La necesaria lealtad republicana

El Ministerio Público y Fiscal en el andamiaje institucional

Según el Decreto-Ley Nº 15.365, el Ministerio Público y Fiscal constituye un cuerpo técnico-administrativo que tiene como objetivos la defensa de la sociedad y la representación del Estado, y el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a la Justicia. Si bien la norma consagra su independencia técnica, está jerarquizado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura a partir de la desaparición del Ministerio de Justicia creado durante la dictadura.

Su ubicación dentro del Ministerio de Educación y Cultura es discutible. En un ministerio que dentro de sus competencias específicas ya tiene diversos, variados e importantes temas, el Ministerio Público y Fiscal es bastante poco visible, incluso la ciudadanía lo ve frecuentemente mucho más cerca del Poder Judicial por ser un integrante fundamental de nuestro sistema judicial.

Pocos ministros de Cultura han podido prestarle la debida atención dentro de los asuntos de su cartera. Los parlamentarios recibimos, en todos los presupuestos y rendiciones de cuentas, las quejas sistemáticas de sus integrantes ante la falta de un interlocutor político a quien plantear sus necesidades. En algún momento sería interesante repensar su ubicación institucional, sacudiéndonos esa inercia de dejar las cosas donde están, simplemente porque están allí, sin analizar si el lugar es adecuado y funcional a las necesidades de los tiempos y las realidades del país. Pero eso es otra historia, y quizás algún día podamos hacerlo.

El Ministerio Público y Fiscal es un actor institucional con importantes objetivos a cumplir. Dentro de él, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación es la máxima jerarquía del instituto y tiene variadas competencias y responsabilidades tanto en el orden judicial como en lo administrativo, ya que según el mandato legal, ejerce «…la jefatura directa e integral del Ministerio Público y Fiscal con facultades de vigilancia y superintendencia directiva, correctiva, consultiva e instructiva de sus integrantes.»(art. 7º, Nral. 1 del mencionado Decreto-Ley). En el numeral 5 de ese mismo artículo, a texto expreso se dispone que debe proponer al Poder Ejecutivo «… la designación, el traslado y la promoción de los magistrados integrantes del Ministerio Público y Fiscal.»

 

Terminar de una vez con las subrogaciones

Quienes han ocupado el cargo durante la separación del mismo del Dr. Peri y su posterior renuncia han sido jerarcas subrogantes que han mantenido el servicio, evitado su posible descalabro por la acefalía prolongada, pero como subrogantes que eran nunca han encarado planes y proyectos de más largo plazo respecto a la gestión del Ministerio Público. Su situación fue y es bien distinta a la situación de un Fiscal de Corte designado adecuadamente, que puede ocupar el cargo por un lapso de 10 años.

Según el artículo 168, Nral. 13 de la Constitución de la República corresponde al Poder Ejecutivo la designación, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada por 3/5 de votos del total de componentes.

El Poder Ejecutivo hace meses que realizó su propuesta, la que recayó en la Dra. Mirtha Guianze, una magistrada de gran experiencia y alto nivel técnico, que ha ocupado la presidencia de la Asociación de Magistrados Fiscales por tercer período consecutivo. La Dra. Guianze es punto de referencia ineludible dentro del Ministerio Público y su gestión ha adquirido notoriedad por la valentía de sus dictámenes en algunos casos polémicos en los que le ha tocado actuar. Nos dejó excelente impresión en su concurrencia ante la comisión correspondiente del Senado, donde mostró total solvencia y un cabal compromiso en favor de la independencia de la gestión de los fiscales. Confirmó que se trata de una excelente elección, una verdadera garantía para la independencia del cuerpo, y también ética y técnica. La propuesta tiene el total apoyo de los 17 miembros de la bancada frenteamplistas, no obstante ello para los tres quintos requeridos, la propuesta de su designación debe ser acompañada por al menos otros dos senadores.

Esperábamos confiados que los partidos de la oposición actuaran con el republicanismo necesario y no bloquearan la designación o pretendieran imponer desde la minoría otro nombre, a pesar del triste antecedente de otros cargos que  por requerir mayorías especiales  tampoco se han podido designar de acuerdo a la realidad política de hoy. Nos referimos a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas, cuya renovación está pendiente porque también requiere mayorías especiales, las que por intereses político-partidarios, no se han podido conseguir. Pero al parecer nos equivocamos en confiar en la lealtad republicana de una oposición que se vanagloria continuamente de ejercer ese rol en forma constructiva, pero cada vez que sus votos son necesarios para algo los niega airadamente, con argumentos insostenibles.

«Al Partido Nacional se le respeta» dice el presidente de su Directorio. Yo digo que al gobierno electo, a la mayoría de los uruguayos que lo votó y al texto constitucional también.

La designación del Fiscal de Corte es potestad del Poder Ejecutivo y la exigida venia del Senado es un aval en cuanto a la capacidad técnica y ética de la persona propuesta. Tras varios meses de dilatorias, durante los cuales más de un senador blanco expresó su voluntad de aprobar la venia solicitada, por ver en la Dra. Guianze una magistrada solvente en el plano técnico e intachable en el moral, ¡resulta que no se va a acompañar la propuesta por falta de consulta previa!

 

Una muy pobre excusa

¿Cuál es la idea que se tiene del respeto? ¿O lo que se busca es imponer un nombre desde la minoría? Da la impresión que lo que se está diciendo es que el gobierno no contará con votos para designar a nadie que desee. La Dra. Mirtha Guianze ha sido una fiscal valiente, independiente y con un sentido de la justicia especialmente destacado. Es lógico que el «partido de la impunidad» se oponga a su designación.

Y tal vez otros, impregnados de una forma perimida de hacer política interesada, ni consideren la posibilidad de dar sus votos sin acuerdos para nosotros inaceptables. ¡Si se llegaron a crear Ministerios en este país para canjear por apoyos legislativos! Por cierto, no es esa la forma en que actúa este gobierno.

Puede ser que dentro del cuerpo de fiscales haya otros posibles candidatos con condiciones y méritos.

Pero el Poder Ejecutivo, el que ganó las elecciones y ejerce el gobierno, tomó su opción por la Dra. Guianze, y si no hay elementos técnicos o éticos para su cuestionamiento (y estamos firmemente convencidos de que no los hay, y en el mismo sentido se han expresado varios senadores nacionalistas) el Senado debe otorgar la venia correspondiente, por lealtad republicana e institucional, y para terminar de una vez con una irregular situación que ya se arrastró más de lo conveniente y razonable.

El prolongado alejamiento del anterior titular, primero por la separación del cargo durante un interminable sumario y finalmente por su renuncia, obliga a todos a terminar con esta situación de subrogaciones continuas, designando un nuevo Fiscal de Corte titular de acuerdo al procedimiento constitucional. La oposición tiene la palabra y no parece un momento propicio para susceptibilidades exageradas.

Si no actúa con la altura debida, no habrá otro remedio que revisar los procedimientos establecidos por la ley para que el Poder Ejecutivo pueda cumplir con el mandato constitucional, designando un fiscal, que aún interino, tenga la continuidad y el apoyo necesario en s
u gestión. *