Darán fondos a familias con niños en la calle a cambio de estudio y salud

El plan contempla la entrega de fondos para encarar proyectos familiares a cambio de que «salgan de la calle». Habrá 300 mil dólares disponibles para ejecutar las propuestas.

«Tenemos que sacar a los chiquilines de la calle. Si no se logra es responsabilidad del gobierno», manifestó ayer la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en el lanzamiento de un programa que asistirá a 625 niños y adolescentes en situación de calle de Montevideo y Canelones que no están incluidos en ningún plan estatal.

Cuatro organizaciones no gubernamentales, seleccionadas mediante llamado público, serán las encargadas de poner en marcha este proyecto. La zona de intervención se dividió en seis áreas: cuántos niños incluye, qué inversión se prevé y cuál es la asociación responsable se detalla en cada uno de los sectores discriminados.

Una zona comprende a los barrios La Paloma, Tomkinson, Cerro, Belvedere, Tres Ombúes, La Teja y Victoria; otra a Colón y Conciliación; Piedras Blancas, Casavalle y Punta Rieles es otra área; Maroñas, Villa Española y Malvín Norte; Carrasco Norte, Colonia Nicolich y Ciudad de la Costa y por otro lado Pando, Barros Blancos y fraccionamientos ruta 8.

El objetivo es reinsertar a los niños en situación de calle en los ámbitos social, familiar y comunitario para mejorar oportunidades de desarrollo personal. «Las asociaciones civiles van a trabajar con las familias de estos niños que están en la calle, construyendo una relación y armando un proyecto para que salga de la calle», explicó ayer el director del Programa Infamilia, Julio Bango.

La idea es involucrarse con las escuelas, clubes, policlínicas y todas aquellas instituciones que se dedican a la protección infantil, para «lograr que el niño vuelva a la escuela y tenga acceso al servicio de salud», subrayó Bango.

El programa se extenderá durante 14 meses y se financiará con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asciende a 870 mil dólares. Los autores del proyecto se plantearon lograr que el 80 por ciento de los niños y adolescentes asista a la escuela, que el 70 por ciento reciba atención periódica de salud y reducir al 50 por ciento el tiempo de permanencia en la calle.

Dentro de las innovaciones presentadas ayer se encuentra la implementación de un fondo de prestaciones a las familias a partir del cuarto mes. Los grupos familiares tendrán la posibilidad de presentar un proyecto que consideren necesario para el desarrollo de los objetivos planteados en el programa.

«Alguien podrá plantear que necesita un curso de capacitación porque está desempleado, otra persona pedirá ampliar una habitación porque duerme toda la familia hacinada en un cuarto», detalló Bango, quien aclaró que las familias deberán «tomar como responsabilidad que los niños salgan de la calle a cambio de recibir una parte del fondo».

Los beneficiarios del Plan de Emergencia que tengan hijos en la calle también deberán asumir compromisos. Si no lo hacen corren peligro de perder el ingreso ciudadano.

Así lo dijo claramente Bango: «Los niños de la calle que tienen padres percibiendo el ingreso ciudadano tendrán que comprometerse con el programa. Si no cumplen corren el riesgo de dejar de percibirlo». *