Gremio de funcionarios de Asse rechaza despido de 36 trabajadoras de Infamilia

La Asociación de Funcionarios de Asse ­dependencia del Ministerio de Salud Pública (MSP)­, mediante un comunicado público firmado por su presidente, Luis Pérez, rechaza el despido de 36 trabajadoras que se desempeñan como «Agentes de Seguimiento», dentro del programa Infamilia que funciona dentro de la mencionada cartera.

Estas funcionarias son dependientes de la Comisión de Apoyo (CA) UE 068, y a su vez trabajan para el MSP u otro organismo público dentro de las normas establecidas.

Informalmente las autoridades de dicho programa han dispuesto su cese con fecha 31 de diciembre, sin mediar conocimiento de la contratante (CA) y sin que esta les comunicara formalmente a las trabajadoras.

Por tal motivo, representantes de Afasse mantuvieron una reunión con el director de dicha dependencia ministerial, Tabaré González, el que alegó ante ellos desconocimiento de tal medida.

Dicha situación se genera a partir de la aprobación del Art. 292 de la Ley de Presupuesto, donde se crean 36 cargos presupuestados para el antes dicho programa, sin tener en cuenta que actualmente las trabajadoras se desempeñaban como dependientes y no con contrato a término como fueron en un principio.

Ante esta situación, Afasse propuso que se las mantuviera como actualmente se encuentran, dependientes de CA, y que dichos cargos «cesarán al vacar», procediéndose a su posterior presupuestación, siendo esta una «salida lógica» que no afecta ni al servicio ni a sus actuales funcionarios, los cuales han realizado méritos suficientes y disponen de sus cargos luego de haber concursado, explicó Pérez.

«No se puede tolerar, por parte del Poder Ejecutivo (PE), la falta de respeto y destrato dado a estas trabajadoras, en tal informalidad, donde el patrón aún desconoce el cese otorgado por una dependencia del MSP, además del desconocimiento a nuestro sindicato», agrega.

Desde el gremio aseguran que importa recalcar que más de un 40% de los funcionarios dependientes de la CA están en situación igual o semejante. «El PE no se puede adjudicar el derecho de cesar a quienes cuando se les requirió sus servicios estaban dentro de la ‘legalidad’ establecida y hoy mediante la presupuestación se los obliga a optar o a un despido», aseguran los gremialistas.