Agua y saneamiento, derechos humanos fundamentales

En su mensaje Arana dijo que en octubre de 2004 se plebiscitó la reforma del artículo 47 de la Constitución uruguaya determinando que «el agua es un recurso natural esencial para la vida». Y que «el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales».

A fines de este siglo pasado -subrayó a continuación- y como parte de una política neoliberal de privatización de los servicios públicos, se instalaron dos empresas privadas que atendieron las zonas turísticas más ricas del departamento de Maldonado, las que se sumaron a diversas empresas y cooperativas de abastecimiento de agua potable a pequeñas poblaciones.

Durante el primer año del nuevo gobierno instalado hace ahora un año en marzo de 2005, se instrumentó la estatización de la mayor empresa del departamento de Maldonado -informó Arana- y la compra del 60% de las acciones de la segunda empresa, por lo cual a la fecha de hoy podemos decir que más del 99% de los servicios de agua potable y saneamiento están servidos por el Estado uruguayo.

En consecuencia -enfatizó- se ha cumplido la decisión de nuestro pueblo al votar la reforma constitucional, asegurando que «la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico», tal cual lo plantea el nuevo artículo 47 de la Constitución.

Las inversiones que el Estado ha realizado en los últimos 50 años, a través del ente estatal, (Obras Sanitarias del Estado), permiten que hoy más del 93% de la población tenga el servicio de abastecimiento de agua potable. Por otra parte el servicio de saneamiento cubre más del 60% de la población urbana, lo cual incluye la casi totalidad de las ciudades de más de 30.000 habitantes en el Uruguay, afirmó Arana. Señaló luego que la ciudad de Montevideo, capital de nuestro país, en los últimos 15 años instrumentó tres etapas del Plan Maestro de Saneamiento, que en su cuarta etapa (en los próximos años) incorporará las ciudades dormitorio del área metropolitana. Para la instrumentación amplia de la reforma constitucional, en lo que respecta a las aguas en general y a las políticas de inversión y de tarifas en los servicios de agua potable y saneamiento, el Poder Ejecutivo propuso que en nuestro Ministerio se cree una nueva Dirección Nacional que atenderá, la formulación de las políticas nacionales de aguas y saneamiento. Es así que a partir del primero de febrero del presente año, con la creación de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (Dinasa) se formaliza una instancia de coordinación de todas las políticas en aguas hoy ejecutadas en el país.

Las mismas se instrumentarán con los criterios también incorporados en la reforma constitucional: la participación de los usuarios y la sociedad civil, y la coordinación de los diversos actores bajo el concepto de un manejo del recurso agua según las cuencas hidrográficas e integrado en el ciclo hidrológico. Un uso importante del agua es a través de la producción de energía eléctrica, donde cuatro centrales hidroeléctricas (una de ellas compartida con Argentina), representan el 91% de nuestra matriz de generación energética.

Consignó finalmente Mariano Arana en su mensaje que la política de aguas, en un manejo integrado del recurso, tendrá en cuenta el ordenamiento del territorio y el medio ambiente, y muy especialmente se basará en un fuerte incentivo a un mejor conocimiento de nuestros principales cuerpos de agua y del ciclo hidrológico en general. *