Ofensiva del Ministerio del Interior para mejorar la actuación policial y bajar los índices delictivos

 ¿De qué consta el proyecto de ley de procedimientos policiales?

 Tenemos el anteproyecto pronto. Es un nuevo cuerpo normativo que hace muchos años viene siendo prometido por otros gobiernos. Nosotros desde el comienzo de esta administración empezamos a trabajar por él. La comisión de especialistas en temas policiales del Ministerio del Interior, trabajó en él hasta que finalmente salió el proyecto con sus correspondientes mensajes que yo llevaré el próximo lunes al Consejo de Ministros.

La Ley de Procedimientos Policiales va a traer por un lado nuevas y mejores herramientas para el procedimiento policial y por otro lado le va a dar a la Policía un respaldo legal en los procedimientos que de acuerdo a esas normas allí se establecen, siempre respetando el marco de la Constitución de la República y los tratados internacionales referidos a materias vinculadas al procedimiento policial.

Va a significar un gran avance para la Policía nacional.

 ¿Cuáles son esas «nuevas y mejores herramientas para el procedimiento policial»?

 Por un lado hay un capítulo de normas generales, un cuadro de lo que es el procedimiento policial, las atribuciones de la Policía, las bases de actuación de la misma y sus principios generales, en donde se subraya que toda actuación policial debe hacerse bajo el pleno respeto de los derechos humanos de cada uno de los habitantes de la República.

En lo general, se reafirma la doctrina del mando policial. Es una cadena en donde la disciplina del policía respecto a su superior no obsta a que cualquier funcionario policial, en caso que se le obligue a hacer una actividad contraria al derecho, tenga la excusa de la obediencia debida.

Luego hay una parte especial en donde se establece que el uso de la fuerza es el último recurso del policía, hay fases anteriores y dentro del uso de la fuerza, la utilización de las armas tiene una limitación y establecimiento taxativo de cuáles son las actuaciones que requieran su uso. Siempre la fuerza es el último recurso.

La actuación debe hacerse bajo los principios de la moderación, de la racionalidad, de la progresividad y de la proporcionalidad establecida en la propia Ley Orgánica policial.

Un capítulo importante también es la actuación de la Policía como auxiliar de la Justicia. La Policía nacional es la que establece el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es un auxiliar de la Justicia. Se trata de dotar a la Policía en este capítulo, de la certeza de procedimientos a fin de que sea el auxiliar más cercano de la Justicia, aproximándole el mayor cúmulo de pruebas con todas las garantías propias del debido proceso.

Es una ley que busca equilibrar los poderes de la Policía, que no traspase los límites que las propias normas establecen, en todo caso afirmamos la autoridad de la Policía, pero no el uso autoritario del poder coactivo.

Por otro lado también establece certezas al instituto policial, seguridad jurídica y transparencia de las actuaciones. Lo que nosotros procuramos con esta ley largamente postergada, que consta de 175 artículos, es que las mayorías parlamentarias le puedan dar su aprobación corrigiendo los aspectos que consideren pertinentes. Deseamos que esta ley tenga el más amplio consenso parlamentario.

 Uno de los capítulos que propone la nueva normativa, y que ya ha despertado críticas, tiene que ver con los allanamientos. ¿Cómo serán de ahora en más?

 El allanamiento siempre será una regla que se haga por orden escrita del juez competente, pero a veces hay situaciones excepcionales, incluso en los nocturnos, que no se deben hacer de acuerdo a normas de carácter constitucional y legal que esta ley regula en el sentido que si por ejemplo hay en una vivienda por la noche una evidencia que se está produciendo un acto delictivo y hay personas que están reclamando el auxilio de la fuerza pública, la policía podrá hacer la intervención dando cuenta inmediatamente al juez competente. Si se produce en la noche un incendio en una casa para combatir el fuego no vamos a esperar por un trámite nocturno ante un juez antes de intervenir. Son casos especiales estrictamente enumerados en la norma legal que intentamos aprobar.

Evidentemente se ha titulado en forma equivocada en esta materia. La regla sigue siendo el allanamiento diurno por orden escrita del juez competente y excepcionalmente hay una enumeración establecida en la ley por la cual se permite la actuación policial.

 De ahora en más ¿será obligatorio portar documentación identificatoria en la calle?

 Toda actuación policial tiene que ser debidamente ponderada y hay normas generales en esta ley de procedimiento que acotan la actuación policial desde el punto de vista de la moderación policial. El policía tiene autoridad no tiene autoritarismo. Partiendo de esa base en muchas circunstancias esta ley permite que se le pida a las personas la identificación.

En casos excepcionales, si eso no se obtiene y si la Policía estima pertinente lograr su identificación, allí la ley posibilita el procedimiento de detención, mientras tanto se da cuenta inmediata al juez competente, se identifica a la persona y el procedimiento queda concluido.

 ¿Este tipo de proceso puede compararse con las antiguas razzias policiales?

 No se trata de una luz verde a procedimientos arbitrarios de la Policía, porque el propio cuerpo normativo se lo prohíbe. Mucho menos de las antiguas razzias porque este gobierno dejó sin efecto el decreto que las permitía.

 También se manejan cambios en la normativa referida a los menores infractores.

 Es otra ley distinta, que reforma algunos aspectos muy puntuales del Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado en la legislatura anterior por todos los sectores parlamentarios.

Su praxis demostró que adolecía de algunas debilidades. Este proyecto de ley que presentaremos procura resolverlas.

Por un lado respecto a lo que podemos llamar el horizonte de la infracción penal de niños y adolescentes, no limita los casos de tentativas y delitos con los casos de coautoría, de complicidad a los delitos graves, sino a toda la infracción penal. Estas formas predelictivas también estarán comprendidas dentro de la infracción que puedan cometer niños o adolescentes.

Por otro lado la actuación policial estaba muy acotada, contaba con un límite máximo de tres horas, ahora se amplía dándole cuenta al juez competente que es el que tiene la autoridad de decidir qué se hace con el menor y en cada uno de los traslados dentro de las 24 horas que tiene la policía, en caso de aprobarse la ley, el menor cuenta con atención médica y chequeos médicos, de modo que la personalidad oral y física siga debidamente garantizada.

 Desde algunos sectores se reclama bajar la edad de inimputabilidad de los menores. ¿Qué dice el proyecto al respecto?

 En el proyecto nuestro eso no se va a tocar. Ese es un problema que se ha ideologizado. Se han tomado medidas apresuradas que no van al fondo del asunto.

Si tenemos menores de 18 años de edad que cometen actos delictivos hay que tomar las medidas que el propio Código de la Niñez y Adolescencia establecen, o sea es un menor infractor de la ley penal, debe ser detenido, juzgado y debe ir a un instituto de rehabilitación con todas las garantías que debe tener un instituto de rehabilitación del menor, no junto a los mayores.

Los mayores deben tener su propio instituto nacional de rehabilitación con medidas de seguridad, pero sobre todo con medidas de tratamiento rehabilitatorio, que es algo que establecía la Constitución y nadie cumplía, c
omenzamos nosotros a cumplir gradualmente a través de la ley de Humanización del Sistema Carcelario.

 ¿Puede decir que a través de este proyecto se culmina con el problema de la criminalidad infantil?

 No, ningún proyecto termina con problemas sociales profundos de una sociedad fracturada, con una tremenda particularidad de exclusión social producto de políticas económicas extraordinariamente equivocadas que han generado en el país desigualdades infinitas.

Con este proyecto de ley tratamos de corregir errores e insuficiencias de un Código de reciente data, lo hacemos con cautela, en el ámbito legislativo se podrá mejorar, pero las medidas de fondo para enfrentar esta situación de la minoridad, de la drogadicción y otras causas que generan delitos y violencia se acometen a través de distintas instancia públicas, como la coordinación de todas las políticas sociales y a través de otras medidas de desarrollo. Hemos creado para eso también el Ministerio de Desarrollo Social.

Se trata de ir haciendo descender la curva del delito y la violencia en Uruguay, a pesar de ser uno de los países más seguros de la región, comparativamente tan seguro como cualquier país del primer mundo, con una tasa de delincuencia que había crecido desde la década del 90 en adelante en forma exponencial, el año pasado logramos detenerla, y en el primer trimestre, según mediciones del Observatorio de Violencia, vuelve a descender tenuemente.

Todavía estamos en una etapa de delito importante que tenemos que seguir haciendo descender y una sensación de inseguridad también importante, sobre la cual no tenemos medición posible salvo las encuestas que se puedan hacer. En el pasado la sensación de inseguridad estaba muy alta, se habían hecho mediciones que lo probaban, incluso en algunas encuestas aparecía la seguridad en el primer lugar de las preocupaciones, hoy eso no es así.

 Desde la oposición se denuncia que la inseguridad es creciente. ¿Puede asegurar que la inseguridad es sólo una sensación?

 En materia de seguridad detuvimos la curva ascendente, ahora empieza a bajar, pero tenemos todavía índices importantes de delitos y violencia en el país. Hay más aún sensación de inseguridad que inseguridad real, eso es lo que surge de los datos.

Eso lo acometemos implicando a la sociedad a través de sus organizaciones y a los poderes locales como los municipios y las juntas locales en estas mesas de connivencia y seguridad ciudadana para que entre todos elaboremos medidas para mejorar la seguridad.

Que la Policía y el poder local hagan compromisos a favor del mejoramiento de la convivencia de la seguridad ciudadana, que son parte de la misma situación, habrá más seguridad cuanto mejor recuperemos la convivencia y los valores convivenciales de un país democrático y habrá mejor convivencia en la medida que tengamos mejor seguridad, recuperemos los espacios públicos, superemos el miedo, etcétera.

A través de la Rendición de Cuentas se confirmó que ingresará dinero en su cartera. Se anunció el ingreso de mayor número de efectivos y una serie de mejoras que se verán reflejadas en la seguridad ciudadana. ¿Cuándo la población va a percibir estos cambios?

 La Rendición de Cuentas prueba que lo que decimos son hechos. Incluye una partida algo superior a 500 millones de pesos para el Ministerio del Interior, ahí confirmamos que para este gobierno la seguridad pública es una de las cuatro prioridades, junto a la educación, la salud y la infraestructura.

Una parte de ese dinero será para crear 1.200 cargos de policías ejecutivos para las diecinueve jefaturas de Policía y cerca de 500 cargos más para los establecimientos penitenciarios, para mejorar las políticas de tratamiento y seguridad de estos establecimientos, porque cuanto mejor salga la gente mejor seguridad tendremos.

Esto comenzará a regir en menos de 180 días, pero para entrar a la Policía hay que hacer un concurso, luego hacer el curso y yo calculo que a más tardar a mediados del año que viene tendremos esos efectivos actuando en la calle.

Lo que tenemos que preguntarnos es si alguien ha escuchado en la historia de Uruguay que se creen 1.700 cargos en el Ministerio del Interior, si alguien ha escuchado que en abril a todos los funcionarios policiales se les va a hacer un aumento, aparte del previsto para el 2007, de casi 800 pesos por persona, que para el personal subalterno significa un 25% en algunos casos de incremento de su sueldo real. ¿Alguien recuerda que un gobierno en su segundo año de gestión dé un paso de esta magnitud en materia de seguridad pública?

 El Partido Nacional ha lanzado la campaña «Seguro que firmo», recolectando firmas en todo el país para que se tomen medidas en el tema de la seguridad pública. ¿Cómo evalúa la campaña y la actitud que ha tenido la oposición hacia su cartera?

 No la puedo evaluar, simplemente respetar. Toda manifestación de movilización popular merece respeto, nosotros provenimos del movimiento popular.

En cuanto a la segunda pregunta no me siento atacado por nadie. Estos sectores entienden que por el flanco del Ministerio del Interior tienen la posibilidad de erosionar el prestigio importantísimo que mantiene el gobierno, están en todo su derecho de hacer del Ministerio del Interior el centro de sus ataques, pero creo que se equivocan. *