Villarmarzo: "En leyes de desarrollo territorial estamos 50 años atrasados"

La iniciativa, que ahora está a consideración del Senado, consta de dieciséis páginas de Exposición de Motivos, y otras cuarenta y dos que contienen los ochenta y siete artículos del Proyecto de Ley denominado: «Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible». Se trata de un asunto considerado estratégico por el gobierno. En la reciente reunión que el Presidente de la República mantuvo con los legisladores del Frente Amplio, con la presencia de todos los ministros y directores, Tabaré Vázquez incluyó este proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, entre los más importantes. El arquitecto Villarmarzo cuenta con una vasta experiencia en este tema. Fue director general de Acondicionamiento Urbano en la Intendencia Municipal de Montevideo, de su colega Mariano Arana. En la década de los cincuenta trabajó en la CIDE y tiene actuaciones en organismos internacionales. Nos explica con algunos ejemplos concretos los objetivos de este Proyecto de Ley.

 

Los asentamientos en predios privados

Uno de ellos es lo que viene sucediendo con los asentamientos irregulares, donde viven casi doscientas mil personas. El Mvotma está llevando a cabo el Programa Integral para ese sector, por el cual se persigue regularizar los cuatrocientos sesenta y cuatro núcleos de conglomerados de viviendas precarias que existen en nuestro país. Resulta que el cuarenta por ciento de esos asentamientos está implantados en terrenos de propiedad privada y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes el Estado no puede hacer allí nada sin el acuerdo previo del propietario del predio. Al Mvotma no le queda otro camino que promover la expropiación del predio para poder ejecutar cualquier plan de mejoras en esos terrenos. Se ha comprobado que la invasión de algunos de esos grandes predios privados se ha hecho con la «vista gorda» o incluso con el acuerdo del dueño, que no corre ningún peligro inmediato en sus derechos de propiedad, en razón de que, de acuerdo con la normatividad vigente, deberán transcurrir no menos de treinta años para que los ocupantes irregulares adquieran el derecho de propiedad. En ese prolongado lapso, el Estado, si es que quiere regularizarlo, deberá proceder a su compra, y el dueño habrá de recibir la compensación correspondiente, que en muchos casos resulta mucho mayor que el precio que hubiera obtenido el propietario de haber enajenado el bien antes de su invasión y poblamiento.

 

Ya no tendrán tanto plazo

El proyecto de ley a consideración del Senado disminuye sustancialmente el plazo de prescripción de treinta años, llevándolo a sólo cinco. De modo que el propietario que quiera especular buscando una expropiación corre el peligro de que los ocupantes irregulares se hagan propietarios en ese lapso de cinco años. Ya no tendrá treinta años para consumar la maniobra especulativa. Villarmarzo nos explica otro aspecto de este mismo tema de los asentamientos irregulares. Sucede que, de acuerdo con la actual legislación, únicamente quien demuestre ser el propietario de una ocupación ilegal, y si el dueño, por lo que se señalaba anteriormente, no tiene interés en efectuar la denuncia, ni el Ministerio ni la Intendencia podrán hacer nada. El proyecto de ley cambia esto radicalmente: cualquier autoridad o persona podrá hacer la denuncia de ocupación ilegal y el juez estará obligado a actuar en consecuencia.

 

Disposiciones más severas

El proyecto de ley a consideración del Senado permite declarar de «interés público» un predio reduciendo drásticamente el plazo para la adquisición por parte del Estado, lo que habrá de contribuir a la conformación de una «cartera de tierras» que tanto reclaman las cooperativas de vivienda. El proyecto dificulta también el «atesoramiento de la tierra» en perjuicio de las necesidades sociales, pues habilita que esas tierras pasen a dominio público, cumpliendo el Estado los correspondientes requisitos compensatorios.

La iniciativa de ley establece asimismo disposiciones más severas para autorizar fraccionamientos, modificando la ley de Centros Poblados, que ya tiene una antigüedad de sesenta años. Sucesivas «excepciones» aprobadas por las Juntas Departamentales dieron lugar a la proliferación de las denominadas «villas» a lo largo de las rutas cercanas a Montevideo, carentes de los servicios más elementales, como agua, luz, saneamiento, pavimento, transporte, centros de salud, de enseñanza y de seguridad. El proyecto de ley impedirá que ello pueda repetirse.

 

Catastro y bienes nacionales

El proyecto es fuertemente descentralizador. Los planes nacionales deberán respetar los proyectos de ordenamiento territorial aprobados por las autoridades locales. Hasta ahora, únicamente el Departamento de Montevideo y el de Paysandú, y la ciudad de Young en el Departamento de Río Negro cuentan con planes sobre el uso del suelo.

Otro aspecto importante es el referido al Catastro. Antiguamente, como su nombre lo indicaba, era una Dirección de Catastro e Inmuebles Nacionales, pero luego se limitó únicamente al Catastro, lo que provocó cierto descontrol sobre las propiedades del Estado. Hasta hoy se carece de un registro confiable de esas propiedades.

El proyecto a consideración del Senado dispone que Catastro reasuma plenamente la doble función que tenía antiguamente, lo que aparejará sensibles beneficios para el patrimonio de la nación. Se impedirá así el usufructo privado de bienes que son públicos, sin que hubiera mediado la correspondiente y legal concesión.

 

Formidable instrumento

La Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible será también un formidable instrumento para la conformación del Uruguay Productivo que persigue la nueva administración que asumió el 1º de marzo de 2005. Quedarán bien determinadas las zonas aptas para la forestación, las que son de prioridad ganadera o agrícola, para la implantación de obras públicas estratégicas y, lo que es asimismo muy importante, para el turismo. Ello implica un trabajo muy estrecho con los ministerios y empresas del Estado responsables de dichos sectores.

Villarmarzo ilustra sobre la importancia y la urgencia de que se sancione el proyecto. En España, por citar un caso fuera de Uruguay, la carencia de una ley nacional de ordenamiento territorial aparejó que los seis mil kilómetros de las costas españolas quedaran arruinadas por la invasión desmesurada de emprendimientos inmobiliarios cuyo único objetivo era el del beneficio monetario, considerando el uso del suelo como un elemento más del mercado. Cuando se aprobaron finalmente las disposiciones legales sobre el uso territorial, el desastre de esas costas ya había sido consumado y hoy el Estado español tiene que invertir sumas astronómicas para intentar revertir, muchas veces sin éxito, el daño perpetrado a lo largo de muchos años.

En nuestro país  Villarmarzo expone otro ejemplo de los riegos que se derivan de la carencia de leyes apropiadas  la dictadura estuvo a punto de destruir por completo el tremendo acervo histórico que es la Ciudad Vieja. Pero, desgraciadamente, el daño fue enorme y si no se consumó totalmente fue por la recordada campaña por salvar la Ciudad Vieja que encabezó en aquellos años Mariano Arana.

 

Planes con visión social

Este proyecto de ley ya está siendo considerado por la Comisión de Vivienda y Territorio que preside la senadora Lucía Topolanski. Hay sesenta y nueve organizaciones especializadas que actúan como asesoras de la Comisión.

Han sido invitadas a exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de Desarrollo Territorial la Sociedad de Arquitectos y la de Agrimensores, y también la Facultad de Arquitectur
a. El tema, además, está siendo considerado por el Congreso nacional de Intendentes dado que esta iniciativa del Poder Ejecutivo dispone la decisiva intervención de los municipios en este estratégico asunto.

Lo que se pretende con la nueva ley, concluye el arquitecto Roberto Villarmarzo, es gestionar el territorio de todo el país a través de planes bien estructurados y con una visión social que implique que el uso del territorio no sea únicamente una cuestión de mercado. *