El veto que el alma pronuncia

Como reacción contra la carta de 1952 que había consagrado el colegiado integral e instaurado oficialmente la repartija del «tres y dos» (por algo un jurista dijo que se había ingresado en la relajocracia), los constituyentes del 66 hicieron creer al electorado que un Ejecutivo «fuerte» resolvería todos los males del país. Se otorgaron así al presidente dos potestades –entre otras– que disminuyen notoriamente la importancia del Parlamento: la posibilidad de disolver las cámaras y la de interponer el recurso de veto. Dos espadas de Damocles sobre el Poder Legislativo; dos amenazas. Una de ellas puede sintetizarse de este modo: «ojo con la censura a alguno de mis ministros; si el voto de censura no supera cierta mayoría especial, puedo disolver las cámaras y ustedes corren el riesgo de perder la banca». La otra se puede expresar así: «cuidado con las leyes que votan; miren que si aprueban una ley que no me gusta puedo vetarla, y mi veto sólo puede quedar sin efecto si una mayoría especial así lo dispone».

Con respecto a la primera (la posibilidad de disolución de las cámaras), parece poco probable que se llegue a ese extremo, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Pero en cuanto al veto, el mero anuncio hecho por el Presidente de su intención de interponerlo si se aprueba la despenalización del aborto demuestra la inocultable eficacia de dicho recurso.

En efecto, ante la presentación de un nuevo proyecto de ley de salud reproductiva que contempla la legalización del aborto, varios legisladores oficialistas que habían votado favorablemente el proyecto anterior mudaron sorpresivamente de parecer y ya no están dispuestos a dar apoyo a la iniciativa, con lo que la misma corre el serio riesgo de fracasar nuevamente pero por un margen mayor.

¿Qué pasó? ¿A qué puede deberse ese súbito cambio? ¿Habrán surtido efecto los mensajes eclesiásticos y la postura militante de congregaciones religiosas contrarias a la legalización del aborto? ¿O será que se dedicaron a estudiar biología y terminaron convencidos de la tesis según la cual apenas fecundado el óvulo ya estamos en presencia de un ser humano y el aborto es un simple homicidio?

Nada de eso. La amenaza de veto presidencial –formulada en principio veladamente y reafirmada luego con la amenaza complementaria de disolución de las cámaras (inaplicable en este caso)– operó el milagro. En aras de no poner en riesgo la unidad partidaria, con el pretexto de no generar una crisis política interna, con la intención de no irritar al jefe, algunos partidarios de la norma prefieren que la interrupción voluntaria del embarazo siga siendo incriminada como conducta delictiva. Prefieren que todo siga como está, que se mantenga el statu quo: que algunas mujeres recurran a clínicas clandestinas atendidas por profesionales, y que otras –la mayoría– sigan pariendo hijos no deseados y condenados a una existencia infeliz, a menos que opten por recurrir a otros métodos abortivos o se sometan a los buenos oficios de los aborteros para pobres en pésimas condiciones de higiene. Y aunque las clases privilegiadas tengan garantías sanitarias de las que carecen las no privilegiadas, tanto unas como otras sufren la circunstancia de la clandestinidad; ambas agregan al hecho de haber tomado una decisión ingrata y dolorosa la conciencia de estar en infracción y, por tanto, la posibilidad de sufrir las consecuencias (sanitarias y penales) que el hecho conlleva.

Ahora bien, si esta última circunstancia no es óbice para que la mujer (o la pareja) que ha decidido –por la razón que sea– interrumpir su embarazo lo haga en las circunstancias que sean, queda claro que es nulo el supuesto efecto disuasorio de la incriminación. Entonces, y suponiendo que el legislador que decidió penalizar el aborto haya perseguido el fin de desestimular su práctica, ¿qué fin persigue la sociedad uruguaya hoy al mantener la incriminación si ello no impide que 33 mil uruguayas promedio por año se sometan a prácticas abortivas? Obviamente, lo único que buscan quienes se oponen a la legalización del aborto es el fin expiatorio del castigo, es decir que la culpable pague por su delito pero sobre todo por su pecado.

Pero volviendo a las aristas poíticas de este espinoso asunto, resulta verdaderamente desmesurado el ahínco presidencial en impedir la aprobación del proyecto, y me parece lamentable la postura de algunos legisladores dispuestos a abdicar de sus convicciones para no crear un motivo de fricción entre los dos Poderes.

La legalización del aborto es un asunto que trasciende las fronteras de los partidos políticos; en todas las tiendas hay partidarios y detractores del proyecto de ley. Por lo mismo, resulta claro que no estamos ante una cuestión de rumbo económico o de política internacional, por no citar sino dos ámbitos en que se han producido roces entre integrantes del gabinete. Se trata de un asunto de índole esencialmente social que va más allá de ideologías o adhesiones políticas.

Se trata de enfrentar sin anteojeras una determinada realidad y legislar de modo que todas las uruguayas sin distinción puedan resolver sobre sí mismas en un asunto que sólo a ellas concierne y sobre el cual no debe ejercerse la autoridad de un mecanismo poco democrático como es el veto. *

 

(*) Periodista