Gobierno apunta a poner fin a "desvíos" en los préstamos

Arana explicó que esta iniciativa oficial «va a poner acotamientos precisos, normativas que aseguren el buen funcionamiento de organizaciones que han demostrado en el país ser formas democráticas importantes, que han permitido que muchas familias uruguayas estamos hablando de 20 mil, por lo menos, hayan podido conseguir, a través del sistema cooperativo y a través de la ayuda mutua, soluciones muy favorables, más que proporcionales a los esfuerzos que desde el punto de vista económico toda la sociedad hace para tratar de darle soluciones acordes a muchas de las familias».

El cometido del decreto apunta a «poner orden y normativas claras de funcionamiento para que no haya desviaciones que en algunas eventuales situaciones se han producido bajo el rótulo común de cooperativa que tienen un largo prestigio ganado desde 1968, fecha en que es aprobada la Ley Nacional de Vivienda. No faltó que algunas situaciones minoritarias, se prevalecieran de circunstancias irregulares en el país, y que procuraran formar cooperativas que no siempre funcionaban como tales, organizaciones que nosotros esperemos que sean claramente normadas, que se asegure, en consecuencia, la capacidad de organización y la capacidad democrática que las cooperativas han tenido en su enorme mayoría». Asimismo, adelantó que dentro de pocas semanas «esperamos proponer una reglamentación en cuanto a los institutos de asistencia técnica, que también han sido factores esenciales, incluidos en la Ley Nacional de 1968″.

 

«Restarían recursos para controlar»

Mario Fígoli, presidente de Fucvam, dijo a LA REPUBLICA: «No conocemos el texto de la normativa.

Desde el año pasado elaboramos dos proyectos de decretos, uno relacionado con la normativa de cooperativas de vivienda y otro sobre la reglamentación de los Institutos de Asistencia Técnica. De ser el mismo texto estamos totalmente de acuerdo porque participamos en su elaboración, ya que era imprescindible un control de la formación de cooperativas así como de los Institutos de Asistencia Técnica. Luego restaría establecer recursos humanos para controlar la creación de las cooperativas y a las ya existentes aplicarles la norma. Antes de 1992 existía una oficina llamada Inspección General de Hacienda que ejercitaba el control del movimiento cooperativo, analizando los libros financieros y de actas. Luego de la creación del Ministerio de Vivienda se pensaba que la función de contralor la ejercería el Mvotma, cosa que nunca hizo y produjo otro tipo de formaciones menos cooperativas y de allí la deformación del sistema». *