Plantean urgencia de evaluar impacto causado por los cultivos transgénicos

Las organizaciones ambientalistas transmitieron a la directora de Medio Ambiente la preocupación en relación con el Comité Nacional de Coordinación, enmarcado en el Proyecto Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad, en el que estas organizaciones han estado participando desde su inicio en 2005. Este Comité se creó con el objetivo de hacer recomendaciones y sugerir medidas a tomar en la creación de un Marco de Bioseguridad en relación a los organismos genéticamente manipulados -transgénicos-, y está integrado por distintos actores involucrados, tales como empresarios de las semillas, de agrotóxicos, laboratorios, entes del Estado o mixtos -tales como Inase, INIA, INAC-, productores, empresarios del agro, entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales. Las ONG plantearon a la ingeniera Alicia Torres la preocupación en relación al papel que ha cumplido el Comité, ya que éste no se ha planteado como punto de partida el Principio de Precaución para poder trabajar en un marco de Bioseguridad, entendiendo como Principio de Precaución, la abstención frente a la duda.

 

Más dudas que certezas

«En relación a los transgénicos existen más dudas que certezas», explicó en un comunicado este grupo de ONG. «Sin embargo -agrega-, también se mencionaron hechos destacables en la labor llevada a cabo en el Comité. Por ejemplo, se le transmitió a la directora de la Dinama que durante la reunión extraordinaria realizada el día 6 de marzo, el Comité aprobó por mayoría una moción con respecto a los transgénicos, que incluyó los siguientes puntos: «Recomendar que a partir de la zafra 2006/2007, no se autorice la importación y comercialización de maíz dulce transgénico. Solicitar la moratoria de la aprobación de nuevos eventos genéticamente modificados hasta tanto no se concrete la propuesta de un Marco Nacional de Bioseguridad. Solicitar la revisión de las autorizaciones de los eventos MON 810 y Bt11 de maíz y el CP4 de soja, hasta tanto no se concrete la propuesta de un Marco Nacional de Bioseguridad. Solicitar el cumplimiento estricto del Art. 1 del Decreto 249/2000, que establece que ‘La introducción, uso y manipulación de vegetales y sus partes modificados genéticamente, cualquiera sea la forma o el régimen bajo el cual se realicen, sólo podrá efectuarse previa autorización otorgada por las autoridades competentes’. Solicitar se suspendan las experimentaciones en trébol blanco genéticamente modificado hasta tanto no se concrete la propuesta de un Marco Nacional de Bioseguridad».

Puntualizando que «lamentablemente aparte de coincidir en el grado de incertidumbre, el comité ha seguido actuando sin tomar medida concreta alguna en relación a ninguno de los puntos mencionados y tampoco se ha tenido respuestas por parte de las autoridades sobre las recomendaciones antes expuestas».

Comentándole a la ingeniera Torres que en la página de la Presidencia de la República se dio a conocer una entrevista realizada por un periodista al coordinador del proyecto, ingeniero agrónomo Marcos Fromel, en la que él plantea que la coexistencia de los cultivos transgénicos, convencionales y orgánicos es simplemente una cuestión de ordenamiento territorial. Expresando este grupo de ONG que esta afirmación «deja de lado la posibilidad de plantear un país sin transgénicos y que se contradice con el punto de partida para crear un Marco de Bioseguridad, que es el Principio de Precaución». Al tiempo que le recordaron a la directora de Medio Ambiente las denuncias efectuadas por la Red Rapal sobre la venta en nuestro país de maíz dulce transgénico Bt11, y «sin embargo, hasta la fecha aún no se tienen los resultados de este gravísimo hecho», puntualizaron los ecologistas. Pidiéndole a la directora de la Dinama «una pronta respuesta sobre esta situación, ya que una nueva zafra se aproxima y las regulaciones con respecto a este maíz siguen siendo las mismas, o sea, que en estos meses la denuncia ha descansado en algún escritorio, pero las compañías semilleras han aprovechado este tiempo para seguir vendiendo en pos de la no regulación. Se le dijo que todas estas irregularidades y declaraciones públicas hacen pensar que Uruguay está lejos de poder cumplir con un marco regulatorio en relación a los organismos genéticamente manipulados.

También se le planteó la urgencia de hacer una evaluación sobre los impactos económicos, sociales y ambientales que han causado la introducción legal e ilegal de estos cultivos, para que a partir de ésta se pueda pensar en la creación del Marco Nacional de Bioseguridad, tomando en cuenta primero el Principio Precautorio». Expresando los ecologistas la necesidad de informar a la sociedad y la importancia de un debate a nivel nacional «acerca del modelo de país al que se aspira y que no se den cómo respuesta los hechos consumados o las decisiones tomadas por otros». *