Injusticia infinita

Todos somos iguales ante la ley. En su infinita majestad y sin distinción alguna, el código penal prohíbe tanto al rico como al pobre punguear en los ómnibus, asaltar a una viejita para arrebatarle la cartera con el dinero de su jubilación, asaltar un banco a mano armada, vaciar una financiera, apropiarse del dinero de ahorristas, defraudar al fisco, y un sinfín de conductas antisociales.

Escrito por: JULIO GUILLOT (*)

Sin embargo, por lo general las prohibiciones mencionadas en primer término suelen ser rigurosamente respetadas por los ricos, y son las personas de baja condición las más dispuestas a violarlas; a la inversa, es harto difícil que nos encontremos con algún pobre procesado por quiebra fraudulenta y otros delitos que sí suelen cometer los ricos.

O sea que a pesar de las pomposas declaraciones de libertad, igualdad y fraternidad, hay delitos para ricos y delitos para pobres. Y el problema se presenta cuando vemos que los delitos que suelen cometer los pobres tienen penas muchísimo mayores que aquellos que sólo pueden ser cometidos por los ricos. Si a esta circunstancia (que la ley penal es mucho más benévola para los delitos de cuello duro) agregamos que los “ilícitos económicos” –o sea los delitos de guante blanco– resultan mucho más difíciles de probar, entenderemos fácilmente por qué oímos con tanta frecuencia a la gente afirmar que “en este país no hay justicia”, o que “el ladrón de gallinas va preso y los estafadores quedan libres”.

Hay que tener en cuenta que quien se apropia de un botín varias veces millonario sin encañonar a nadie con un revólver ni ejercer ningún tipo de violencia física contra viejitas indefensas suele ser ducho en cuestiones de derecho comercial y tributario, y cuenta con asesoramiento profesional para burlar las normas; equipos de contadores y abogados trabajan full-time para fraguar balances y para hacer aparecer una maniobra ilícita disfrazada de impecable operación financiera.

Por eso, cuando un humilde juez puede reunir la prueba necesaria para enjuiciar a algún ricachón, todos tiramos cohetes. Cuando los Peirano marcharon en cana, la bronca de los ahorristas estafados fue en parte mitigada por la satisfacción de comprobar que se había “hecho justicia”. Y la abrumadora mayoría de ciudadanos –damnificados y no damnificados por las maniobras delictivas de los Peirano– no ocultó su algarabía por verlos tras las rejas; y ni te cuento cuando los sacaron de Cárcel Central y los mandaron al penal de Libertad.

Del mismo modo, cuando la DGI denuncia a los ejecutivos de una famosa cadena de restaurantes por varios delitos tributarios, los uruguayos volvimos a tener una nueva satisfacción. Cansados de asistir a la saña fiscalizadora aplicada contra modestos comercios de barrio, los uruguayos empezamos a ver al famoso Zeta como una suerte de redentor que se tiraba, también, contra los grandes. Con el mismo celo profesional y funcional, el jefe de Impositiva embestía contra los intocables y se hacía merecedor del aplauso de toda la sociedad logrando que dos hermanos, ejecutivos de una emisora de radio, marcharan a la sombra.

Sin embargo, hete aquí que el magistrado actuante en el caso de La Pasiva condena a sus titulares a realizar, durante dos meses, tareas comunitarias. Cierto es que la ley habilita al juez a eximir de la pena de prisión o a sustituirla por penas alternativas. Pero esa potestad está sujeta a condiciones, a saber, que el imputado sea primario absoluto (que no tenga antecedentes); y que el hecho de quedar en libertad no genere alarma pública. Pues bien, en el caso tan sonado de los ejecutivos de La Pasiva, ¿cómo pudo ocurrírsele a alguien que éstos merecían gozar de ese privilegio? ¿Por qué los hermanos Rupenián deben purgar su pena en un establecimiento de reclusión y los gerentes y/o dueños de La Pasiva sólo deberán trabajar un rato para el INDA pudiendo disponer de tiempo para patinarse los palos verdes que no volcaron a la Impositiva?

Ese fallo fallido de un magistrado –cuya moral no está en tela de juicio, vale la aclaración, no sea cosa que se me acuse de desacato por ofensa– ha causado una explicable alarma pública y ha merecido el juicio adverso de toda la opinión pública y particularmente –con toda razón– el del propio titular de la DGI, quien no hizo otra cosa que emitir su opinión sobre un sistema que deja librado al criterio no siempre sólido de los jueces la posibilidad de elegir la pena a imponer a un reo. Cuando Zaindesztat dijo “No me gusta que en el país de mis hijos los defraudadores multimillonarios queden libres”, estaba poniendo en palabras el sentir mayoritario de los uruguayos; y la referencia a la república bananera apuntaba al sistema y no a la persona del juez. Como de todos modos sus palabras fueron consideradas ofensivas, tuvo la hidalguía de ofrecer sus excusas, que la Suprema Corte de Justicia aceptó dando por concluido el episodio. Sin embargo, un fiscal lo halló incurso en el delito de desacato por ofensa y un juez lo condenó a cinco meses de prisión (aunque lo eximió de cumplir la pena).

Me resulta imposible no recordar que cuando el civil colaboracionista canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco fue procesado, un editorialista de El País hizo un juego de palabras de mal gusto (ese sí, esencialmente ofensivo) con el apellido del juez que había dictado el auto de procesamiento: dijo que el juez, doctor Cavalli, había hecho honor a su apellido (“caballos” en italiano) con lo que se lo tildaba de bestia. Sin embargo, a ningún fiscal se le ocurrió actuar de oficio y acusar al editorialista de desacato por ofensa o injuria.

En resumen, tenemos por un lado, a grandes empresarios, delincuentes de cuello duro que defraudaron al fisco, que no son remitidos a prisión; y por otro lado, el jerarca que los denunció manifiesta su disconformidad con la decisión judicial y resulta condenado. Una combinación perfecta de errores judiciales como para abonar la sensación térmica de la gente de que en este país la Justicia anda medio cojitranca.

Se me dirá que ambos yerros son excepcionales y que por lo general nuestro sistema judicial es confiable. Y yo digo que es verdad, que todo eso es cierto; y agrego que, salvo contadísimas excepciones, la corrupción está ausente entre jueces y fiscales.

Por eso, porque confío en nuestro sistema judicial, es que espero que los tribunales de segunda instancia ante los que se apeló en ambos casos revoquen los fallos de primera instancia: que los defraudadores multimillonarios vayan a prisión y que Zaindesztat sea absuelto. *

(*) Periodista