¡Apurar la marcha!

La propuesta programática que llevó a la victoria al Frente Amplio se estructuró en torno a cinco ejes temáticos: el Uruguay Productivo, el Uruguay Social, el Uruguay Integrado, el Uruguay Democrático y el Uruguay Innovador.

La inclusión de este último eje implicó un compromiso inédito, significó la irrupción en la agenda política de temas no jerarquizados, relegados sistemáticamente por un Estado desertor que nunca invirtió seriamente en ellos. La existencia de una adecuada política para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación productiva y social es uno de los principales componentes del ineludible giro político y social que emprendió el Uruguay. En el mundo actual la discusión más estratégica gira en torno a la sociedad del conocimiento -educación, investigación, información e innovación-; y ello es así porque la producción de conocimientos y su incorporación a la vida social se han convertido en el factor central para un desarrollo incluyente, competitivo y sustentable. El último y voluminoso Informe sobre las Inversiones en el Mundo de la ONU (2005), mide la capacidad de innovación y ubica en los últimos lugares a América Latina. Es patético.

La innovación tecnológica constituye, en particular, un factor clave del que dependen los objetivos de crecimiento productivo y de generación de empleo, la resolución de los problemas sociales críticos, y la propia reforma de un Estado como el uruguayo, tan noble como extremadamente envejecido.

 

Desafío de la calidad en Educación e Investigación

¿Qué respuesta hemos dado? Si se mira al país a largo y mediano plazo, la inversión en educación definida en el Presupuesto es seguramente una de las más importantes   si no la más importante   en materia social y económica. Y si la mirada se realiza desde la ciencia, la tecnología y la innovación, podemos afirmar que la inversión educativa constituye un prerrequisito indispensable para una política exitosa.

El presupuesto, ley fundamental del período de gobierno, tomó a la educación como una de sus prioridades y la enseñanza en todos sus niveles tuvo incrementos sustanciales. El deterioro de la educación no es solamente económico; su nivel no mejorará mecánicamente por tener mayores rubros, pero sin una adecuación de los recursos invertidos en ella no podemos esperar mejores resultados. Ahora el desafío se centra en la calidad del sistema. Y estamos muy lejos de lo que demanda y merece nuestra sociedad. Esto respecto a la educación, pero en el presupuesto también se apuesta a la investigación y la innovación través de la asignación de recursos directos y también de la creación de un nuevo organismo capaz de superar la fragmentación estatal.

 

Una nueva institucionalidad para la Innovación

Todo lo concerniente a ciencia, tecnología e innovación estaba fuertemente afectado por la fragmentación y el consecuente feudalismo, con numerosos organismos que operaban sin mayor coordinación, ni jerarquización de los objetivos de acuerdo a un Plan Estratégico. Para modificar esta realidad, primero se creó el Gabinete Ministerial de la Innovación, organismo de primer nivel político, encargado del diseño y la coordinación de toda la acción en la materia, el que a su vez designó a un Grupo Operativo de primer nivel.

En el presupuesto (artículo 256) se creó la Agencia Nacional de Innovación (ANI), con el cometido de organizar y administrar instrumentos y medidas para la promoción y el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología, promoviendo la coordinación interinstitucional en forma transversal, articulando las necesidades sociales y productivas con las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. El mismo artículo establece que en un plazo de 180 días de promulgada la ley, el Poder Ejecutivo remitirá una iniciativa legislativa que establecerá la naturaleza jurídica de la ANI, regulará las bases de su funcionamiento orgánico y desarrollará sus cometidos. El plazo vence en tres meses.

Con una adecuada coordinación interministerial para decidir las grandes orientaciones políticas y estratégicas, con un órgano consultivo, de iniciativa y control del mayor nivel e integración multiactoral en el que participen la academia, la sociedad civil, el sector privado y el público, y con una agencia específica para la gestión, con el carácter de institución pública descentralizada, flexible y de referencia -y no mera dependencia, desdibujada en el interior de un ministerio- el marco institucional resultará mucho más adecuado que el actual.

 

Sociedad de la información y gobierno electrónico

Hasta el presente tampoco ha existido en este país un referente fuerte, reconocido y común en materia de sociedad de la información. Prueba palmaria de nuestro atraso y marginalidad mundial. Sin embargo, por el artículo 72, el Presupuesto también creó la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico que funcionará con autonomía técnica y se comunicará con el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El objetivo de esta agencia será procurar la mejora de los servicios del ciudadano, utilizando las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones. El gobierno electrónico integra sus cometidos y es parte de otro gran tema, recurrente en todas las administraciones post-dictadura: la reforma del Estado. En estos últimos veinte años, el Uruguay lleva mucho dinero invertido en ella. Sin embargo tuvo como resultados más frustraciones que logros.

Pero la búsqueda de un Estado moderno y eficiente es también un objetivo central del gobierno progresista. Debe serlo, porque es hora de ingresar, también en la gestión administrativa, al siglo XXI. Un Estado moderno y eficiente es un Estado superior; con mejores y más universales servicios al ciudadano y con menores costos. El Estado debe transformarse y realmente ser el escudo de los débiles, dando respuesta a las necesidades sociales sin transformarse en un laberinto burocrático indescifrable y temible para el simple ciudadano. En este año 2006 los resultados de las nuevas iniciativas deberían estar arriba de la mesa y con amplia visualización pública. El plazo para una Rendición de Cuentas que incorpore la reforma administrativa y el gobierno electrónico como uno de sus instrumentos también vence en tres meses.

 

El Uruguay Innovador en marcha y sin conformismos

La semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en dos seminarios vinculados a estos temas. Uno, el Taller de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Estación del INIA en Las Brujas organizado por el equipo operativo del Gabinete de la Innovación con el apoyo del Banco Mundial, y el otro de Políticas Públicas para el Gobierno Electrónico organizado por Lacnic con el auspicio del MEC y la Embajada Británica. Ambos contaron con calificados panelistas nacionales e internacionales y significaron una interesante actualización sobre el estado de situación de dos asuntos que, más allá de sus especificidades, presentan amplias áreas de convergencia técnica y problemas comunes, como las inercias culturales y la fragmentación estatal que es preciso vencer. Para superar estos bloqueos es necesario un corte transversal que vincule a los diversos -y dispersos- actores institucionales públicos, una participación académica y ciudadana que consolide los avances obtenidos y estimule nuevos logros, y un involucramiento del sector privado en las líneas de trabajo prefijadas. Sin innovación i
nstitucional y sin participación amplia de actores no hay cambio posible en profundidad. Las agencias que se van a crear deben ser en verdad nuevas y dinámicas. A principios del siglo XXI el gobierno frenteamplista no debe reiterar la lógica del batllismo de la primera mitad del XX, titulada brillantemente por Carlos Real de Azúa como El impulso y su freno. Hoy la conclusión es altamente positiva: se están haciendo cosas importantes y podemos afirmar que el Uruguay Innovador está en movimiento. *

(*) Senador de la República