La "inocencia" de Bordaberry

Tras décadas, la verdad y la justicia se abren paso sorteando los escollos y las trampas jurídicas, más las dificultades del tiempo interminable. Contra el discurso que convoca al quietismo y a la desmemoria, ha llegado la hora en la cual los responsables de los crímenes de la dictadura  y de la propia dictadura, un crimen en sí misma  deben rendir cuentas ante el Poder Judicial. Al procesamiento y prisión de un grupo de militares y policías, y al enjuiciamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco, se le suma la posibilidad cercana de que Juan María Bordaberry sea enjuiciado por sus responsabilidades.

Esta sustancial modificación del escenario ha despertado gran nerviosismo en muchos actores políticos, porque implica hacer patente la condición de coautores de la dictadura de muchos personajes (vinculados en este caso al Partido Colorado) que ocuparon importantes cargos en ella. Significa confirmar el carácter cívico-militar que tuvo. Este proceso de atribución de responsabilidades confronta directamente con la interpretación que intenta cargar todas ellas en un grupo de militares golpistas, eximiendo de culpa a los civiles que la propiciaron y participaron en primera línea. La defensa de esta visión parcial de los hechos tiene mucho que ver con la oposición que algunos expresan contra el estudio y la enseñanza de la historia reciente.

 

La «polémica» de la semana pasada

En este marco de situación, Juan Pedro Bordaberry, ex ministro de Turismo e hijo de Juan María, ha asumido con calor la defensa pública de su padre. La semana pasada concurrió a un programa de televisión con supuestas pruebas de su inocencia, y en el transcurso del mismo se enfrentó con Rafael Michelini, hijo de Zelmar, una de las víctimas emblemáticas de la dictadura y co-denunciante ante la Justicia de tal crimen. La actitud de Bordaberry (h) de defender a su padre se puede entender en lo personal, pero apeló a métodos reñidos con la más mínima ética de la acción política, grabaciones obtenidas sin consentimiento, más emparentadas con operaciones de espionaje que con la debida forma de proceder. Y su interpretación de lo obtenido está absolutamente sesgada de acuerdo con su interés. Presenta como «prueba irrefutable» dos opiniones que, por más calificadas que puedan parecer (y en el caso de que digan lo que se les atribuye), no son más que eso: opiniones personales basadas en versiones de los hechos obtenidas de terceras personas. No son ni por asomo, pruebas de nada. Su show mediático estuvo más dirigido a desprestigiar a Michelini que a probar lo improbable: la inocencia de su padre. Con insólita agresividad, lo calificó reiteradamente de mentiroso y de explotar políticamente el asesinato de su padre (una de las más graves imputaciones éticas que se puedan concebir y realizar). Su objetivo resultó evidente, al no poder rebatir el contenido de las denuncias, para lo que hubiera necesitado bastante más que un par de opiniones grabadas a hurtadillas, descalificar a la más conocida de las figuras denunciantes como forma de desacreditar a las primeras. La defensa apasionada de su padre fue una acción dirigida a impactar al público presentando las denuncias como parte de un plan con los más mezquinos objetivos.

 

La responsabilidad personal e institucional

A esta altura, el contenido de fragmentos de las grabaciones es universalmente conocido. La versión del crimen por motivos económicos y por extranjeros. Pero la responsabilidad de Juan María Bordaberry sobre los homicidios de Zelmar y el «Toba» va más allá de los autores materiales, incluso del móvil último. Refiere a la responsabilidad institucional del Presidente de la República, mando superior de unas Fuerzas Armadas devenidas en aceitada maquinaria sin fronteras dedicada al exterminio de opositores a través de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado. Una maquinaria que se dedicó al espionaje y hostigamiento de los dos legisladores asesinados y les bloqueó la documentación necesaria para viajar. Más allá de si hubo una orden explícita y de quién apretó el gatillo, las responsabilidades existen. La tesis del crimen por dinero resulta poco creíble. Es conveniente recordar que la misma noche del secuestro de los dos legisladores compatriotas asesinados, también fueron a buscar a Wilson Ferreira, que salvó su vida por poco. ¿Buscaban oro también allí? La intencionalidad política de los homicidios rompe los ojos, y por si fuera poco fue confirmada por el entonces presidente Sanguinetti cuando en el año 1989 consideró comprendido el caso en la Ley de Caducidad.

Por cierto que no son los únicos crímenes cometidos durante el mandato de Bordaberry. Según declaraciones del periodista Roger Rodríguez a la salida del Juzgado tras declarar en el caso, y como también lo afirman distintos investigadores y organizaciones de DDHH, bajo su mandato ocurrieron más de 40 muertes y más de una docena de desapariciones, entre ellas las de Manuel Liberoff, un día antes que Zelmar y el «Toba», de Rosario Barredo y William Whitelaw, en la misma fecha, y en las semanas posteriores de Gerardo Gatti, y en Uruguay hemos encontrado los restos de Ubagésner Chávez Sosa y de Fernando Miranda. ¿También los habrá matado «Paqui» Foresi por motivación económica?

 

Una desaforada y estéril campaña

El partido de la impunidad, en fase terminal, desarrolla una frenética campaña con el objetivo de desacreditar éticamente a la izquierda y a la causa de los DDHH, banalizar y extranjerizar los crímenes, exculpar e inocentar a sus responsables políticos. Parece haber adherido a una versión degradada y aberrante de un relato en el cual los demonios luchan y matan en el extranjero por lingotes y dólares. Y eso fue todo. La «guerra psicopolítica», cara al general Paulós, parece a la postre desatada, eso sí contra la búsqueda de la verdad y la acción de la Justicia. Nosotros no creemos demasiado en los conspiradores. Pero que los hay los hay. Y suelen usar todos los caminos y recursos, más allá o más acá del profesionalismo, o de la falta de él, de los periodistas, y también de su calidad personal o de su patética frivolidad. La semana pasada se protagonizó el episodio televisivo. Antes la defensa del ex dictador presentó un escrito abonando la misma tesis. Recientemente se editó un libro («Encontrando a los desaparecidos») que se parece demasiado al estilo de ex servicios de inteligencia. Hace dos semanas un semanario publicó un informe de cuatro páginas, sin firma, que incluye en forma textual conceptos claves de las grabaciones clandestinas que realizó Juan Pedro Bordaberry. Un ex asesor de éste, casualmente trabaja en dicho semanario y también, coincidentemente, en el programa de televisión de marras. ¿Casualidad dije?

Todo este intento de presentar los crímenes como un hecho de índole absolutamente policial, sin contenido político, no es otra cosa que un intento de aliviar la situación procesal de los gobernantes de la época, los que edificaron el cerco en torno a nuestros compatriotas y generaron las condiciones para su asesinato. Sus responsabilidades son evidentes.

A través de sus declaraciones algunas figuras del Partido Colorado participan de esta campaña. El Dr. Ramela subió el tono responsabilizando «al mal manejo del gobierno» que «ha destruido todo un trabajo de pacificación de años». ¿Pacificación equivale al desconocimiento de la verdad e impunidad para los culpables? ¿El problema no son los crímenes sino que se pida responsabilidad a los criminales? Los avances en el conocimiento de los hechos y la actuación de la Justicia, en lugar de ser vistos como logros de la democracia, se presentan como p
eligrosas formas de desestabilización. Otra vez se nos agitan los fantasmas y los cucos en octubre, mes del ¡»halloween»!

En esta perversa lógica las víctimas resultan responsables de las consecuencias de los crímenes que sufrieron directamente o en la persona de sus familiares. Se las re-victimiza. La verdad y la justicia superarán esta tentativa de falsificación del pasado. *

(*) Profesor – Senador