Denuncian medidas que perjudicaron a cincuenta ancianos del Piñeyro del Campo

En grupo de ex cuidadoras domiciliarias del ahora llamado Centro Geriátrico Luis Piñeyro del Campo, ha hecho pública una denuncia que involucra a las actuales autoridades del antiguo asilo de ancianos.

Ubicado desde hace mucho tiempo en la calle Larravide 2351, a finales de 2004, pasó a funcionar como Hospital Centro Geriátrico Luis Piñeyro del Campo. Desde 2001, ocupa la dirección del nosocomio, el Dr. Italo Savio. A partir del cambio operado, «el Piñeyro» no acepta internos menores de 65 años. Voceros del grupo de ex cuidadoras domiciliarias expresan que desde tiempos inmemoriales el Hospital posee un departamento de Inserción Familiar que le permite a algunos internados con determinadas características, ser destinados a convivir con familias bien constituidas y que cumplen con ciertos requisitos. Informan además, que en 2001 los aspirantes a cuidadores realizaron un curso de adiestramiento avalado por el MSP. «Estas abuelas y abuelos que fueron integrados a esas familias adoptivas -dicen-, algunos de ellos hace más de diez años, habían superado ya largamente la etapa de adaptación, pasando a ser un miembro más del núcleo familiar»; ninguno de ellos deseaba regresar «al Piñeyro», lo que indicaba la existencia de un lazo afectivo muy fuerte, que significaba un cambio radical en sus vidas, como dejar la calle por una familia, «con nietos adoptivos, encontrando en su cuidadoras, nuevas y queridas hijas».

 

Nuevo proyecto de reestructura

Pero en 2004 todo cambió abruptamente, cuando la dirección del Hospital resolvió llevar adelante una reestructura del sistema, ordenando el retiro de 50 ancianos de sus hogares adoptivos, trasladándolos nuevamente a la Institución, haciendo oídos sordos a sus protestas «y lo que es peor y más doloroso, no se les dio explicación alguna acerca de los motivos de esta medida arbitraria». Expresa el mencionado comunicado, que «los ancianos fueron engañados cuando se les dijo que iban a ser trasladados sólo por unos días y para que se les realizaran estudios médicos. Las abuelas y abuelos fueron arrancados de sus hogares adoptivos a cualquier hora del día, con lo puesto, en medio de la siesta, del almuerzo o la merienda, reflejando en sus ojos las lágrimas de desesperación, buscando con la mirada la protección de las cuidadoras, que sin poder hacer nada igual que ellos y con la misma impotencia, asistían a la brutalidad y al abuso de cuatro funcionarios, entre los cuales se encontraban una doctora, un asistente social, una enfermera y una nurse, que de acuerdo al testimonio de los denunciantes, es la ideóloga de este proyecto de reestructura». Los firmantes de la carta, hacen saber que la nurse, licenciada Nelba Grönros, «tiene muy malos antecedentes, una personalidad psicopática, con ansias de poder, arrogante, intolerante e insensible». Explican los integrantes del grupo, que a fines de 2004 comenzó este calvario que aún continúa. Las consecuencias para los ancianos han sido desastrosas; algunos ya han fallecido. Otros son utilizados para que unas pocas cuidadoras nuevas «cobren sus sueldos y obtengan beneficios del Estado, sin importarles la situación de las personas custodiadas, que fueron separadas de sus familias prohibiéndoles todo contacto». La señora Julia Ulery, de 77 años, fue reclamada por su hija, que viajó desde Rivera a buscarla para llevarla consigo, después de años sin tener noticias de su madre, y la dirección del Hospital le negó ese derecho. Esta abuela, que fue retirada del hogar adoptivo pesando 74 kilos, actualmente pesa 54 kilos, y la «nueva cuidadora» se encargó de predisponerla contra su verdadera familia, para no quedarse sin los servicios de doña Julia, que hace las veces de empleada. Juan María Sosa, retirado a la fuerza de su hogar adoptivo en medio de aquel operativo casi militar, el 26 de agosto de 2004, falleció en el Hospital Pasteur el 17 de setiembre del mismo año; el médico que lo atendió sospecha de intento de autoeliminación. Mirta Barone, pianista del Piñeyro, fue retirada de su residencia adoptiva, el 17 de setiembre de 2004, en perfecto estado de salud, movilizándose por sus propios medios; hoy está confinada a una silla de ruedas, con una lesión en la columna vertebral a raíz de un extraño accidente en el pabellón en donde fue alojada.

Denuncian también, que el expediente de la ex cuidadora Carmen Hernández está plagado de contradicciones, «intentando explicar lo inexplicable». La denuncia que realizaron en el MSP, en marzo de 2004, aseguran que fue archivada, y hacen saber que existe un expediente, con el Nº 12001-01-3852-05 sin que nadie le hinque el diente. «La Sociedad de Geriatría tampoco ha querido tomar cartas en el asunto -dicen- la Comisión de DDHH de Diputados recibió estas denuncias en audiencia, el 16 de noviembre de 2005 y aún no se ha expedido; los mismos denunciados son los que analizan todo este asunto». La FFSP no apoya y la Comisión Interna del Hospital geriátrico, «pese a trabajar en condiciones infrahumanas, no colabora. Queremos que se investigue a fondo, pero con el verdadero significado de ‘investigar’. Queremos que caiga quien caiga, se revierta esta situación tan grave. Queremos ver los cambios que nos prometieron y que todos votamos. Queremos que la ministra nos explique a qué se debió tan drástica determinación y porqué no se dignó contestar las dos cartas que se le entregaron en su domicilio, como compañera y no como ministra. No queremos mentiras porque tenemos pruebas de la verdad.» Así planteadas las cosas, resta ahora, que la dirección del Hospital Piñeyro del Campo y las autoridades de Salud Pública, den una respuesta adecuada. *