El día después

El jueves pasado la Corte Internacional de La Haya emitió su dictamen y se pronunció categóricamente rechazando las medidas cautelares solicitadas por la Argentina. Estas medidas tenían como centro la detención de todas las obras en las futuras plantas de celulosa de Fray Bentos.

Como primera reflexión corresponde destacar la importancia, para un país pequeño como el nuestro, que un organismo de derecho internacional resuelva sobre los hechos en litigio con base en el derecho de los litigantes, sin que influya en la decisión el dispar peso que en todos los aspectos tienen los actores del conflicto.

En relación con la resolución, decimos que fue un pronunciamiento categórico porque fue prácticamente por unanimidad: 14 a 1, siendo el único voto discorde el del miembro ad hoc argentino (que por delicadeza podría haberse excusado). También porque la Corte de La Haya bien pudo tomar una resolución que, sin llegar a las radicales medidas cautelares solicitadas por Argentina, obligara a nuestro país a adoptar alguna medida, y no hizo nada de eso.

Aún sin caer en peligrosos triunfalismos, el rechazo de la medida cautelar solicitada podía esperarse, pero el fallo fue de una contundencia que nadie que conozcamos auguraba. No por esperado dejemos de valorarlo en su verdadera importancia. No debe banalizarse o verse como un éxito deportivo, sino estimarlo como el pronunciamiento de un calificado organismo de derecho internacional, que analizó el tema sin la pasión derivada del involucramiento directo, y concluyó por una abrumadora mayoría que no correspondía ordenar la detención de las obras solicitada.

 

Un tiempo perdido

La decisión de concurrir a litigar a la Corte de La Haya fue unilateral y argentina.

Con anterioridad, dicho gobierno ejerció todas las presiones posibles contra nuestro país, por un lado, aceptando como normal y legítimo el atropello y la prepotencia del corte de los puentes, violatorio de la más elemental convivencia pacífica. Cortes que representaron un daño significativo a nuestra economía, a sectores que poco o nada tienen que ver con las industrias cuestionadas, particularmente a todo el turismo en plena temporada. Y por otro lado, buscando trabar el financiamiento internacional a los emprendimientos.

Paralelamente la Argentina bloqueó cualquier posibilidad de negociación, ya fuera en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en la comisión de alto nivel que pactaron en su momento las cancillerías o incluso al nivel de los Presidentes respectivos. A la omisión deliberada de garantizar el libre tránsito le sumó una absoluta rigidez en su postura, que significó no admitir ingresar en un diálogo real si antes no se detenían las obras. Sus exigencias fueron creciendo, y del reclamo de información y medidas de evaluación de impacto ambiental, sus actores sociales (y también los institucionales) fueron pasando a un cerrado «no a las papeleras».

Por distintas razones fueron confluyendo la manipulación de la información por parte de actores locales de Entre Ríos vinculados con intereses económicos bien concretos, el fundamentalismo ambiental que estimuló la irracionalidad y convenció a la gente de la inminencia apocalíptica, un trasfondo de enfrentamientos económicos en la cuenca del Río de Plata, en particular en la salida de la hidrovía, la demagogia electoral local y la disputa nacional del 2007, y una deliberada falta de firmeza para hacer respetar los derechos internacionales (sin desestimar nuestra escasa capacidad para convencer a la población argentina en la etapa inicial, antes de que cristalizaran posturas insostenibles).

Este cóctel transformó en imposible cualquier negociación, y todo esto le ha significado a ambos países costos para nada despreciables; mucho mayores los intangibles, como daño de relacionamiento entre pueblos y de imagen internacional, que los cuantificables en términos económicos; y sin perjuicio de una lastimosa pérdida de tiempo para avanzar en lo que realmente hay que hacer: sentarse a analizar el mejor modo de monitorear el proceso de producción y las medidas de mitigación del impacto ambiental que son necesarias para que ambos pueblos estén tranquilos con respecto a la preservación del medio ambiente y en particular del Río Uruguay.

En ese camino de prepotencia, el gobierno del país vecino definió la concurrencia a la Corte Internacional de La Haya pidiendo como medida cautelar la detención de las obras. Tal vez lo hizo para tranquilizar su «frente interno» y lograr el levantamiento de los cortes de ruta sin apelar a la represión. Esta estrategia hubiera sido válida para ganar el tiempo durante el cual se podía desarrollar una nueva instancia negociadora con nuestro país. Pero no adoptó iniciativa alguna en esa dirección, y llegada la hora del pronunciamiento de la Corte Internacional el fallo le fue adverso.

 

El interés de preservar el ambiente es común

Desde el inicio de la controversia, nuestro país se ha manifestado con la voluntad de otorgarle las mayores garantías a la Argentina sobre las consecuencias ambientales del funcionamiento de las plantas. Por una razón sencilla y evidente: no hay forma de causar daño al ambiente del otro lado del río sin causarlo en igual o mayor medida en nuestro territorio. ¿Habrá alguien que sinceramente piense que está en riesgo la salud y la calidad de vida de los habitantes de Gualeguaychú en mayor medida que las de los fraybentinos? El Ministro Arana lo ha dicho enfáticamente en más de una oportunidad: no estamos para defender empresas sino la salud de la gente. Yo agrego: de uno y otro lado del río, de los uruguayos y los argentinos. No estamos por el productivismo y en contra del ambientalismo sino a favor del desarrollo sustentable. Lo hemos dicho y practicado en el gobierno de la capital y ahora en todo el país.

Las medidas cautelares solicitadas por Argentina ya fueron rechazadas. El juicio en La Haya sigue, y seguirá por largo tiempo. El propio fallo es claro con respecto a que no se ha ingresado al análisis del fondo de la controversia y que lo único que se ha resuelto es el rechazo a las medidas cautelares solicitadas. Paralela y simultáneamente, el Tribunal de Controversias del Mercosur tramita el reclamo realizado por el Uruguay con respecto a los perjuicios ocasionados por los cortes de los puentes internacionales. Ninguno de los litigios debería verse como un insalvable obstáculo para reiniciar los contactos y la negociación. Pero el escenario para desarrollarla es otro a partir del laudo jurisdiccional emitido en La Haya: la suspensión de las obras ya no es materia de discusión.

La propia resolución de la Corte reivindica el papel que debe jugar la CARU, un organismo dejado de lado por Argentina en todo este arduo proceso de discusión: sugiere en forma expresa que las partes deben poner en marcha de buena fe los procedimientos de consulta y cooperación previstos en el estatuto aprobado en el año 1975 considerando a la CARU el ámbito previsto a esos efectos. Uruguay ha estado abierto – y sigue estándolo – a toda sugerencia razonable que incremente las garantías a los pobladores de la zona. Argentina deberá asumir que eligió la vía jurisdiccional para intentar detener las obras y no lo consiguió; eligió la cancha donde dirimir la controversia y allí perdió el primer round. Por una elemental razón de lealtad debería actuar consecuentemente y no permitir que los sectores más radicales vuelvan a los bloqueos de rutas y puentes, ilegítimos e injustificados. Lo que debe hacer es retomar el diálogo, plantear con seriedad los estudios que considere necesario hacer y acordar los mecanismos de minimización y mitigación de
los impactos ambientales que puedan detectarse a partir de ellos.

Si hay voluntad real de acuerdo, seguramente antes o después habrá diálogo. Otra conducta sería de una gravedad inusitada, cuando está en juego el vínculo entre pueblos hermanos, que además integran un proyecto regional común, el Mercosur, y el interés común en el desarrollo sustentable de nuestras economías y sociedades. *

(*) Senador