Amparo Legal

Las Políticas Sociales son un conjunto de acciones y medidas, en orden a su salud, educación, seguridad social, trabajo entre otras, que se dirigen a asegurar el pleno derecho de los ciudadanos y el disfrute de un nivel digno de bienestar y calidad de vida a la persona con discapacidad y a su unidad de convivencia, incluyendo la cobertura de las necesidades básicas de la unidad familiar de las personas con discapacidad.

Resulta fundamental, la obligación que tiene el listado de crear las bases jurídicas parta la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de buena participación y a igualdad de las personas con discapacidad.

El Estado desde su Carta Magna, siguiendo por la creación de leyes, decretos, disposiciones de carácter nacional, vela para que las personas con discapacidad para que éstas, puedan disponer de sus derechos y deberes, al igual que los demás ciudadanos, equiparando las desventajas que les provoca su discapacidad, situándolos en igualdad de condiciones en procura de su integración plena.

Resulta también significativo el aporte de disposiciones de carácter internacional que el Estado incorpora y aplica en beneficio de las personas con discapacidad. Corresponde señalar que en los últimos quince años, se han incorporado nueva legislación de índole nacional e internacional que ha resultado fundamental en esta nueva estructura legal que ampara a las personas con discapacidad.

Quizás la falta de recurso no votada para el cumplimiento de estas leyes y decretos ola poca ejecutividad en quienes tiene que aplicar los diversos artículos, nos llevan a retrasar aún más, este largo proceso que deben de transitar las personas con discapacidad para el logro de su integración plena.

Se deben de mancomunar y coordinar esfuerzos para evitar fugas de aportes, en la búsqueda de objetivos comunes.

En esa línea de acción, se encuentra la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, el Plenario Nacional de Instituciones de Personas con Discapacidad, la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, la Coordinadora de Ciegos y una serie importante de instituciones de capital e interior del país.

 

En conclusión, entendemos que:

En estos últimos quince años existió un valioso avance en la normativa incorporada a favor de la discapacidad. No obstante ello, debemos de manifestar a grandes rasgos, lo valioso que resultó en los años previos al 1991 y manteniendo su vigencia, entre otros, el aporte de la Ley No. 16.095 de 26/10/989 en lo nacional y las recomendaciones y convenios de la OIT, sumado a las declaraciones de los derechos humanos (1948), del retrasado mental (1971), de los impedidos (1975) y del Plan de Acción Mundial (1982), aprobados por las Naciones Unidas, contando por lo tanto con el apoyo de nuestro país, pero que no se logró contar luego, con su correcta y efectiva aplicación.

La filosofía que presenta la legislación y las disposiciones actuales, tiene como objetivo, el reconocimiento de que las personas que presentan una discapacidad, son miembros de pleno derecho de la Sociedad que integran.

Una Sociedad basada en la igualdad de oportunidades, que nos permita y a la vez asegure su participación en plena igualdad con todos aquellos integrantes de la misma y que no existe otra distinción que no sea, la de los talentos o las virtudes, tal cual establece la Constitución de la República.

No obstante disponer de un magnífico marco legal, a veces, en la práctica, éste no es ejecutado o simplemente más encarado por aquellos que tienen que ejercer la ejecución de los mismos, en su turno o no se dispone de los recursos para dar cumplimiento a lo legislado.

Que la normativa sea más efectiva y no se le de a las personas con discapacidad una participación teórica, de simple decoración que no incide positivamente que este difícil camino de la integración e inclusión de las personas con discapacidad en su medio. Que no se «use» políticamente el tema y más aún, a las personas con discapacidad.

Está en ellas y las instituciones que les agrupan, exigir el cumplimiento de todo lo legislado y aprobado, procurando también, las incorporaciones en el logro de las adecuaciones que exige el paso de los años en una temática, que por suerte, día a día, va provocando un interés mayor, producto de una lenta pero adecuada sensibilización. *