Acusan al Directorio de OSE de presionar a ex funcionarios de Credimat "para que se vayan"

Los denunciantes aseguran que la dirección actual del ente intenta «expulsar» a estos trabajadores enviándolos a destinos bien distantes de sus hogares para así, implícitamente, obligarlos a renunciar.

Sin embargo Daois Uriarte, secretario general de OSE, negó rotundamente tales señalamientos y dijo a LA REPUBLICA: «Primero, eso es mentira. Segundo: son ignorantes». Mentira, «porque por ejemplo en Florida, donde había un montón de gente, porque el director de OSE era Amaro, ahí donde había lugares, les dimos lugares. El problema es que en San José no teníamos lugares. Son 19. Justamente se ve claro lo del clientelismo. Generalmente en los lugares donde había directores de OSE, era donde había mayor cantidad de gente y de servicios atendidos».

Así que desde OSE, planteado a la inversa, el tema fue presentado ante la Justicia Penal y allí es la administración actual la que acusa a algunas de «las pasadas», de cometer serias irregularidades. Credimat «es sólo parte» de un paquete de irregularidades que el juez de la causa deberá investigar y que obedecen a una «clara política clientelística». Para fundamentar tales palabras, el secretario desarrolló en detalle el proceso de instauración de Credimat, señalando las que considera grandes y graves diferencias entre lo que se suponía que el programa debía ser y lo que fue. Dijo a LA REPUBLICA que parte de los exdirectivos actuaron en forma ilegal. Aseveró que representantes del directorio anterior le mintieron cuando él les preguntó por la situación de los operarios en cuestión. Los de Credimat «no son funcionarios de OSE», le dijeron. Como responsable de brindarle esta falsa información mencionó entre otros al «contador Olazábal», por entonces y actualmente, asesor del diputado Alberto Casas (ex director de OSE).

 

«Una ley para cumplir»

En San José fue el edil nacionalista Andrés Pintaluba quien puso el asunto en tapete presentándolo ante la opinión pública y luego derivándolo para que fuera tratado por el legislativo maragato en sesión extraordinaria. En el mismo sentido se pronunció una fuente directamente relacionada a la pasada gestión de OSE. Ellos defienden que la iniciativa de la ley aprobada, promovida por los senadores Saravia y Gallinal, apuntaba a «la absorción por parte de OSE de los trabajadores de Credimat… en un intento de preservarles su fuente de trabajo (…) es obvio que OSE necesita funcionarios y recambio», dijo la fuente a LA REPUBLICA. Esta iniciativa «la firmó hasta el presidente Vázquez, pero como el Directorio de OSE actual no estaba de acuerdo, hizo esto -de trasladarlos-, como para decirles, `no los queremos a ustedes´. Pero esta es una ley que hay que cumplir aunque no le guste a este directorio y que fue votada por todos los partidos». Como antecedente, el mismo informante mencionó «el caso Uragua, de la actividad privada (…) Eran unas 300 personas y todas fueron absorbidas y contempladas y trabajan en Maldonado», expresó.

 

Buenos muchachos

Daois Uriarte, secretario regional de OSE, respondió a las acusaciones: «Hay que empezar por entender qué eran estos trabajadores; para quién trabajaban… el asunto se inicia con un proyecto que es un préstamo alemán cuyo objetivo es permitirle a OSE, con el Mvotma (Ministerio de Vivienda), financiar la conexión de la sanitaria interna y la conexión al saneamiento». Es equiparable a que UTE «hiciera la instalación eléctrica dentro de una casa. Ese es un trabajo que ni UTE ni OSE hacen, ni tienen que hacer». Entonces, la idea original consistía en que este préstamo permitiera a quienes no pudieran costear la conexión del servicio en sus hogares, obtenerlo por medio de financiación brindada por el propio ente. «Eso era lo que se tendría que haber hecho. Pero lo que se hizo no fue eso. Fue mal utilizar ese dinero para hacer clientelismo político. Se contrató gente para hacer una tarea que OSE no tenía que hacer y, además, a los clientes se les impuso en la última etapa de Credimat, que firmaran un contrato contratando una cuadrilla predeterminada, diciéndoles quiénes eran. Eran estos muchachos. Ahora, si yo, cliente, decía: `pero mire, yo quiero que me financie pero lo quiero hacer con mi cuñado, o con Teyma… o con quien fuera… me decían `ah, no, entonces financiación no hay: tiene que hacer la instalación con estos’ «.

Tal situación es la que Uriarte considera ilegal y así «lo presentamos ante la Justicia Penal; como denuncia, el 23 de setiembre de 2005″. La historia data de los años 97-98, «pero fue pasando por etapas cada vez peores; tenemos toda una investigación sobre el proceso de Credimat». Además de usarse mal, el programa también se utilizó «para otras cosas de OSE, que no tenían que ver», agregó. «Le metieron mano, por ejemplo para hacer obras sanitarias privadas, como baños en escuelas. Lo cual se puede decir que socialmente no está mal, pero en realidad no correspondía a los objetivos del programa, lo cual es grave porque ese dinero no era de OSE. Y, tenemos constancia de que con ese dinero se hizo el famoso monumento del caballo en 25 de Agosto y la cancha de fútbol».

Este es el panorama que «heredamos». «Y que quede bien claro: cuando yo pregunté cuál era la situación de los funcionarios de Credimat, vinieron los responsables y me dijeron: -`no son funcionarios de OSE´. -¿Están seguros?, les pregunté. -`Sí, no son, no están en la planilla, no figuran´-. Pero, eso sí, se les hacía firmar a un usuario como que los contrataba y OSE retenía los aportes, vertía, les pagaba a través de OSE. Esto también está dentro de las denuncias presentadas a la Justicia».

 

¿Quiénes «faltaron a la verdad»?

Consultado sobre quién o quiénes le brindaron la falsa información, respondió: «el que me platea que no son funcionarios de OSE es el asesor del diputado Casas, que era uno de los directores de OSE y responsable de este programa. Ese funcionario que está con él hoy, pasó en comisión con él. Es el contador Olazábal, él era uno de los responsables del programa Credimat y él me aseguró a mí que esta gente no es funcionaria de OSE. Jurídicamente, nunca lo fueron, porque OSE estaba impedida de tomar gente. Cuando nosotros decimos, este programa está marchando mal, que esto no es así, que es ilegal, ilegítimo, cerramos el programa. Claro que entonces esta gente -los funcionarios-, tiene un problema. Pero, los vicios… cuando a mí me tengan que juzgar no voy a poder hablar del problema social de la gente, me van a juzgar por si cumplo o no con las normas. Estuvimos buscando distintas soluciones. Les propusimos que hicieran una cooperativa y que los considerábamos funcionarios autorizados para hacer ese trabajo, pero si el usuario luego lo quería hacer con otro, lo hacía con otro. Vimos mil soluciones. Pero ellos querían entrar como funcionarios. Nosotros no teníamos norma para ingresarlos. No es un problema de querer. Es un problema de que tengo que cumplir con la norma y esta me dice: `usted no puede ingresar funcionarios´». *