La seguridad ciudadana

América Latina es el continente más violento del mundo. El aumento de la criminalidad es un multicausal: convergen la pobreza, una pésima distribución del ingreso, décadas de insuficientes políticas sociales o una población urbana muy concentrada. No es sorprendente que en la región la seguridad ciudadana haya irrumpido con fuerza. Estos problemas pueden plantearse por lo menos en cuatro dimensiones. En primer término, desde los derechos humanos, ya que la acción criminal determina una masiva violación a los derechos básicos, como la vida y la integridad física. En la dimensión política, los Estados fallan, ya que la seguridad pública es una función básica y vital para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos. Tercero, desde la dimensión de la justicia social porque la inseguridad no se reparte equitativamente: los ricos se protegen y mitigan el daño; los pobres viven con mucho más inseguridad y temor. Por último, la visión político-partidario dado que las fuerzas políticas conservadoras hacen del tema una de sus armas predilectas, mientras que los sectores progresistas asumen con dificultades la creciente importancia del asunto.

 

Uruguay no es la excepción

Desde hace unos cuantos años, la sociedad uruguaya vive con preocupación su seguridad. En un proceso paulatino, el Ministro del Interior, voz política del gobierno pasó a transformarse en el ministro de seguridad, y su imagen depende de la acción policial.

Apenas recuperada la institucionalidad democrática, la seguridad ciudadana se puso sobre la mesa, se integró a las demandas ciudadanas, al discurso político y, en especial, al contenido de los medios de comunicación. Ya durante el primer gobierno del Dr. Sanguinetti y, luego, en el del Dr. Lacalle, se hablaba de que la existencia de un «desborde» en el clima de inseguridad que afectaba a la población.

En el año 1995, ante la sensación de inseguridad que mostraba la opinión pública se aprobó la llamada ley de seguridad ciudadana, que creó nuevas figuras delictivas y agravó las penas para otras. Su resultado fue escaso, ni disminuyeron los delitos ni la sensación de la gente.

En el año 1996 en la Cámara de Diputados se formó una comisión especial de seguridad ciudadana, de la que salieron varios informes, todos ellos reconociendo la realidad. En uno de ellos, firmado por el diputado Jaime Trobo y fechado el 25/11/97 se concluía » en la existencia de una situación de conmoción pública (…), constatándose en algunos lugares una suerte de «impunidad» para el delito». Tal vez olvidado de aquella conclusión, hace pocas semanas interpeló al actual ministro, intentando responsabilizarlo.

Pero el hecho de que no sea un problema nuevo ni exclusivo de nuestro país, no le quita importancia. Tenemos problemas en la seguridad ciudadana. Es uno de los puntos en que la población más insiste y vive con angustia, los medios explotan con sensacionalismo y la oposición agita.

 

Las infracciones cometidas por personas menores de edad

Buena parte de los delitos que se cometen, tienen como autores a personas menores de dieciocho años. Datos recientes indican que el 35% de los hurtos de Montevideo fueron cometidos por adolescentes. Esta situación trae en forma cíclica el debate sobre los límites de la imputabilidad. Pero quien piense en una solución de ese tipo como la definitiva, erra lejos. Todavía en edad escolar, algunos infractores ya comienzan. Más que mandarlos cuanto antes a la cárcel  de la que saldrán inexorablemente peores  la sociedad tiene la obligación de intentar reencauzarlos. No obstante ello, en relación con las infracciones juveniles es necesario introducir cambios legales que extiendan la penalización a la participación delictiva en los grados de tentativa, coautoría y complicidad en la mayor parte de las mismas, así como desarrollar penas alternativas a la privación de libertad para situaciones en que se justifiquen.

Por otra parte, la situación de algunas dependencias del INAU es de crisis muy profunda. Es un organismo que requiere rediseñar su gestión, removiendo antiguas prácticas nefastas. Para ello es preciso respaldar a sus autoridades, y fortalecer su directorio completando su integración. Es un tema clave. Con respecto a la niñez y adolescencia el punto clave es pensar el largo plazo.

 

Se necesitan políticas integrales

La problemática es muy profunda porque el Uruguay tradicional ya no existe. Se fragmentó, desintegró sus redes de contención y excluyó a amplios sectores en forma importante y sistemática. Este proceso generó microculturas nuevas, con códigos propios y maneras de sobrevivencia en base al delito en áreas enteras. Y eso se trasmitió e instaló. La desindustrialización, el desempleo, la pauperización, el deterioro educativo o la expansión del uso de drogas devastadoras han tenido un efecto desintegrador terrible. Revertir esta fragmentación es una tarea de titanes. No hay recetas mágicas. La tarea es para más de un período de gobierno. De acuerdo con el último trabajo del INE, por ejemplo, aunque el porcentaje de pobres entre 13 y 17 años descendió 3 puntos en 2005, aún es de 43.1.

El gobierno no olvida la necesaria acción preventiva y también represiva. Pero así como debemos ser implacables con el delito, más aún con las causas sociales que lo originan en términos masivos. Las respuestas puramente represivas han demostrado su incapacidad para revertir la situación, ya fuera creando delitos, endureciendo penas o limitando derechos. Es inevitable que haya que fortalecer las políticas preventivas, de resguardo social para los más necesitados; también reforzar las políticas sociales y desarrollar políticas activas de empleo, pero también la actuación policial tiene que estar para poner límites. Hay que desarrollar buenas políticas sociales, pero también continuar mejorando la gestión policial. Tener un buen cuerpo policial, que tenga pautas claras para su acción, el entrenamiento y equipamiento adecuado (en particular en armamento, vehículos y comunicaciones) y un salario digno. En la actual administración se están generando las condiciones adecuadas para que la policía uruguaya sea tratada con el respeto institucional que se merece, apoyada, y a la vez, exigida para que ponga al máximo sus potencialidades al servicio de toda nuestra sociedad. Como se ha sostenido, la eficiencia estatal no se mide por la ausencia de delitos sino por la percepción ciudadana de que la seguridad está bajo control.

Es fundamental es la participación democrática de la sociedad uruguaya para contribuir en la elaboración de planes concretos, y a la vez, para controlar y exigir a las autoridades respecto a la forma como éstas garantizan su derecho humano a la seguridad. Para conseguir mayor eficiencia en este campo, se han puesto en marcha las Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, que favorecerán el trabajo conjunto del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, con los gobiernos locales y con otras dependencias del Estado que, por sus cometidos, pueden incidir sobre aquellos factores que gravitan en la generación de violencia e inseguridad. Es necesario que las organizaciones sociales y vecinales, de rica historia en nuestro país, participen activamente.

En materia de instrumentos para fortalecer el Ministerio del Interior, señalamos la necesidad de incrementar significativamente la masa salarial destinada a la Policía; acelerar una reforma de la Caja Policial; y la aprobación de una nueva Ley Orgánica Policial y normas de procedimiento que otorguen mayores certezas a los integrantes de la fuerza pública en su actuación.

Un párrafo para la realidad carcelaria. Hace tiempo que el texto del artículo 26 de la Constitución que dispone que las cárceles deben servir para reeducar y no mortificar parece una broma cruel, y el sistema carcelario es una verdadera escuela del delito. Situación que deberá modificarse, a la vez que hay que poner en práctica el sistema de penas alternativas que eviten que el delito sea un camino irreversible.

En una temática compleja. Fueron décadas de ruptura social continuada, y se sabe que es mucho más difícil recomponer que destruir. Pero se está trabajando en el camino adecuado. *

 

(*) Senador de la República