Berríos

Puede ser que los en aquel entonces capitán y mayor (Radaelli y Sarli respectivamente) hayan secuestrado y fusilado al genocida chileno Berríos. La Justicia debería investigarlo.

El gran problema es que la Justicia lo investigó durante trece años en un expediente que suma miles de páginas. Incluso pasó por ahí el juez y la policía chilena y allí, en el expediente de Pando, por más esfuerzos que se hicieron para tratar tenazmente de condenarlos, ello no pudo hacerse. Y fue archivado a regañadientes «sin perjuicio» (puede volver a abrir sus fauces).

Parece uno de aquellos expedientes (de antología) de la Justicia Militar sólo que con los papeles cambiados.

Estos oficiales subalternos fueron pasados también por los consabidos Tribunales de Honor y Justicia Militar.

Cuando hasta hace poco en este país oficiales de mucha mayor graduación y civiles concomitantes acusados de cosas tremendas se negaban a pisar un juzgado y no lo pisaban, estos chivos expiatorios eran parroquianos del juzgado de marras.

Con la diferencia, además, de que ahora igual irán presos mientras que los otros salieron sonriendo rumbo a sus casas.

En suma: hasta ahora no se les pudo probar ni secuestro ni homicidio, por el contrario, abundaron los testimonios y datos demostrativos de que el genocida fusilado se movía en Uruguay a sus anchas y hasta incluso visitaba la Embajada de Chile.

Lo que sí ha quedado probado hasta el hartazgo es la prepotencia y el avasallamiento esgrimidos por jueces y policías chilenos sobre testigos, acusados y familiares y sobre las más elementales normas de decoro y respeto a la soberanía y dignidad del Uruguay.

Obviamente va de suyo que esas irregularidades comenzaron en Chile bajo un gobierno electo porque fue de allí, con apoyo oficial evidente, que le encajan a Uruguay el presente griego con documentación gubernamentalmente falsa.

Conviene señalar que en aquel comienzo del fin, el genocida fusilado es trasladado por las autoridades chilenas a Argentina y luego a Uruguay para sustraerlo de dos peligros inminentes: que «cantara» los secretos que conocía o que lo cazaran los pesados traficantes de drogas a quienes Berríos que además de genocida era químico y gran charlatán, estafó ignominiosamente con la promesa tal vez real de producir la cocaína más pura del mundo a bajo costo… Esto y mucho más puede leerse en la causa chilena abierta contra Berríos en la que además de otras irregularidades reposa un hecho judicial de antología: un testigo y a su vez acusado (por tráfico de drogas) chileno se niega a declarar alegando ser además de agente chileno y traficante, ser agente de la DEA (la cacofonía se debe a que el tipo era espía múltiple)

Lo que aunque parezca mentira es corroborado en papel sellado por la Embajada de los EEUU desde donde se le comunica al juez chileno que por lo tanto el hombre no va a declarar nada porque está protegido por el secreto obligatorio de la DEA y de los EEUU. Nótese qué tipo de intereses e influencias se mueven en torno a este asunto y, también, qué tipo de garantías le ofrece la Justicia chilena a la ciudadanía propia y ajena.

Pero es más: la policía chilena le aportó al juez uruguayo datos acerca de un sospechoso viaje de Radaelli a Chile sin aclararle que integraba la numerosa delegación del Montevideo Wanderers Fútbol Club como dirigente.

Datos acerca de los numerosos viajes a Chile de Casella cuya cédula de identidad uruguaya era número doce millones y pico (se comieron el guión) pero ese error permitió comprobar que dicha cédula era real y que pertenecía a un camionero uruguayo de apellido Casella pero de nombre distinto que fue cambiado por la Policía chilena ante el juez uruguayo.

Uno de los testigos en contra de los oficiales uruguayos ante la Justicia uruguaya es nada más y nada menos que Di Matei denunciado mundialmente por Juan Gelman (también en LA REPUBLICA) como estafador (le robó dinero a cuenta de datos sobre su nuera y su nieta que jamás aportó) y violador miserable de los más puros sentimientos humanos.

Se compró testigos para que cambiaran testimonios, se intentó comprar a otros y se los presionó. Se siguió, interrogó y presionó a civiles uruguayos por las calles de Montevideo. Se amenazó a familiares de los acusados. Se les hizo perder el trabajo. Se intentó comprar a los acusados. Policías chilenos anduvieron como Perico por su casa interrogando y presionando gente adentro del juzgado uruguayo.

Todo fue denunciado ante el juez y ante Interpol de Uruguay y de Chile. Interpol de Chile deslindó responsabilidades alegando que esos policías chilenos le eran desconocidos…

Todo esto y mucho más está dentro del expediente de los trece años de edad que no le fue proporcionado a nuestra Suprema Corte de Justicia.

Luego de todos estos desaguisados nada sutiles, propios de un elefante en un bazar: ¿Qué garantías le puede ofrecer Chile en este caso a estos acusados?

La Justicia uruguaya fue la primera en tomar cartas en este asunto pero se cometió el increíble error (decisivo) de informarle al juez Mirabal (en cuya jurisdicción recayó el pedido de extradición) una fecha posterior a la verdadera con lo que la Justicia uruguaya aparecía tomando cartas en este asunto después que la chilena. ¡Pavada de error gramatical!

Todo este lío fue armado y consumado bajo dos gobiernos democráticamente electos. Sus cadenas de mando eran y son meridianamente claras.

Los oficiales Radaelli y Sarli eran en aquel entonces oficiales subalternos. No así Casella que ya era coronel. Actuaron recibiendo órdenes. Ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos (Pinochet ha sido declarado por la Justicia inocente del Plan Cóndor) ha sido molestado para nada. Ni los civiles ni los militares.

En este enredo ha quedado pringada mucha gente (civil y militar) bajo gobiernos democráticos.

Como alguien debía pagar el pato (un montón de patos) estos dos «perejiles» (va dicho en su acepción técnica) vinieron como anillo al dedo: «acá nadie va a decir nada porque además si son milicos la izquierda aplaude».

Imposible hubiera sido extraditar a pongamos por caso el coronel Rivas (Jefe de Policía de Canelones) o el general Aguerrondo (quien reconoció haber dado las órdenes) o al teniente general Modesto Rebollo… O a Don Luis Alberto Lacalle mando superior junto con el entonces ministro de Defensa y responsable de todo por acción o por omisión.

Sería un escándalo mayúsculo. O pedir la extradición desde Uruguay del ex presidente de Chile, el ministro, los mandos, etcétera.

Sin olvidar que el Parlamento tomó cartas también en el asunto realizando una sesión secreta con los ministros de la que hasta hoy no ha trascendido absolutamente nada. ¿Qué se informó? ¿Qué se decidió hacer?

¿Será verdad como se comenzó a decir hace poco que Modesto Rebollo le dio un golpe de Estado técnico al presidente Lacalle?

Todo lo taparemos echando sobre la posible memoria algunos oficiales a las fieras.

No importa, las culpas serán expiadas por dos o tres chivos que endilgamos lejos, más allá de los Andes sonarán de vuelta los clarines como en «Uruguayos Campiones», esta vez de la hipocresía y la injusticia. Con aplausos unánimes por distintas razones confluyentes y pretensiones de linchamiento contra quienes no quieran cantar la «retirada», otro ataque a la soberanía desde un país hermano…

Hay gente que con suicida irresponsabilidad alega que igual está bien que extraditen a estos porque eso abre las puertas para extraditar a los otros. El costo de una tal vez futura justicia sería la injusticia y
la soberanía. Hacemos lo mismo que nos hicieron ellos: una especie de Plan Cóndor al revés.

La «vindicta pública» será valga la triple redundancia, una vileza ramplona y ordinariaza.

Por último: la familia Frei quiere demostrar que su antecesor (el contemporáneo de Allende y de Pinochet) ex presidente no murió de muerte natural sino que fue envenenado por Berríos. Bastaría que algunos de estos oficiales uruguayos declarará acá o en Chile que Berríos les dijo que sí para que ello cobrara un principio de prueba (además Berríos está muerto y los muertos no declaran). Obviamente que si se llega a comprobar que hubo secuestro se estaría a las puertas de probar que el fusilamiento del genocida fue en el marco de un Plan Cóndor oficial u oficioso con lo que en ese caso, y solo en ese caso, la familia Berríos estaría también en condiciones de reclamar…

Creo que estos oficiales se están haciendo llevar presos por no «arreglar» sus declaraciones. Son, como dicen algunos, unos «giles».

Desde que los gobiernos chilenos repararon monetariamente a la familia del mártir Orlando Letelier asesinado por Pinochet en las calles de los EEUU, han ido llegando demasiados mercaderes al templo. A veces revientan su crisma en Uruguay. Y no lo entienden… *

(*) Senador de la República