El Parlamento a todo trapo

Aún para un gobierno con mayorías legislativas, en el ámbito parlamentario no todo es fácil y menos rápido. La democracia no es el absolutismo y el gobierno debe ejercer su poder de acuerdo con los frenos y contrapesos constitucionales y legales del sistema democrático-republicano. Tiene además que enfrentar las limitaciones que resultan de la necesidad de prestar atención a la acción y opinión de los actores sociales y políticos. Esta acción, que frecuentemente podemos calificar de corporativa, es legítima si se desarrolla en el marco legal y con criterios éticos básicos. Como sector, cada cual defiende sus intereses y es el gobierno quien tiene la obligación de atenderlos y arbitrarlos en caso de conflicto, anteponiendo el interés general sobre los particulares, y priorizando a los más débiles, los que no suelen ser los más organizados. Una parte de la gestión de todo gobierno depende solamente de la voluntad de quien lo ejerce. Pero el marco jurídico condiciona otros numerosos aspectos de la gestión, y los cambios normativos expresan las prioridades, los centros de preocupación y la forma de encarar las soluciones a los problemas que afectan a la sociedad y a los individuos que la componen.

Como nuestro gobierno es de cambios, muchas de sus propuestas de reforma requieren de leyes que las consagren, las que en todos los casos son complejas, por lo extensas y por la diversidad de intereses que afectan. Los cambios suponen una gestión parlamentaria dinámica pero no por ello sin etapas de consulta y debate. Debemos tener presente que el proceso legislativo requiere sus tiempos para escuchar a los sectores involucrados, al propio Poder Ejecutivo, al ámbito académico, y todo esto además del debate parlamentario entre los sectores políticos.

La mayor parte de las veces, la aprobación de normas no tiene un efecto espectacular que resuelva inmediatamente las penurias y necesidades sociales, ya que no existe la varita mágica capaz de derramar prosperidad y felicidad para todos. Pero sus contenidos muestran el rumbo de la gestión del gobierno progresista y significan la concreción de avances de diversa magnitud. La urgencia de la necesidad genera impaciencia, y hace que aquellos que no reciben atención inmediata a sus justas demandas  o no tanto- tengan dificultades para advertir inmediatamente los logros del gobierno. Los cambios realizados a través de modificaciones legales difícilmente son espectaculares, pero la modificación del marco normativo ayuda decisivamente a impulsar cambios culturales, generar ciudadanía, ampliar derechos y resolver injusticias. Muchas veces esta actividad carece de difusión porque el universo mediático habitualmente está mucho más pendiente de las polémicas de coyuntura.

Ya muy próximo a la finalización del segundo año de esta Legislatura, considero que podemos estar conformes con el trabajo legislativo, tanto en cantidad como en calidad. En términos generales, el Parlamento nacional ha respondido adecuadamente. En lo que va del período, se llevan aprobadas más de ciento treinta leyes y otra veintena se aprobará antes de fin de año, y en ese paquete total unas cuantas son de gran importancia. En las últimas semanas, por otra parte, se ha acelerado en ambas Cámaras el trámite de varios proyectos, de acuerdo con las prioridades de la fuerza política. En tal sentido, el Senado ha tenido una intensa y variada agenda que significó la aprobación de proyectos muy diversos, a los que dio, como leyes, media sanción o aprobación definitiva, entre los que destaco por su relevancia social, política o cultural, a la ley de unión concubinaria, al ambicioso proyecto sobre la Usura, al relativo a los Derechos y Obligaciones de los usuarios y pacientes del sistema de salud, a las modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia sobre el maltrato y la violencia sexual a menores y adolescentes, a la ley de regulación del Trabajo doméstico, a la ley de creación del día nacional de la cultura afrouruguaya, y al proyecto de Estatuto de los Refugiados (una nueva adecuación al derecho internacional humanitario). En otros campos, se aprobó la creación de un trascendente Fondo Lechero, y un importante proyecto de ley que define la estructura y cometidos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Este último proyecto, que fue aprobado por el Senado con un amplio apoyo – y espero que la Cámara de Diputados pueda tratar y transformar en ley en lo que resta del año – constituye un ejemplo más sobre cómo una ley puede, desde un punto de aplicación específico, tener impacto e influencia sobre toda la sociedad. Porque en el mundo actual, la producción de conocimientos y su incorporación a la vida social se ha convertido en el factor central del desarrollo social. La investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológicas se han transformado en los vectores estratégicos para el avance en el conocimiento de la realidad y en la resolución de los problemas que afectan a la calidad de la vida humana. El desarrollo pujante de la ciencia, la tecnología y la innovación requieren de un organismo en el que confluyan y articulen los esfuerzos dispersos existentes en nuestro pequeño pero muy fragmentado archipiélago de instituciones vinculadas con la cuestión. Confiamos en que la creación de esta Agencia implique un impulso para tonificar al sector productivo a través de la incorporación de las tecnologías apropiadas. Pero a la vez esperamos que la investigación científico tecnológica, a través de la innovación, se convierta en un dinamizador de cambios culturales, un elemento que permita la expansión masiva de soluciones a algunos de los principales requerimientos del conjunto de nuestra sociedad.

Las necesidades y los derechos sociales de la población han sido una preocupación constante del gobierno y la producción legislativa lo reflejó desde el arranque, ya que la creación del Ministerio de Desarrollo Social fue una de las primeras leyes aprobadas, y el Plan de Emergencia y la ley del voluntariado algunos de sus productos iniciales. La idea de promover los acuerdos sociales y la sustentación social de los cambios inspiró las leyes presupuestales y la política salarial, la promoción de las Pymes, el esqueleto de las reformas tributaria y de la salud, los cambios en materia de vivienda y la reforma del BHU, los avances en seguridad social y en inversión educativa, la legislación sobre libertad sindical y también la estratégica ley de convenios colectivos que se aprobará en 2007. Podemos afirmar que desde los tiempos de José Batlle y Ordóñez no hubo período de mayor producción legislativa destinada a consagrar o proteger los derechos sociales. Pero ello no significa que todo el mundo lo comprenda así. Puede estar mucho más claro al nivel de los tres millones de habitantes que de los actores sociales organizados. Es preciso reconocer que la concertación social organizada aún está débil. No debemos dormirnos sobre los laureles o las encuestas: queda muchísimo pendiente por hacer, principalmente en materia de comunicación social. El año entrante, el tercero de esta legislatura, el año bisagra, nos espera con una nutrida agenda de temas estructurales. Entre otros asuntos, la continuación de la reforma de la salud, la reforma educativa, y ese universo de temas que engloba la llamada reforma del Estado, todos ellos tendrán su tiempo legislativo en un 2007 a la vista. *

(*) Profesor, senador