La anulación

Poco ha escocido a la sociedad uruguaya como la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, extenso enunciado de uno de los engendros jurídicos más espantosos de nuestra historia.

A dos decenios de restablecida la democracia, tras escarceos políticos varios, y ahora con un gobierno que se ha declarado dispuesto a dar espacio a la verdad y a la justicia, están dadas las condiciones para quitarse de encima tamaña monstruosidad. Intuyo que esta convicción ha anidado en la mayoría.

Y hay sustento para anular –no derogar, porque la derogación rige hacia el futuro sin efecto retroactivo– la Ley de Caducidad. El doctor Gervasio Guillot, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, afirmó que es groseramente inconstitucional porque su consentimiento fue viciado por la coacción y, por tanto, es nulo e invalida el acto jurídico del que nació. (Para los distraídos, coaccionar fue lo que hizo Medina con aquella frase amenazante: «si recibo citaciones de la Justicia las meto en la caja fuerte»). Dijo Guillot: «El Parlamento debería probar que el plebiscito es nulo porque la voluntad de quienes votaron amarillo fue constreñida por la violencia».

Y conviene recordar, además, que en abril de 1987 un grupo de diputados blancos presentó, con idéntico fundamento, un proyecto que anulaba los artículos 1º al 4º de la ley.

Ahora bien, me inquietan ciertas dudas del sector mayoritario del Frente Amplio, expresadas por el senador Fernández Huidobro y por el diputado Rosadilla. Su punto de vista revela una estrategia especulativa: si se anula la ley ¿cuáles serían los efectos prácticos y los efectos sobre los procesos políticos?

Habrá que verlo, pero si la Ley de Caducidad fue resultado de la especulación y el miedo, surge claro que la sociedad está harta de todo eso.

Conjeturo que algunos legisladores corren el riesgo de asemejarse a los lepidópteros de las islas Kerguelen, donde soplan vientos fortísimos, que han perdido la capacidad de vuelo para que no los arrastre el huracán. *