos hacia ella y su hermana menor. A su vez los pocos escritorios existentes estaban ocupados con defensores que resolvían otros casos.
Un trabajo difícil
«El ritmo de trabajo todos los días es igual,» declaró a LA REPUBLICA un funcionario del Juzgado. «Es muy estresante y desorganizado. Por otra parte, al no contar con escritorios y equipamiento adecuado, no podemos tomarnos el tiempo suficiente para hablar con la víctima y asesorarla como debería ser», agregó.
Además de la falta de espacios para conversar en privado con los involucrados en las denuncias recibidas, son necesarias otras mejorías que permitan agilizar el trabajo de real emergencia. La fuente consultada declaró: «Un aspecto fundamental que debe mejorarse en el trabajo con casos de violencia doméstica es el poder dar una respuesta a los denunciados que abandonan sus hogares, ya que son simples trabajadores que no tienen adónde ir. Son ciudadanos con conducta peligrosa, que después no tienen ni dónde bañarse. Entonces, además de ser personas violentas, pasan a vivir en la calle».
Otra de las carencias de la institución estatal se refiere a las denuncias sobre situaciones de riesgo para los niños y adolescentes. «Es necesaria una mayor coordinación con el Inau (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay), a los efectos de determinar rápidamente qué hacer con los chicos y agilizar las situaciones de emergencia», afirma el funcionario entrevistado, quien planteó además su preocupación por el seguimiento de cada caso: «Si bien nosotros resolvemos las situaciones de emergencia, sería productivo que se hiciera un seguimiento de las denuncias, sobre todo de las de violencia doméstica, porque le prohibimos al agresor que se acerque a la víctima, pero luego desconocemos cómo termina el caso. Resulta que el final no siempre es bueno». *
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