Recogen firmas contra el uso del casco en Cerro Largo

Generalizado rechazo a la disposición aprobada en este departamento para el uso obligatorio de casco por parte de los motonetistas. Un incipiente movimiento de ciudadanos está abocado desde las últimas horas a la recolección de firmas que habiliten un llamado a referéndum para derogar la medida aprobada por unanimidad en la Junta Departamental de Cerro Largo.

Los activistas están dedicados a recoger unas 12.500 firmas que permitan utilizar los mecanismos constitucionales contra la iniciativa de las autoridades, la que comenzará a regir dentro de 120 días. Desde ambas partes son disímiles los argumentos utilizados para justificar tanto la reglamentación como la oposición a la misma. Las exposiciones en el deliberativo comunal contaron con asesoramiento técnico del Banco de Seguros del Estado y del área médica, donde se reflejaron con cifras y estadísticas los beneficios que para los conductores de motos y similares tiene el uso del elemento de protección, estableciéndose que entre las ventajas figura la reducción de consecuencias fatales al utilizarse el casco.

En contrapartida los opositores a la medida, argumentan su posición en los altos costos que tendrá para la población  especialmente la más carenciada económicamente  la adquisición de cascos fabricados con material resistente y que tendrá que ser habilitado por técnicos idóneos en la materia y cuyo costo no bajaría de los tres mil pesos por unidad. A este aspecto, el movimiento «anti-casco», suma elementos de sentido común, argumentando que el uso del protector, restaría visibilidad y capacidad auditiva en los motonetistas, especialmente en las personas de mayor edad.

El Decreto Nº 10 de la Junta arachana, haciendo referencia a la obligatoriedad en el uso de casco protector fue promulgado por el intendente municipal y remitido al Tribunal de Cuentas para su aprobación y fijación de los topes económicos que tendrán las medidas de fiscalización cuando comience la reglamentación pertinente.

Entretanto, los recolectores de firmas cuentan con un plazo de 40 días para poder cumplir el objetivo planteado. En tal sentido han emprendido una campaña masiva en todo el departamento. Son optimistas y piensan reunir las voluntades necesarias para derogar la iniciativa que no dudan en calificar de «antipopular e inconsulta». *