Sí, respaldar al Poder Judicial

Mi nota de la contratapa del martes pasado generó una contestación crítica vehemente por parte del valorado y querido compañero, Eleuterio Fernández Huidobro. A pesar de que no fue mencionado en la nota, como mi posición difería sustancialmente con la que él había expresado públicamente, no me sorprendió que me dedicara su espacio semanal. Lo que me parece es que en su nota me hace sostener cosas que no dije (ni pienso) y se distorsionan otras para poder argumentar mejor en su contra, todo lo que me obliga a volver sobre el tema. Insisto en lo que ya dije: no voy a ingresar al análisis del expediente original ni en el de las extradiciones. Para eso está el Poder Judicial, que cumpliendo con su función jurisdiccional ya se pronunció en todas sus instancias. Mi «contrincante» en esta polémica sí lo hace, pero allá él. Yo en esa, ni entré ni entro. Vamos entonces a las principales críticas recibidas:

* Dice EFH que la nota «Comienza afirmando que lo de Berríos fue un secuestro. Asunto este que en la Justicia uruguaya domiciliada en el juzgado de la ciudad de Pando ha quedado desmentido con pruebas, hasta el momento irrefutables.» La prueba más irrefutable hubiera sido el testimonio de la víctima, pero lamentablemente lo mataron. Ese Berríos que menciona ¿será el mismo que escapó de la casa de Parque del Plata y pidió ayuda a un vecino, y luego fue a pedir protección a la comisaría? Si a alguien le quedaban dudas de la situación de secuestro en Parque del Plata, el fin de la historia es esclarecedor al respecto, salvo que también se tengan pruebas «irrefutables» de que se suicidó.

* Considera EFH que mi afirmación de que «algunos militares seguían operando con la mentalidad y los métodos de aquel triste período» en la medida que no menciona ningún civil deslinda toda responsabilidad en los hechos del presidente Lacalle y los entonces ministros del Interior y Defensa. (Dres. Juan A. Ramírez y Mariano Brito). Afirmación audaz y sin fundamento en lo dicho por mí. Las autoridades políticas tienen  por acción u omisión- sus responsabilidades; los que operaban eran, indiscutiblemente, los militares.

* Cree ver una contradicción cuando afirmo que «Los servicios de inteligencia de nuestro país fueron cómplices activos al menos de un operativo de silenciamiento de un ex colaborador de la dictadura chilena», porque según EFH «en democracia los Servicios de Inteligencia actúan o deben actuar bajo las órdenes de su mando (Gral. Aguerrondo) y éste de su comandante en jefe (teniente general Juan Modesto Rebollo), y éste del ministro de Defensa (Mariano Brito), que junto con el presidente (Luis Alberto Lacalle) forma el mando superior de las Fuerzas Armadas». No hay tal contradicción, y el Ñato debería saber que no siempre lo que debe ser, efectivamente lo es. Debería saberlo, como lo sabemos todos en la izquierda porque sobran los ejemplos de la autonomía con la que actuaron los servicios de inteligencia aún luego de finalizada la dictadura.

* En mi afirmación de que «La indagatoria realizada en el Uruguay sobre el hecho constituyó una parodia destinada a cubrir mínimamente las formas y por dos veces se dispuso su archivo. Tan vergonzante fue su trámite que el propio juez que dispuso el primer archivo, a la vez ordenó el secreto de lo actuado» en forma -a mi juicio- asombrosa cree ver «una furibunda diatriba contra el Poder Judicial sito en Pando incluyendo expresamente a todos los jueces y fiscales que allí actuaron (seis en total durante trece años).» No tengo idea cuantos jueces y fiscales actuaron. No mencioné a nadie expresamente, salvo al juez que dispuso el archivo y el secreto de lo actuado. Mi opinión sobre la indagatoria se basa en su absoluta carencia de resultados y en el contenido de la resolución de archivo del actual juez Letrado de Pando, Dr. Pedro Salazar, que no ahorra críticas contra el procedimiento seguido, críticas que han determinado que la Suprema Corte inicie una investigación sobre la actuación del magistrado referido.

Agrega EFH: «pocas veces leí un ataque tan duro contra el Poder Judicial uruguayo». Acá tenemos una importante diferencia conceptual: el apoyo al Poder Judicial que postulo es el apoyo institucional a un Poder del Estado, independiente en sus decisiones del poder político y garante de la existencia de un estado de derecho: no es el apoyo acrítico e irrestricto a todas las decisiones de cada uno de sus miembros, humanos falibles (sin descartar otras causas de mala praxis). En el caso de las extradiciones, las decisiones unánimes tomadas en las tres instancias (dos de ellas por órganos colegiados), me dejan tranquilo respecto a su juridicidad. En el caso del archivo del expediente original dispuesto por un Juez (al fin de cuentas, un único individuo) luego de una cuestionada investigación me surgen dudas. Y la opinión del Juez actual alimenta esas dudas.

* Del párrafo donde afirmo «en Chile las cosas fueron distintas; se investigó en la debida forma y se aclaró paso a paso y en detalle cómo fue el operativo, tanto en Chile como en Uruguay» desprende que lanzo «–en clave de Oda– un elogio superlativo y hasta poético a la «ejemplar» justicia chilena. Creo que es imprescindible una gran sensibilidad para encontrar que mi frase está «en clave de oda» y contiene algo de poético, ya que es apenas la comprobación de un hecho: en Chile investigaron y aclararon los hechos. Sobre la Justicia chilena no emito juicio alguno, y lo de ejemplar va por cuenta de quien lo afirma.

* No logro comprender la base que tiene EFH para adjudicarme supuestas preferencias geográficas, y me parece que es minimizar el tema verlo como una confrontación Montevideo   Interior. Pero sin embargo insiste en que «la posición que Rubio propone es respaldar al Poder Judicial según sea el domicilio de la Sede en la que actúe o, si no es esa, podría ser: respaldar a los Tribunales de Apelaciones sitos en Montevideo pero denunciar gravemente a todos los demás.» Los tribunales de apelaciones están todos ellos en la capital, pero tienen jurisdicción nacional, más allá de su domicilio. Mi crítico recae otra vez en la confusión entre lo institucional y las decisiones personales de un Juez determinado.

* Cuando afirmo que «es una pena que otros responsables de mayor jerarquía no tengan que enfrentar la acción de la justicia (uruguaya o chilena), pero es equivocado pensar en términos de todo o nada. Y considerar la condición de subordinado como eximente en la indagación de un caso de secuestro y homicidio es llevar la obediencia debida a límites absolutos». EFH me retruca que no es una pena sino un crimen; y que las extradiciones «forman parte de ese crimen de ocultamiento». Crimen que de ser cierto, es responsabilidad del procedimiento seguido en ese Juzgado de Pando, que califiqué de parodia y por tal causa desaté el enojo de FH. Discrepo, sin perder mi calma (no sé que tan proverbial sea ella) con esa interpretación de la obediencia debida; dice EFH «…el resto, los verdaderos responsables civiles y militares, podrán seguir tranquilos.» Vale preguntarse: ¿Se alterará esa tranquilidad en caso de no extraditarse a los responsables directos que se mencionan?

* Por último, EFH quiere ir a la Justicia a denunciar al ex presidente Batlle del que afirmé que «toda vez que pudo entorpeció la acción de cualquier justicia, fuera nacional o extranjera.» Puede estar tranquilo el Dr. Batlle (al menos por este aspecto); mi afirmación se refiere al uso de los instrumentos legales que tuvo a su alcance. Por supuestas razones de orden público no permitió la tramitación de las siete extradiciones que llegaron desde Argentina p
or el caso de la Automotora Orletti, y en más de un caso aplicó generosamente la ley de caducidad para impedir la acción judicial, como en el caso de la nuera del poeta Juan Gelman. Más allá del juicio que nos merezcan esas actitudes, salvo mejor opinión, no corresponde otra denuncia que en el plano político.

En cualquier discusión es muy grande la tentación de hacer decir al contrincante lo que no dijo ni piensa, para entonces poder hacerlo un blanco más fácil de nuestras críticas. Espero no haber caído en esa indecorosa práctica, especialmente inconveniente en discusiones entre compañeros. No me extenderé más en contestar las críticas del apreciado compañero. Prefiero cotejar nuestros puntos de vista en el Palacio Legislativo, que es un edificio enorme, pero al fin de cuentas, entre nuestros despachos en el Senado no hay más que algunos metros y poco más de una docena de escalones. *

 

(*) Senador de la República