Ex jerarcas colorados demandan a IMC por aumento de sueldo

La Intendencia Municipal de Canelones (IMC) recibió 33 demandas de actuales funcionarios, ex jerarcas y jubilados, en reclamo vía judicial y/o administrativa de aumentos que manifiestan haber tenido en el período de gobierno de Tabaré Hackenbruch. Incluso, uno de los demandantes es el actual diputado colorado Gustavo Espinosa, ex prosecretario general de la comuna canaria.

La directora de Jurídica de la IMC, Natalia Carbajal, informó a L A REPUBLICA que el monto por el que reclama cada uno de los denunciantes es de $ 100 mil pesos, por un reajuste que no fue efectuado entre los años 2002 a 2004. A fin de mes, vence el plazo para que el municipio conteste la demanda. La IMC entiende que no están dados los fundamentos jurídicos para que se haga el reclamo.

La directora explicó que la administración de Hackenbruch decidió no dar los aumentos salariales, y son los propios ex jerarcas del gobierno colorado, que ahora están reclamando, por una decisión que ellos mismos adoptaron. «Parece ser una maniobra política», admitió Carbajal.

En un comunicado público, la IMC informó que entre los reclamantes hay funcionarios, ex funcionarios e incluso integrantes del equipo de gobierno del anterior ejecutivo comunal, como por ejemplo el actual representante nacional, diputado Gustavo Espinosa, ex prosecretario general, ex directores y subdirectores generales, responsables directos de la situación planteada.

Se recordó que en el período de gobierno por el que se reclama, los funcionarios municipales atravesaron por una grave problemática, que los llevó a adoptar diversas medidas gremiales, que llegaron hasta la huelga de hambre, reivindicando, entre otros puntos, pago de salarios en fecha.

En aquel momento, la Administración Hackenbruch realizaba entregas parciales de 300 pesos semanales que, según el testimonio público de los propios funcionarios, no cubrían las necesidades mínimas, provocando a muchos de ellos cortes en los servicios de OSE, UTE, atrasos en el pago de créditos, caída del convenio mutual, pérdida del Seguro laboral y graves repercusiones en la salud de los funcionarios municipales y de sus familiares. Se manifiesta que con estos antecedentes y frente a estas demandas queremos señalar expresamente, que «estamos ante un operativo político promovido por el sector partidario que los vecinos de Canelones expulsaron del gobierno, operativo que atenta directamente contra la población canaria, con la pretensión de desestabilizar y ahogar económicamente a una comuna que con respeto, orden y transparencia ha comenzado a ordenar su funcionamiento y en particular su situación financiera». *