Se eriza el bloque conservador

En forma súbita tenemos acusaciones tremendistas de violación constitucional, amagues de paros indeterminados de transportistas, interpelaciones a granel, reuniones no informadas de jerarquías militares y políticas, fronda preventiva de grupos de poder ante reformas programadas, decenas de miles de litros de leche tirados a los campos, algún policía acampado y otras yerbas, amén de grabaciones clandestinas. Creo que es bueno tomar nota. En particular por los frenteamplistas y por muchos dirigentes de organizaciones sociales que a veces adoptan medidas intempestivas y corporativas, que denotan inexperiencia o bien olvido de que existe un bloque conservador dispuesto a dar batalla por mantener sus privilegios. No creo que exista una articulación o concertación de acciones y medidas. Pero se ha erizado el bloque conservador. Y su ala política no contribuye por cierto a un clima de civilización política.

Por primera vez en la historia del Uruguay, las elecciones nacionales de octubre de 2004 fueron ganadas por las fuerzas progresistas. Esta situación planteó dos interrogantes referidas a la inversión de los roles cumplidos hasta entonces: cómo actuaría la izquierda desde el gobierno y cómo se comportarían los partidos tradicionales en la oposición, por primera vez sin el control del Estado.

Desde el comienzo del período quedó establecido que la oposición iba a actuar como tal en todas y cada una de las coyunturas. Primero colorados y luego blancos se ubicaron en franca oposición. Ni se tomó en consideración la propuesta de incorporarse al gabinete, pero hubo aparente disposición a integrar los entes. Duró poco y bastó un desencuentro respecto a dos cargos (uno en el BROU y otro en el Codicen) para que esa discrepancia se tomara como excusa para negarse a todo. En ambos casos el cuarto voto es necesario para resolver importantes temas de gobierno; ceder la mayoría especial exigida por sus cartas orgánicas implicaba una suerte de cogobierno. El gobierno, por su parte, no llenó los cargos que ofreció, a la espera de que reflexionen

Un pobre maquillaje de la estrategia de confrontación sistemática asumida fue el voto parcialmente favorable a la designación de los Directorios de los entes, porque pasados 60 días ya no se necesitan mayorías especiales. Pero en todo lo que requiere a mayorías especiales nunca se ha contado con los votos opositores. La escandalosa situación del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por más de una década con una integración reñida con la realidad política revela el atrincheramiento hostil de la oposición. Han argumentado que lo único que les queda para el control son esos organismos. Argumento frágil, ya que el FA tiene mayoría parlamentaria por decisión popular y en los entes autónomos no están por decisión de los partidos tradicionales; también innovador, ya que desde el gobierno nunca dieron cabida alguna al Frente Amplio, ni en los organismos de control ni en los entes autónomos, salvo parcial y fugazmente en el primer gobierno de Sanguinetti.

Cada una de las iniciativas importantes del gobierno ha tenido la oposición conservadora. En todas las reformas estructurales que se tramitan están en la vereda de enfrente, ya sea en la salud, la reforma tributaria o la educación. Aún cuando en alguna de ellas se está en un proceso de diálogo con la sociedad, y no hay conclusiones definitivas, igual se oponen. Sin poder hacer centro en la política económica porque sus buenos resultados son incontrastables, han elegido como bandera la seguridad pública y la búsqueda de la verdad y la justicia para los crímenes de la dictadura, y últimamente han sumado el supuesto incumplimiento por parte del gobierno de normas legales y constitucionales.

La seguridad es uno de los puntos en los que la población más insiste, y las fuerzas políticas conservadoras han hecho del tema una de sus armas predilectas. En el año 1995 ante la sensación de inseguridad que existía se aprobó la llamada ley de seguridad ciudadana, que creó nuevas figuras delictivas y agravó las penas para otras. Su resultado fue escaso: ni disminuyeron los delitos ni la sensación de la gente. Al año siguiente la Cámara de Diputados formó una comisión especial de seguridad ciudadana, de la que salieron varios informes, todos ellos reconociendo la preocupante realidad. Hoy desde la oposición reclaman lo que ellos no fueron capaces de resolver, olvidando que el aumento de la criminalidad está presente entre nosotros hace tiempo, y que en ella tiene mucho que ver una pésima distribución del ingreso y décadas de insuficientes políticas sociales. Ello sin perjuicio de la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y de contención de la delincuencia.

Otro de los centros del discurso opositor es la política de derechos humanos. Los avances en el conocimiento de los hechos y la actuación de la Justicia, en lugar de ser vistos como logros de la democracia, se presentan como peligrosas formas de desestabilización. Parece que el problema no son los crímenes sino que se les pida responsabilidad a los criminales. Nosotros nos equivocamos  el mismo apellido correspondía a dos personas distintas  cuando afirmamos que un ex asesor de Pedro Bordaberry trabajaba en Búsqueda y Zona Urbana. Pero no erramos al afirmar que en este país existe una coincidencia opositora objetiva entre distintas corrientes de los partidos tradicionales y grupos de poder, incluidos algunos medios de comunicación, para frenar el proceso de cambios en DDHH, y en materia económica, social y cultural.

La oposición subió el tono de sus cuestionamientos. Ingresó en un campo peligroso y cuestiona la legitimidad de todos y cada uno de los actos del gobierno. Acumula denuncias sobre supuestas inconstitucionalidades y busca horadar la credibilidad institucional. Cada tanto realiza una operación mediática que termina en el pedido de renuncia de algún ministro por causas que asombran. Llevamos más de una docena y media de comparecencias de ministros ante las Cámaras, por interpelación o llamado en comisión general, mecanismos democráticos de los cuales se ha abusado notoriamente, y las concurrencias a las comisiones son incontables. En los próximos días ya tenemos previstas tres o cuatro interpelaciones.

El ex comandante en jefe mantuvo una reunión con el Dr. Sanguinetti y luego lo iba a hacer con Lacalle y Larrañaga, sin conocimiento ni autorización. Esa reunión determinó su cese inmediato en virtud de lo previsto en el Nral. 4º del artículo 77 de la Constitución, que  es bueno recordarlo  prohíbe a los militares en actividad «ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto». Absolutamente nadie le cree al Dr. Sanguinetti lo de la «reunión de camaradería». ¿Y los blancos, tan preocupados por la carta magna, iban a participar en una reunión prohibida por la Constitución y ahora van a llamar a la ministra por cumplirla? Si el Presidente de la República no hubiera tomado la determinación que tomó, se la estarían reclamando y entonces la ministra tendría que ir al Parlamento a explicar porqué no destituyó al comandante. Todo ello sin perjuicio de la muy verosímil cáscara de banana que se le habría puesto al ex comandante.

El voto popular puso al bloque conservador constituido por los partidos tradicionales en la oposición. Sus líderes, tanto blancos como colorados se autocalifican como «oposición constructiva» y viven acusando al gobierno de cortar todo diálogo. Pero la realidad es otra: parecen no haber asimilado la derrota y han optado por dificultar en todo lo posible la gestión gubernamental. En un sistema democrático, la alternancia de los partidos en el
ejercicio del gobierno es un resultado normal pero la aceptación de esta regla no es tan sencilla para quienes estaban acostumbrados al poder. *

(*) Senador