Energía: política de Estado

Pensar en energía es, forzosamente, pensar a largo plazo. No puede ser pensamiento para un gobierno.

Ello se debe a que la inmensa mayoría de las iniciativas, inversiones y decisiones que se tomen hoy, recién tendrán «madurez» dentro de muchos años.

Madurez para bien o para mal. Es una apuesta con todos los riesgos que conlleva.

Eso es propio de los asuntos energéticos. Por definición.

La política de Estado en esta materia entonces no es cosa de opinión: es asunto ineludible.

Entendemos por «política de Estado» a todas aquellas decisiones que tomadas hoy tendrán consecuencias buenas o malas dentro de muchos años. Ningún Gobierno puede tomarlas sin alcanzar antes un gran consenso nacional a los efectos de asegurar la continuidad que en esa materia necesita cualquier país.

Este es un esfuerzo que deben hacer todos los partidos políticos y las demás organizaciones nacionales. El solo esfuerzo colectivo marcaría un enorme cambio, urgente, con relación a lo hecho hasta ahora (una sucesión improvisada de remiendos…).

Nos obligaría a pensar el tema y a tomar conciencia de que sin ello comprometemos severamente el futuro. O lo dejamos a la deriva de cualquier capricho externo o interno.

Creo que ya están dadas las condiciones políticas mínimas como para encarar este desafío con éxito.

Para emprenderlo, lo primero a tener en cuenta es que la crisis energética mundial, regional y nacional obedece a dos causas y no sólo a una.

Por un lado el agotamiento del petróleo liviano, dulce o ligero sobre el que se levantó una civilización cuando ese combustible era abundante y barato.

Pero por el otro (cosa olvidada a menudo) la crisis ecológica, los límites infranqueables que pide la biosfera para la quema de combustibles contaminantes entre los que figura el petróleo (y otros).

Si a ese panorama le agregamos la expansión demográfica mundial y el aumento vertiginoso de la demanda energética especialmente por el desarrollo de China, India y otros grandes países en materia de población actual y futura, el problema muestra aristas muy graves a las que debemos adaptarnos oportunamente. O sea: urgentemente.

En ese sentido, y para Uruguay concretamente, en aras de contribuir a tomar decisiones estratégicas, debemos decir que, en primer lugar, no debemos renunciar, a priori, a ninguna fuente de energía: todas deben estar bajo la consideración pública.

En segundo lugar, que Uruguay tiene un muy especial «talón de Aquiles» en cuestiones de energía mostrando una pesada dependencia externa por lo que, en adelante, debe apostar a todas las posibilidades disponibles, «poniendo un huevo en cada canasta». La gran dependencia que hoy mostramos nos obliga a ello bajo pena de inanición productiva por carencia de energía; los sueños políticos demandan energía y, si no la tienen, mueren.

En tercer lugar que, hasta por razones éticas universales, Uruguay debe comenzar su política energética por el combate implacable al despilfarro o sea, por la eficiencia energética.

Y por el máximo respeto al medio ambiente asunto este que irá cobrando, inexorablemente, mayor gravitación mundial llegando incluso a estrictas prohibiciones internacionales. En ese sentido las energías renovables y no agresoras serán cada vez más «obligatorias», subsidiadas y demandadas. Cuando falten reflexiones y decisiones éticas vendrán, con el mazo y con la porra (léase incluso fuerzas armadas internacionales) razones de rigurosa «fuerza mayor» a imponer la «ética» (porque o paramos con la «quema» o nos morimos todos).

Los dos Ministerios que deben ocupar la «vanguardia» en esta lucha son, paradojalmente, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el de Transporte y Obras Públicas.

Ellos deben entrar en la batalla mucho antes que el de Industria, Energía y Minería.

Son los que deben decir «la primera palabra».

Recién después debe hablar «el otro».

Es decir: absolutamente al revés, otra vez, de lo que se ha hecho hasta ahora.

Pero sin el de Educación y Cultura, al principio, en el medio y al final, no habrá sustento posible como veremos y ya estamos viendo: en Uruguay no existe hoy y demorará mucho en existir la mínima capacidad científica y técnica propia para simplemente discutir con seriedad el problema de la energía atómica… Y no es el único caso. La energía tiene mucho que ver con la escuela primaria, la enseñanza media y la superior.

Sin una política de eficiencia energética en las viviendas particulares y en los edificios públicos, en su construcción y en los materiales a usarse para esa construcción, careceremos de los datos esenciales para saber cuánta energía actual o futura debemos producir.

Sin una «matriz de transporte» (que priorice el fluvial y lacustre, el ferroviario y el colectivo sobre el carretero y el privado) también.

Porque no es cuestión de hacer proezas para el despilfarro de un barril sin fondo.

En cuarto lugar, Uruguay debe buscar la independencia energética por lo que debe meter su primera gran apuesta en la energía hidráulica en todas sus expresiones y en las fuentes de energía alternativas basadas en el suelo, el subsuelo (energía geotérmica), el cielo, sus vientos, ríos, lagunas y mares.

Porque aún cuando podamos explotar fuentes de gas o de petróleo «propias» (en Argentina o en el Orinoco como es del caso), ellas estarán lejos y nada ni nadie nos garantiza (somos un país pequeño) que llegarán sin trabas a nuestras costas a lo largo de muchos años y pase lo que pase.

Y también porque si los precios de esas materias primas siguen su danza ascendente, tal vez sea mejor venderlas como tales que consumirlas para nuestro uso (siempre y cuando hayamos «construido» otros recursos en casa).

Porque en quinto lugar, en materia de costos deben incluirse, en un análisis estratégico, los sociales: creación de trabajo, afincamientos territoriales descentralizados, insumos nacionales, salarios y otros ingresos, impuestos y tributos de toda índole que queden en nuestra economía, etcétera.

Sin olvidar dos cosas: la formación e investigación científica que nos interese, el desarrollo de innovaciones y tecnologías propias en un rubro que tendrá demanda mundial ascendente. Tanto en la generación por fuentes alternativas como en las formas de acumulación de energía (aire comprimido, hidrógeno, etcétera) un «nicho» de vanguardia y creciente demanda hoy a nivel de la humanidad.

Y la creación de nuestra propia flota marítima y fluvial, para petróleo, carbón, refinados, y gas, como así también la construcción de puertos, terminales y otras facilidades al efecto.

En sexto lugar Uruguay debe apuntar a ser un exportador de energía eléctrica para lo que serán vitales (hoy lo son para importar) las conexiones con los países limítrofes: todo indica que en el futuro ambos serán grandes demandantes y muy en especial la Argentina (que en breve plazo afrontará situaciones muy difíciles en esa materia).

En octavo lugar y por último (aunque no signifique ni por asomo menor importancia sino todo lo contrario), se hace necesario desde la escuela primaria una enérgica acción en el sentido de la lucha contra el despilfarro y a favor de la eficiencia energética. Esto, por otra parte, lo hagamos o no, pasará a formar parte de la «cultura mundial» en poco tiempo.

Y, a nivel del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, un Plan Nacional estratégico de ordenamiento territorial permanentemente actualizado que contemple los objetivos nacionales (por ejemplo declarar costa de interé
s industrial y portuario la de Colonia desde Conchillas para arriba) y, entre ellos, los energéticos (por ejemplo: ¿Qué espacio ocupará la biomasa para los diversos combustibles de uso nacional y de exportación?). Tal vez descubramos de ese modo (también) que nuestro país, incluyendo nuestros mares y los derechos adquiridos en la Antártida, tiene límites muy nítidos e infranqueables con lo que ahí puede desprenderse una estratégica, por ineludible, política demográfica.

Hasta aquí un modesto intento de reseñar algunos de los temas que deben ser discutidos y resueltos en un Debate Nacional que busque acordar una Estrategia Nacional de Energía rumbo a veinte años por lo menos. *

(*) Senador de la República