Archivo policial va a parar a un contenedor de basura

Con toda certeza, Federico Andrés Martino Grande, un uruguayo nacido en Montevideo en el año 1985, domiciliado en la calle Gonzalo Ramírez, no tiene la más remota idea de que todos sus datos personales están a disposición de quien quiera hacer con ellos lo que le venga en ganas, y ni pensar, si esa persona supuestamente malintencionada cuenta con algunos y simples medios apropiados, a su disposición. Tampoco Lil Alejandra Alvariza De Vicente, de estado civil viuda, de profesión empleada, de 60 años de edad y domiciliada en la calle Antonio Machado, debe imaginar que sus datos confidenciales se hallan expuestos a la «buena de Dios». Ocurre que son dos, de las innumerables personas cuyas fichas, que incluyen las huellas dactilares de los dedos de ambas manos, han sido encontradas en un contenedor de basura en una tranquila calle montevideana. «Cosas veredes Sancho»; y la sorpresa puede ser mayúscula cuando después de toparse con una de estas fichas, enseguida aparece otra, y otra, dentro del contenedor, afuera, y a lo largo de muchos metros, por la calle Figurita, cerca del cruce con Martín C. Martínez.

 

«Señas particulares ninguna»

Veamos de qué se trata. Las fichas originales lucen la inscripción: «MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección Nal. de Policía Técnica. Solicitud de Certificado de Habilitación Policial. Allí aparecen, los nombres y apellidos completos del ciudadano que ha iniciado el trámite correspondiente, su documento de identidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, profesión, domicilio con lujo de detalles y la firma del solicitante. También se aclara en dónde será presentado ese certificado. Así, en muchísimos casos, dice «pasaporte», en otros «MSP residencia», algunos para «Iname adopción», o «IMM chofer», y hasta los hay para «tenencia de armas». En el reverso de la ficha aparecen las huellas dactilares de la persona que ha iniciado el trámite para la obtención del certificado, y que lejos estaría de imaginar en el momento de hacer la solicitud, que esa información confidencial que como ciudadano le está brindando al Estado, iba a terminar a disposición de cualquier persona. Porque en definitiva se trata de eso, del manejo que hace el Estado con la información confidencial de la que dispone, de cada ciudadano; no es un asunto menor. Aunque pueda significar una verdad perogrullesca para muchos, no sería ocioso resaltar todo lo que un individuo con aviesas intenciones puede llegar a hacer contando con todos los datos de una persona, ofrecidos así, en bandeja y a pedir de boca. Tramitar una tarjeta de crédito o realizar una solicitud de servicio telefónico, son sólo dos de las posibilidades, que se suman a otras que sólo la mente de un delincuente puede llegar a concebir. También surgen algunas preguntas que no despejan la preocupación, antes bien, la refuerzan. Estos ciudadanos que tramitaron la solicitud para obtener el Certificado de Habilitación Policial, con distintos fines, ¿obtuvieron dicho documento? ¿El certificado en cuestión se hizo llegar directamente a los organismos ante los cuales el solicitante los presentaría? ¿Cuáles son las disposiciones internas en la Dirección Nacional de Policía Técnica en relación con el archivo de estas solicitudes? Lo que significa en buen romance, preguntarnos ¿qué se hace con la información obtenida? ¿Quién, o quiénes, y cómo, manejan los datos confidenciales de los ciudadanos, supervisados o controlados por quién? ¿Cómo esta valiosa documentación, que puede ser «oro en polvo» para cualquier delincuente, estafador o falsificador, de la especie que sea, va a parar a un contenedor de basura en una calle de la ciudad? Lo preocupante de estas preguntas, tal vez no sea el tenor de las mismas sino la falta de respuestas para cada una de ellas. De ahora en adelante, sabemos que cada vez que una oficina policial nos solicite información corremos el riesgo de que nuestros datos confidenciales puedan ser utilizados de la peor manera. *