Roque Faraone: "Consultar a toda la ciudadanía respecto a lo que piensa de la educación pública"

«Debate educativo y gobierno autónomo de la enseñanza pública en una sociedad en crisis» fue el tema de una charla que se realizó en la Facultad de Psicología, a cargo del profesor Roque Faraone, integrante del «Grupo Autonomía: Educadores por el Cambio». En primer lugar, Faraone expresó que en nuestro país el Estado organizó por niveles diferentes, servicios de enseñanza que comprenden desde la educación inicial hasta posgrados. «Aunque hay superposiciones, carencias y contradicciones, puede hablarse de un ‘sistema nacional de educación’ si nos referimos a la educación pública», expresó. A su vez, comentó que es un error suponer que la actividad privada -habilitada-, forma parte del «sistema», porque ésta última reposa sobre principios diferentes que son decididos por particulares. «El hecho de que haya enseñanza privada, que ha sido reconocida por el Estado y por el otorgamiento de determinados certificados, no indica que esa actividad merezca el título y los derechos de integrarse a un sistema público de enseñanza», opinó Faraone. «Es bueno consultar a toda la ciudadanía respecto a lo que piensa de la educación pública y lo que espera de ella. En cambio es una concesión ilegítima haberle dado representación a la enseñanza privada, confesional o comercial, en la conducción del debate educativo. El Estado no debe delegar sus competencias», agregó.

 

Pasado, presente y futuro en la educación

Con respecto a hace 50 años, Faraone indicó que el alumnado y el personal docente no aumentaron en la misma proporción: los docentes trabajan más horas y los salarios a su vez descendieron, por lo tanto, el sistema es menos eficaz. Económicamente, en Uruguay se descendió al 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en América Latina el promedio es el 4,5%. Políticamente y fuera de la Universidad, con la «ley Sanguinetti» de 1973, luego la dictadura y después la ley de «emergencia» en 1985, «se perdió la autonomía, se desarticuló y corrompió la administración, se enajenó la soberanía y se generalizó el clientelismo», dijo el integrante del Grupo Autonomía. Y agregó que en 2005 se inició un nuevo gobierno de la enseñanza sin autonomía «real». Desde 2005 hasta la fecha, se realizaron ligeras reformas superestructurales y mantenimiento de convenios y de estructuras paralelas. Para 2010 existe un compromiso de alcanzar el 4,5 % del PBI «eventualmente con préstamos externos». «Ese monto no permite financiar políticas educativas de compensación socioeconómica», expresó. Y agregó que «cuando una sociedad margina a amplios sectores, generando desocupación, desintegración familiar y miseria, su sistema educativo pasa a ser excluyente y entonces el 4,5 % del PBI es insuficiente aún para recuperar el nivel anterior». Tomando sólo la enseñanza media cultural, si en 2010 se recuperara el 4,5 % del PBI, en 2014 egresarían los primeros profesores atraídos por mejores salarios y que estarían mejor formados, «porque recién en ese momento se habría alcanzado un nivel salarial relativamente atractivo para producir una selección social de aspirantes que luego estarían cursando durante cuatro años con docentes recientemente financiados», expresó Faraone. En 2020 esos nuevos profesores representarían sólo el 5% del total del profesorado. «Sin inversión y sin autonomía que erradique el clientelismo, no puede mejorar la calidad de la educación», dijo. «Por eso el debate educativo debería estar relacionado, en primer término, con los problemas estructurales de la sociedad, su sistema productivo y un gobierno autónomo. Sin embargo, probablemente tratará todos los aspectos del proceso educativo, de sus resultados y de sus carencias», sostuvo. En cuanto a las perspectivas económicas, en la mejor hipótesis, el país tendrá un capitalismo dependiente con ligeros rasgos socialdemócratas. En cuanto a las perspectivas políticas, expresó que «si interpretamos la voluntad del nuevo gobierno, se expresaría en: no tocar la autonomía de la Universidad, apertura y diálogo para el resto del sistema educativo pero sin autonomía, probablemente con consejeros elegidos sólo en Consejos Subordinados. De ahí que haya que darle prioridad al problema del gobierno autónomo de la enseñanza y a las garantías que puedan incorporarse a la ley para asegurar: consejeros elegidos, concursos de ingreso, publicidad de designaciones, publicidad de sesiones y de resoluciones», expresó Faraone. Los sindicatos de la enseñanza y otras fuerzas de izquierda deben aprovechar el debate y preparar la opinión para obtener el gobierno autónomo de todos los entes de enseñanza, con participación de docentes y de estudiantes, de padres y de todos los funcionarios no docentes.

 

Propuestas ante el Codicen

En 2005, respondiendo a una invitación del Consejo Directivo Central (Codicen), Faraone formuló algunas propuestas ante este organismo, destacando las urgencias y prioridades en el marco de una autonomía limitada. En primer lugar, explicó que el Codicen, que acababa de ser designado, disponía de una autonomía limitada, mostrando dos imágenes: por un lado, las relaciones de poder entre el Presidente de la República, el ministro de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); cuatro miembros del Codicen, al ser designados, habían sido designados también por otros dos miembros de los Consejos Desconcentrados, pasando por encima de su competencia. Por otro lado, y de acuerdo al aparato constitucional vigente, Faraone recalcó que las funciones del Presidente de la República (en Consejo de Ministros) son: designar y aunque por el artículo 199 de la Constitución puede observar por gestión inconveniente o ilegal a los Consejos de los Entes Autónomos industriales y comerciales, no puede hacerlo con los de enseñanza (artículo 205), pero puede, con venia del Senado, destituir a un consejero por causal. En cuanto a la acción real del Presidente de la República, éste «anunció decisiones concretas de ANEP el 1º de marzo y negoció con otros partidos la integración de los Consejos Desconcentrados, lo que es competencia privativa de la ANEP», según Faraone. «Las presiones externas, la acción de la derecha, los reclamos de la izquierda y una racionalidad instrumental básica, inducen a sostener las mismas prioridades: mejorar la administración y el personal docente, los que aparecen como factores claves», agregó. Faraone también expresó ante el Codicen que el 24 de febrero de 2005, Carmen Tornaría, ex consejera de dicho organismo, reveló en Búsqueda que «muchos de los currículos que se manejaron en la ANEP están encabezados explícitamente con la filiación o la militancia partidaria como primer mérito». «Por otro lado, -afirmó Faraone-, los dos consejeros nacionalistas sostuvieron públicamente que la mayoría del Codicen (los dos Consejeros colorados y Carmen Tornaría) acordaba con el ministro de Economía las cuotas atrasadas de los convenios». Estas «son evidencias categóricas de prácticas de selección de personal y de administración a erradicar o al menos corregir», dijo Faraone. «Una administración eficaz y personal docente bien seleccionado, bien remunerado, con las exigencias técnicas correspondientes, pueden dar respaldo en la opinión pública a las nuevas autoridades del Codicen, aumentando así su autonomía real», dijo Faraone ante el Codicen. Y agregó que «ciertos principios son fundamentales contra el clientelismo y la arbitrariedad, y además resultan esenciales para realizar un gobierno racional: concurso de ingreso (o llamado a aspiraciones) a todas las funciones, publicidad de las designaciones, publicidad de las resoluciones, estatuto
del personal docente y no docente». Asimismo, Faraone propuso cuatro iniciativas simbólicas ante el Codicen, «útiles para consolidar la autoridad política y ética» de este organismo. La primera sería cambiar las denominaciones «Gerencias» por «Jefatura de servicio a determinar A», «B», «C», y así consecutivamente. Las ventajas serían terminar con una terminología inadmisible, ganar meses para poder reorganizar con calma, dar una señal a toda la burocracia, economizar con los futuros pleitos, ya que es una medida impersonal. Una segunda iniciativa sería pedir asesoramiento a las cátedras de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho sobre la constitucionalidad de los Convenios internacionales e informar acerca de este pedido al Poder Ejecutivo y al Parlamento. De esta manera, el Codicen estaría asumiendo competencia sin pronunciarse y el Poder Ejecutivo podría, en las relaciones internacionales, invocar la autonomía del Ente, ampliando así su capacidad de negociación. La tercera iniciativa sería consultar a las mismas Cátedras de la Facultad de Derecho sobre la situación de los Consejos Desconcentrados integrados por sólo dos miembros ante la hipótesis de empate y también acerca de si existe la posibilidad jurídica de que el Codicen designe, en los cargos vacantes, a docentes elegidos por los cuerpos docentes respectivos. Esto reconquista autonomía, resuelve un problema institucional, amplía su respaldo y no estaría tomando aún ninguna decisión. La cuarta iniciativa sería disponer una auditoría impersonal sobre los mecanismos de selección aplicados para los contratos de obra vigentes. Esto brindaría información útil para la elaboración de los reglamentos de concursos y reduciría el número de pleitos y sus montos. A un año de formuladas estas propuestas ante el Codicen, Faraone afirmó que «hay escasas señales de que pueda llegar a compartirlas, siquiera parcialmente».

 

Los Consejos Departamentales

Actualmente, Faraone propone una iniciativa de descentralización y de participación popular preguntándose «¿Por qué no pensar en crear Consejos Departamentales de Educación (para la enseñanza no universitaria) con cometidos de infraestructura (edificios), de alimentación (cantinas) y de asistencia social (becas, etc.)? y hacerlos electivos, con fuerte representación de los padres». De esta forma, «los recursos financieros (públicos), les serían asignados a esos Consejos Departamentales por el o (los) órgano(s) central(es) de gobierno de la enseñanza pública, autónomo(s)», según Faraone. «Esta propuesta es independiente de las soluciones orgánicas que se adopten para dirigir los servicios de educación no universitaria», afirmó el integrante del Grupo Autonomía. «Y  agregó- se funda en los principios de autonomía, participación y descentralización, que deberían ser principios inspiradores de la nueva ley». Por su parte, Laura Rumia, integrante del Grupo de Trabajo sobre Ley de Educación de la FEUU, dijo a LA REPUBLICA que «el objetivo estratégico es la autonomía y el cogobierno para toda la educación pública, con el propósito de desarrollar un proyecto educativo que sea liberador y emancipador de acuerdo a cómo concebimos la educación».

Para ello, explicó que se está concibiendo al Congreso Nacional de Educación, que se llevará a cabo en octubre, como «la herramienta idónea para la discusión, generar asambleas, ayudar al proceso de construcción de una ley de educación que tenga verdaderas bases sociales y que emane de una discusión y un debate de toda la sociedad». Sin embargo, Rumia expresó que «estamos frente al problema de que no hay cultura de participación, por eso es importante generar los espacios y las herramientas para que se pueda dar una verdadera participación, sensibilizando a los estudiantes y a la sociedad en general acerca de la importancia de su participación en la discusión sobre qué educación queremos». *