Cuando las mayorías se equivocan

La pregunta –de cuya ucronía me hago responsable– no es ociosa pues los trágicos sucesos ocurridos durante una prueba extrema organizada en el marco de un programa filantrópico de entretenimiento se produjeron pocos días después que el legislativo municipal de Buenos Aires sometiera a juicio político al jefe comunal porteño Aníbal Ibarra y decidiera su destitución por hallarlo culpable del incendio en una discoteca.

Si ese criterio se siguiera aquí, en nuestro país, ya me veo al intendente rionegrense debiendo distraer la atención puesta en las plantas de celulosa para enfrentar las iras de la población que lo responsabilizaría de lo ocurrido. Habría aparecido algún líder anónimo con capacidad suficiente como para soliviantar a las masas y presionar de tal manera que la Junta tomara cartas en el asunto y ¡pataflúfate! el pobre Lafluf en el banquillo pronto para ser decapitado y obligado a renunciar.

Felizmente, estamos en Uruguay y a nadie se le pasó por la cabeza pedir la ídem del jefe comunal por el accidente de Young; la Justicia ordinaria investiga el asunto y determinará responsabilidades si las hay, pero –reitero– no está en juego la permanencia de Lafluf en el cargo y no hay posibilidad alguna de que termine como Ibarra.

Porque si trágico fue el incendio de Cromagnon, la condena al intendente resultó patética. Se trató de un caso flagrante de lo que en los partidos de fútbol se conoce como «cobrar al grito», esto es, la circunstancia en que el árbitro pita señalando una infracción de la que no está muy seguro pero los gritos provenientes de la tribuna terminan por decidir el fallo supuestamente imparcial; el encargado de conducir el partido con equidad cede ante las presiones de la hinchada.

En el caso que terminó con el cese de Aníbal Ibarra, parece claro que los encargados de juzgarlo no lo condenaron con elementos de juicio contundentes sino sencillamente porque la presión de la masa irreflexiva apuntaba a eso; porque creyeron interpretar el clamor popular que, desde que sucedió el accidente, pedía la condena del jefe comunal. De otra forma no se explica un fallo absolutamente irregular e ilegítimo.

Soy políticamente liberal y siempre he creído que la democracia es la mejor forma de organización que pueda darse una sociedad. Defiendo a muerte los mecanismos constitucionales que habilitan la consulta a la población como los referendos y plebiscitos en los que la democracia representativa cede el paso a la democracia directa, cuando la autoridad de los gobernantes cesa por la presencia soberana del pueblo. Pero mi profunda fe democrática en modo alguno me permite aceptar como válidas, por el mero hecho de provenir del pueblo, las expresiones de intolerancia irracional, el desmadre de las protestas, el recurso prepotente, las demandas irreflexivas que, en la Argentina, terminan por imponerse merced a la actitud complaciente de los gobernantes.

Recuerdo la versión de El enemigo del pueblo que puso en escena El Galpón en Mercedes y Roxlo hace una punta de años. En determinado momento, el personaje principal (el doctor Stockman, que hacía magistralmente Juan Gentile) dice algo así como «las mayorías no siempre tienen razón». Una sabia sentencia que desató las iras contra Ibsen a quien se tildó de antidemocrático; sin embargo, buena cosa sería tenerla siempre presente.

Cierto es –y bien lo sabemos nosotros, los uruguayos– que la impunidad resulta especialmente irritante y despierta la condigna indignación de la sociedad. No obstante, ello no habilita las conductas demenciales que cada vez con mayor frecuencia se dan en Argentina y que por estos lares empiezan a encontrar émulos. Pienso en Blumber y su prédica contra la inseguridad, que logró convocar a una multitud exigiendo a la Policía y a la Justicia mayor rigor represivo y punitivo.

Parecería que todo se limitara a reclamar mano dura en la represión preventiva y a hallar culpables una vez que aquella ha fallado. Poco importa cómo ni a quién acusar: el asunto es encontrar a alguien a quien responsabilizar y sobre quien descargar toda la condena social; que alguien pague, porque las transgresiones deben ser expiadas. Parecería que se hubiera invertido el principio jurídico según el cual es preferible que haya un culpable impune antes que un inocente sea castigado. La mentalidad media de buena parte de la sociedad piensa al revés: prefiere un inocente preso antes que un culpable libre. Este principio del derecho penal se formula con la máxima latina In dubbio, pro reo (en la duda, a favor del imputado) y estipula que si un juez tiene dudas acerca de la culpabilidad del individuo que la Policía le ha llevado a su despacho, debe dejarlo en libertad. La peligrosa mentalidad predominante postula, sin rubor, lo contrario: aunque el juez dude, aunque la prueba sea insuficiente, que el imputado vaya en cana.

¿No es acaso la idea que subyace en la afirmación –tan repetida últimamente– de que la Policía detiene a un chorro y el juez lo suelta? De acuerdo con ese criterio tan peligroso, la Policía tendría potestades suficientes como para decidir sobre la culpabilidad de las personas y el juez debería limitarse a convalidar lo dispuesto por la Policía.

Cuando Montag (el protagonista de Farenheit 451) ya ha elegido rebelarse frente a aquel universo opresivo y huir de aquella sociedad alienada, el sabueso electrónico que lo persigue –y que le ha perdido la pista– encuentra a otro individuo, un marginal, lo hace pasar por el requerido y lo elimina. Ya está: la sociedad podrá dormir tranquila aunque el ejecutado no sea el bombero transgresor.

El Estado cumplió. *

 

(*) Periodista